El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes una movilización de 200.000 millones para hacer frente al descalabro económico del coronavirus. La cifra fue recibida con alegría por la Bolsa, que subió un 6,4% tras la comparecencia.
De los 200.000 millones, dijo Sánchez, 117.000 correrán íntegramente a cargo del Estado y el resto se complementarán con recursos privados. Y de los 117.000, 100.000 recaerán en una línea de avales para garantizar la liquidez de las empresas y evitar una crisis de crédito. Eso significa que empresas y autónomos pueden pedir créditos “para atender sus necesidades derivadas de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras u otras necesidades de liquidez” y que será el Estado quien asuma el riesgo.
Aunque la de los avales sea la medida más importante (por cuantía) del anuncio, el detalle de cómo se ejecutará no aparece aún en el Boletín Oficial del Estado. El real decreto no detalla las condiciones o requisitos necesarios para acceder a ellos: ni si han de ser empresas afectadas por la crisis ni si deben comprometerse a mantener el empleo. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, los detalles se están estudiando con Europa para que no choquen con la normativa de ayudas de Estado. Las condiciones llegarán en otro Consejo de Ministros.
Economistas como Matilde Mas, catedrática de análisis económico de la Universidad de Valencia, consideran fundamental conocer cómo se va a ejecutar. “Ahí está la pregunta del millón”, decía ayer Mas tras el anuncio a eldiario.es. “El aval es para cubrirte los los riesgos y el Estado se hace cargo. ¿Cómo se van a avalar las operaciones? ¿Quién puede acceder a eso?”. Mas también reconocía que su efectividad dependerá de la tesorería de la empresa, porque para pequeños negocios que van al día y que este parón de ingresos supone un gran agujero en las cuentas, un crédito solo supondrá endeudarse a largo plazo y retrasar el problema. “Es lo que las pymes llaman una eutanasia controlada. Se matan sin dolor”.
Desde el Consejo General de Economistas, valoran positivamente las nuevas líneas de financiación y consideran que “sería importante dejar muy claro el procedimiento de obtención de esos avales” porque “no pueden entrar en un comité de riesgos al uso, si no tener en cuentas las circunstancias excepcionales de esta crisis”. Asimismo, consideran que esos avales deben ser para financiación que permita: hacer frente a los impagados ocasionados por el coronavirus, permitir que se pueda pasar deuda de corto plazo a largo plazo y opción de dinero 'nuevo' para seguir operando, no solo para cancelar impagados con el banco. Es decir, que el aval no tenga como objeto únicamente refinanciar deudas.
El decreto también amplía el límite de endeudamiento del Instituto de Crédito Oficial, que tiene varias líneas de crédito habilitadas para empresas y autónomos. En los Presupuestos Generales del Estado de 2019 el límite queda fijado en 5.900 millones. Con este real decreto, se amplía a 10.000. El organismo será el encargado de adoptar “las medidas precisas” para flexibilizar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito de las empresas.
Esta medida se suma a la ya aprobada la semana pasada, por la que se amplió la línea de crédito de los afectados por la crisis de Thomas Cook, aprobada el pasado verano con fondos de 200 millones de euros. Aunque Sánchez vendió la del Covid-19 como una nueva línea de 400 millones de euros, la realidad es que era un aumento de 200 millones sobre la de Thomas Cook. De hecho, ahora la línea se llama ICO Covid 19/Thomas Cook.