Deliveroo ha respondido al macrojuicio que se está celebrando este viernes en Madrid y que afecta a más de 500 repartidores, tras demanda de oficio de la Seguridad Social, con una acusación de parcialidad a la Inspección de Trabajo por presiones políticas, desde el Gobierno, y mediáticas.
El abogado de la multinacional demandada, Román Gil, del bufete Sagardoy, ha señalado directamente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por posicionarse públicamente en una entrevista de El País sobre el conflicto laboral en estas plataformas, y al Gobierno y al Ministerio de Trabajo por ejercer una “presión enorme” en este debate sobre el modelo laboral de estas compañías.
Sin embargo, en el momento en el que tiene lugar la investigación de la Inspección, así como en el momento de publicación de esa acta de liquidación, el Ejecutivo estaba en manos del PP y el presidente no era Sánchez, sino Mariano Rajoy.
El juicio ha comenzado con retraso esta mañana y, tras un receso de media hora, se ha retomado durante la tarde para analizar las pruebas que han presentado las partes. Por un lado, Deliveroo y varios trabajadores (vinculados a la asociación afín a la multinacional, Aso Riders) rechazan la demanda de la Administración y defienden el modelo laboral de la empresa, basada en mensajeros autónomos.
Por otro lado, la Tesorería General de la Seguridad Social, los sindicatos UGT y CCOO y unos 80 repartidores (personados con la representación de UGT, el bufete Colectivo Ronda, CNT y la Intersindical) sostiene que la relación que existe entre las partes es laboral y, por tanto, que la multinacional de repartos a domicilio tiene falsos autónomos para prestar su actividad.
“Una sombra de sospecha obvia”
La defensa de Deliveroo se ha sustentado, además de en los argumentos habituales de flexibilidad y autonomía de los mensajeros, en poner en duda la investigación de la Inspección de Trabajo, que concluyó en Madrid (y en varias ciudades más) que los repartidores de la plataforma son falsos autónomos.
El abogado Román Gil ha afirmado que, dada la “presión enorme” a favor de la laboralidad de parte del presidente del Gobierno y el Ministerio de Trabajo, existe “una sombra de sospecha obvia” sobre la posible parcialidad de la autoridad laboral en su investigación, ya que ha recordado que es un órgano administrativo dependiente de Trabajo. Según el letrado, “parece que andaba a la búsqueda de un resultado determinado”.
Las partes a favor de la demanda de la Administración han puesto en valor el trabajo de la autoridad laboral y han recordado que su informe tiene “presunción de veracidad” y que es la empresa la que debe demostrar que son falsas sus conclusiones.