Crecimiento económico menguante, incertidumbre internacional y autonomías infrafinanciadas enmarcarán la próxima convocatoria electoral

Las próximas elecciones generales, que con casi total probabilidad se celebrarán el 10 de noviembre, van a tener lugar en un contexto económico cada vez menos optimista. Hace solo dos meses, el pasado julio, Nadia Calviño anunciaba que elevarían sus previsiones de crecimiento del PIB para este año por encima del actual 2,2%. Pero a principios de septiembre, la ministra de Economía en funciones evitaba confirmar que se fueran a cumplir sus propios pronósticos en este sentido.

Lo que ha pasado entre medias es, entre otras cosas, que dos de nuestros principales socios comerciales, Alemania y Reino Unido, pueden entrar en recesión (con un Brexit sin acuerdo diez días antes de las elecciones españolas), y que EEUU y China amenazan con arrastrar a una crisis al comercio mundial por su guerra de aranceles. Un reciente ataque a instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí ha elevado los precios del petróleo, aunque el anuncio de que el reino asiático puede restablecer antes de lo previsto sus niveles de producción ha desinflado el pico.

En estos momentos en España la coyuntura económica está lejos de asimilarse a los peores años de la crisis. Todavía hay un desempleo elevado, del 14%, pero queda distante del 25% de paro que alcanzamos en 2012. Por otro lado, aunque el INE acaba de revisar a la baja el crecimiento económico experimentado desde 2016, España sigue duplicando los datos de incremento del PIB del conjunto de la UE y es uno de los socios que más está tirando del carro de la economía europea.

Entre las debilidades del país se encuentra una deuda pública cercana al 100% del PIB. Por eso está en el grupo de las naciones a las que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, recomienda no elevar el gasto público, sino asegurar el recorrido de los estabilizadores automáticos (las partidas que aumentarían en caso de recesión) tales como el subsidio de desempleo. Como viene ocurriendo desde hace varios años, el BCE es la institución encargada en Europa de tratar de compensar el frenazo de la economía con una política de bajos tipos de interés, aunque ya advertido de que se le acaba la artillería y que los países deben tomar medidas.

En semejante contexto, España se precipita hacia las cuartas elecciones en cuatro años. Que al PSOE le iba a tocar lidiar con un ciclo económico más adverso que los últimos ejercicios de sus antecesores del PP era algo que se preveía desde hace más de un año. Pero el panorama se ensombrece más, afirman los analistas consultados, por el hecho de prolongar al menos cinco meses más la interinidad de un gobierno que lleva en funciones desde el pasado 29 de abril.

Tanto el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, como el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avisaron este miércoles de que “las situaciones de inestabilidad política no son buenas para los mercados ni para la economía”. Los responsables de las instituciones económicas recalcan que “cuanto antes” se resuelva la situación política del país “más favorable será la evolución económica” y esperan que tras las elecciones haya un gobierno “con capacidad” para introducir reformas.

El actual gobierno en funciones no puede adoptar medidas más allá de las de trámite. Por ello, las comunidades autónomas, encargadas de políticas como la sanidad, la educación y la dependencia, siguen estando entre las principales perjudicadas de esta situación: la ausencia de gobierno y la prórroga presupuestaria posterga la transferencia de 7.200 millones de euros a las arcas autonómicas. Según la CEOE, esto ya está provocando retrasos en el pago a proveedores. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que antes de 2020 se enviará “tesorería adicional” a las comunidades. Y espera que en febrero o marzo comience la tramitación de unos nuevos presupuestos.

Por su parte, la ministra de Economía reconocía en un foro hace dos semanas que para los inversores internacionales “el tema que siempre señalan como elemento de duda es precisamente la falta de una perspectiva de estabilidad política para los próximos años”. Y en la última sesión de control al Gobierno en en el Congreso, este miércoles, ha admitido que este otoño va a ser “muy complicado” en términos económicos, al tiempo que ha pedido al PP (que está aprovechando para culpar a los socialistas más que al entorno internacional de lo que podría ser preludio de un cambio de ciclo) que evite “alarmismos” y “sobrerreacciones”.

