Cruces de correos electrónicos para preparar propuestas técnicas de centenares de folios en los que “el contenido es idéntico”: mismos textos, idéntica tipografía, las mismas fotos… Ofertas que elaboraba una empresa y que luego sus supuestas competidoras se limitaban a copiar poniendo sus logos, con alguna llegando a equivocarse en el copia-pega.
Son algunas de las pruebas recopiladas por la Agencia de la Competencia y Regulación Económica de Andalucía (ACREA) para imponer sanciones de 5,3 millones de euros a Urbaser, el gigante español de la limpieza viaria y la recogida de basuras, y a Eiffage, una de las mayores constructoras francesas, por manipular contratos públicos de mantenimiento de carreteras licitados por la Junta de Andalucía en 2020.
Ambas formaban parte de un cártel desmantelado el pasado 4 de mayo que, según esta entidad, tuvo “unos efectos muy nocivos para el interés general”. Como avanzó elDiario.es, la agencia impuso en total 5,78 millones en multas a cuatro empresas y una persona física por infracciones muy graves prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia.
La ACREA acaba de publicar la resolución que dictó hace ya cuatro meses, y que detalla la operativa del cártel. La entidad dice en ese documento que no ha “encontrado evidencias” de que las empresas hubieran contactado entre sí antes de publicarse las licitaciones que luego se repartieron a partir de mayo de 2020, con España confinada por la pandemia.
Pero sí considera “plenamente acreditado” que la pyme andaluza a la que señala como la líder del cartel, Coralsur Mantenimiento, “mantuvo relaciones bilaterales” con Eiffage o Urbaser “llegando a particulares acuerdos con cada una de ellas con respecto a su participación en las licitaciones promovidas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, con la finalidad de falsear la competencia”.
Como prueba de esas prácticas ilícitas, el documento recopila correos electrónicos con las ofertas enviadas por Wetransfer a Eiffage; mails en los que las sancionadas se intercambiaban las ofertas “en formato editable porque faltan los datos de la empresa” o un correo que un técnico de Coralsur remite el 26 de mayo de 2020, tras publicarse las licitaciones, a dos responsables de Urbaser y a Eiffage “para poder preparar las ofertas de poda y desbroce”, con copia al administrador único de Coralsur, Alejandro Jesús García Castro, sancionado a título personal con 10.000 euros.
El resultado es que las empresas presentaron propuestas en las que “el contenido es idéntico”. Y no es “un episodio aislado”, sino que se repite “de forma constante en las ofertas técnicas presentadas por todas las empresas”, dice la ACREA.
En ocasiones, con chapuza mediante. En un párrafo de una oferta técnica que presentó la otra empresa sancionada, El Ejidillo, Viveros Integrales SL, incluía por error una frase en la que indicaba que “Urbaser [no El Ejidillo] tiene implantado un sistema de gestión medioambiental que constituye el marco necesario para orientar a la organización a alcanzar y mantener el funcionamiento conforme a metas establecidas en cuanto a medidas medioambientales”.
Esa errata, dice la agencia en su resolución, “refuerza la conclusión” de que El Ejidillo “solo intervenía en el procedimiento de contratación de forma aparente, limitándose a suscribir los documentos que le había preparado Coralsur Mantenimiento, SL, sin revisar siquiera los posibles errores en que esta última entidad hubiera podido incurrir en su redacción”. Por lo que es “probable” que El Ejidillo “hubiera partido del texto destinado a Urbaser, SAU, y que en su labor de sustitución de una denominación social por otra omitiera ese cambio”.
Algo similar ya ocurrió en otro cártel que funcionaba de forma paralela formado por otras seis empresas, encabezadas por la andaluza Alvac, y que fue destapado en julio. En este caso, las empresas multadas también presentaban ficheros word prácticamente idénticos en sus ofertas técnicas a la Junta. Solo cambiaban los logos de cada compañía y no se molestaban en modificar las propiedades de los documentos ni corregir erratas comunes como “característcas”, “circunstacias” o “duracción”.