Presupuestos prorrogados, desigualdades sin resolver

Para la profesora de Economía de la Universidad Jaume I Mariam Camarero, el mayor problema que está causando la falta de Gobierno es la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. “En 2019 estamos viviendo con el aprobado para 2018”, diseñado por el ministro Cristóbal Montoro, “con unas perspectivas de crecimiento, inflación y déficit público completamente distintas”, recalca.

Además, en el mes en curso la Unión Europea exige tener preparado un borrador de presupuestos siguiendo las recomendaciones del Semestre Europeo. Teniendo en cuenta que el PIB creció en 2018 menos de lo esperado, a su juicio hay un “riesgo alto” de volver a entrar en el protocolo de déficit excesivo, del que España salió este mes de junio tras una década.

La interinidad del Gobierno en semejante contexto no es tampoco una buena noticia para la responsable de Políticas públicas y desigualdad de Oxfam Intermón, Liliana Marcos. “Cuatro o cinco años de recuperación no han servido para hacer los deberes, ni se han redistribuido los ingresos ni se han tomado medidas para evitar una nueva crisis”, indica.

Recuerda que el ejecutivo en funciones no puede elevar el salario mínimo interprofesional (smi), una medida que a su juicio sería positiva no solo para los ciudadanos con menos ingresos, sino para animar el consumo y la demanda agregada, como se demostró –afirma– con la anterior subida a 900 euros.

Pero además, en su opinión debería haberse aprovechado la recuperación y el crecimiento económico para implantar en España un sistema de garantía de rentas, que es el que garantiza en otros países europeos que una familia sin ingresos (medio millón de hogares en España, calcula) cuentan con la red de protección del estado.

En España se da un “heterogéneo” y “desordenado” mapa de ayudas estatales y autonómicas que a su juicio no son una verdadera solución para “miles de familias” y para los 4,2 millones de personas que viven en situación de pobreza severa, por más que en lugares como el País Vasco y Navarra funcionen, asegura, especialmente bien.

¿Cómo podrían financiarse estas redes de protección, que según la AIReF reducirían cuatro puntos los índices de desigualdad en España? A juicio de Marcos, elevando la presión fiscal, que en este país sigue unos 80.000 millones de euros anuales por debajo de la media europea (34,5% del PIB frente al 41,4%, según Eurostat). La ausencia de Gobierno impide llevar a cabo iniciativas anunciadas como un impuesto a las transacciones financieras o a determinados servicios digitales.

Sin embargo, para el técnico de Hacienda y escritor Ricardo Rodríguez la próxima campaña electoral podría venir marcada por una sucesión de “subastas a la baja” en las propuestas de recaudación de impuestos, teniendo en cuenta los programas de los partidos de la derecha que defienden que bajar más la presión fiscal es bueno para la economía.

“En este momento, y en lo referente a la política fiscal, más que una política expansiva me parece esencial concentrarse en la redistribución de renta y la reducción de desigualdades. En nuestro país en particular, las desigualdades no son sólo socialmente injustas sino económicamente letales”, incide Rodríguez. Recuerda que uno de los componentes del diferencial de presión fiscal con los países de nuestro entorno es la escasa recaudación en IRPF y cotizaciones sociales “por la precariedad laboral y la escasez de salarios”. “Pero, claro, esto hace urgente reformas laboral y fiscal simultáneas que un Gobierno en funciones no puede acometer”, afirma.

Para la profesora de Derecho Financiero y Tributario de la URJC Mercedes Ruiz Garijo “son tiempos de incertidumbre absoluta y la fiscalidad no se salva”. Recalca que tanto las previsiones de nueva recesión económica como las promesas electorales de rebajas fiscales, “que desde los partidos de la derecha se repiten a modo de mantra”, señala, auguran malos tiempos para la financiación autonómica y para la recaudación, en general, de los ingresos necesarios para que funcione todo el aparato del sector público.

“Malos tiempos para los nostálgicos que echamos de menos el Estado de bienestar y que confiamos que la auténtica salida a la crisis económica era un reforzamiento de los servicios públicos. No lo ha sido ni lo va a ser, me temo, en los próximos años”, concluye la profesora.