Como explica la agencia en la resolución del expediente de Urbaser y Eiffage, los pliegos de la Junta no imponían un modelo determinado para presentar las ofertas técnicas: “Cada empresa es libre para formularla en los términos que estime conveniente. Lógicamente, ello debería dar lugar a múltiples tipos de ofertas técnicas, siempre que se respete el contenido mínimo exigido”.
“Sin embargo, la lógica de la diversidad se quiebra en las ofertas técnicas presentadas por El Ejidillo Viveros Integrales, SL, Eiffage Infraestructuras, SAU y Urbaser, SAU, en las que se aprecia una identidad absoluta en gran parte de las mismas”.
En las de la UTE formada por Coralsur y Licuas, “la completa identidad se ve únicamente alterada por el cambio de fotografías y una distinta composición del documento, pero se mantiene el mismo texto con modificaciones esporádicas de una palabra o una expresión”.
En el caso de Urbaser, “la redacción de la oferta técnica (sobre 2) y la oferta económica (sobre 3)” fue “realizada en su integridad por Coralsur”, sentencia la ACREA. “Es más, esos textos fueron los empleados por esta última entidad para confeccionar los documentos que tuvieron como destinatarios a El Ejidillo Viveros Integrales SL y Eiffage Infraestructuras, SAU”.
Respecto a esta última, “cada uno de los documentos integrantes de las ofertas”, es decir, la documentación de los sobres 1, 2 y 3, “fue realizada en su integridad por Coralsur Mantenimiento SL” y no por la multinacional francesa.
El resultado es, por ejemplo, una licitación en la que “se constata una identidad absoluta en 113 páginas entre la oferta técnica hallada en poder de D. Alejandro Jesús García Castro en la inspección realizada a Coralsur Mantenimiento, SL, y la oferta técnica presentada a la Consejería a nombre de Eiffage Infraestructuras, SAU. También se ha constatado en este caso que la oferta técnica fue redactada a partir del texto preparado para Urbaser, SAU”.
Con estas prácticas ilegales, las empresas sancionadas se repartieron el mercado de mantenimiento de carreteras para influir en el precio de seis concursos cuyo importe, más de 10,2 millones de euros, supone casi un 6% de las licitaciones que lanzó para este tipo de trabajos la Junta en 2020.
El expediente fue incoado tras una denuncia de la empresa Seanto en febrero de 2021 contra la Consejería andaluza de Fomento y más de una decena de empresas, entre ellas filiales de Elecnor o Licuas. El denunciante, tras solicitar los expedientes de adjudicación, había podido “comprobar que no solo las empresas licitadoras habían presentado la misma oferta en cada uno de los contratos”, sino que sus ofertas técnicas eran “muy similares entre sí, cuanto no idénticas en algunos casos”.
En el caso de Urbaser, la agencia acordó incluirla en la investigación en mayo de 2022. La multa que llegó a proponer la Dirección de Investigación para esta compañía fue de 7,58 millones, que habría sido la mayor de la historia de la ACREA. Sin embargo, finalmente, la multa a la empresa que pilota Fernando Abril-Martorell, expresidente de Indra e hijo del exministro de la Transición, quedó rebajada a la mitad.
La conclusión de la ACREA es que los cárteles intercambiaban información “en secreto para crear una ficción de independencia, cuando en realidad actuaban de forma coordinada” con Coralsur, multada con 211.438 euros, “para que esta entidad les elaborase sus respectivas ofertas” y así “falsear la competencia”. Los cárteles operaron en las ocho provincias andaluzas entre finales de mayo o principios de junio de 2020 y el 5 de octubre de 2021.
La sanción lleva aparejada la inhabilitación para obtener contratos de poda de setos arbustivos en medianeras y de control de vegetación en márgenes por parte de la Junta. A Urbaser, pese a recibir la mayor sanción económica, le ha correspondido un veto de solo tres meses, frente a los dos años de Coralsur y los seis meses de las otras dos sancionadas. La Dirección de Investigación pedía dos años de veto para Coralsur y un año para el resto de infractoras.
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