Las cuentas de OHL no están claras. Al menos así lo entiende la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Mexicana (organismo similar a la CNMV española) que ha impuesto a la filial mexicana de la constructora española, a dos de sus subsidiarias y a seis directivos (que no han sido identificados) una millonaria multa de 71 millones de pesos (3,6 millones de euros). El motivo de esta “sanción administrativa” son las discrepancias en el criterio contable de sus activos mexicanos y a que “la información suministrada era inconsistente con los niveles de tráfico registrado en las autopistas que gestiona en ese país”.
Tras conocerse la noticia, el 28 de marzo, las acciones de OHL se dispararon un 8%. No es que los inversores estuvieran encantados con que OHL haya recibido la segunda multa más alta de la historia del regulador mexicano. La euforia derivaba en que ese era el mejor de los escenarios. La compañía presidida y controlada por el exministro Juan Miguel Villar Mir había esquivado algo mucho peor, ser acusada de fraude o dolo en sus actuaciones, tal y como anunció la propia empresa en un hecho relevante comunicado al regulador de los mercados españoles (CNMV).
No queda tan claro que esa euforia empresarial y bursátil vaya a ser duradera. El motivo de este conflicto es complicado, tiene peligrosas ramificaciones y, según la prensa mexicana, está lejos de haber terminado. “Estamos conscientes de que este asunto ha tomado una dimensión que trasciende lo bursátil, pero eso no es de la competencia de la CNBV”, aseguraba el vicepresidente de Supervisión Bursátil de la CNBV, Eduardo Flores, en declaraciones recogidas por el diario El Economista de México horas después de conocerse la multa.
Lo que se limitó a denunciar el regulador de los mercados mexicanos es que OHL México se está anotando como ingresos seguros unas cantidades (que se denominan rentabilidad garantizada) que según su interpretación carecen de esa seguridad. Un cambio contable de este calibre puede tener implicaciones no solo en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía, sino también para los propietarios de bonos que ha emitido contra la garantía de esos ingresos. E, incluso, para los accionistas, ya que el regulador mexicano considera que OHL está facilitando información errónea a los inversores.
La sanción a Deloitte
La advertencia no es nueva. En enero, Deloitte, una de las auditoras de la compañía, ya fue multada con 4,2 millones de pesos (212.000 euros) por irregularidades en su verificación de las cuentas de OHL. En febrero, la agencia de calificación de riesgos Moody's rebajó el rating a la constructora española, entre otros motivos, por las dudas de su actividad en México. Moody's llegó a advertir que sin contar estos ingresos dudosos de la rentabilidad garantizada, la deuda de la compañía asciende al doble de lo que indica la contabilidad oficial. Considera que el 55% del beneficio antes de impuestos (ebitda) de OHL no está en efectivo debido a la capitalización que hace de los beneficios obtenidos en sus concesiones en México.
Esto significa que de los 967 millones de ebitda (el beneficio operativo) registrados en sus cuentas del año pasado, 531 millones podrían desaparecer si se aplica el criterio de Moody's y la CNBV. Esto, según la agencia de rating, duplicaría el endeudamiento de la compañía española hasta 9,3 veces su ebitda (Abengoa, ahora en preconcurso de acreedores, tenía una deuda de 7,3 veces). OHL insiste en que el informe por el que se rebaja su rating no dice que los ingresos no existan sino que no son líquidos. De imperar el criterio establecido por la CNBV, también estarían en riesgo al menos cinco emisiones de deuda, garantizada con estos ingresos, emitidas entre 2013 y 2015 por valor superior a los 1.500 millones de euros.
Sergio Hidalgo, máximo directivo de OHL en México, ha asegurado que “los ajustes no tendrán impacto alguno en la situación financiera” de la fililal. Una discrepancia que será ratificada en breve, puesto que esta sanción además del coste económico exige a la OHL que presente en sus próximas cuentas las diferencia entre ambos criterios contables. Fuentes de la empresa en España aseguran que sus “criterios contables están avalados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores española (CNMV) y por todas las grandes auditoras”. Aseguran no entender el motivo por el que el regulador mexicano tiene otra interpretación, aunque insisten en que “no se les ha obligado a cambiar su criterio contable, solo se les ha pedido que informen del resultado con ambos criterios”.
Culebrón mexicano
Culebrón mexicanoLa compañía presidida por Villar Mir ya dedicaba espacio en su última presentación de resultados a explicar este asunto. Insistía en que este es un caso de acoso empresarial por parte de Infraiber, la empresa mexicana que debe auditar la actividad en las autopistas de la española en ese país. De hecho, OHL ha interpuesto una denuncia penal y una demanda civil contra esa compañía.
La sanción de la CNBV es solo el último episodio del particular culebrón mexicano del que está siendo protagonista OHL. Porque sobre el brazo mexicano de la constructora española no sólo recaen dudas contables. También se cuestiona la fiabilidad de los datos aportados sobre la actividad y el tráfico en sus autopistas. Unos datos clave para sus ingresos.
Desde su aterrizaje en México en 2003, OHL ha conseguido la concesión de un aeropuerto y 7 autopistas entre las que destaca por tamaño y beneficios el Circuito Exterior Mexiquense que rodea la capital federal. En esos contratos se contempla que OHL recibirá a cambio de sus inversiones una rentabilidad garantizada que supone el 100% de la inversión y alrededor de 50 céntimos por cada coche que transite por ellas.
A esto es a lo que se refiere la multa cuando habla de “Rentabilidad Garantizada”. Su tratamiento contable está recogido en las normas internacionales de información financiera, que indican que la rentabilidad garantizada puede contabilizarse como un activo financiero (lo que implica seguridad de cobro) o como un activo intangible (cobrarlo depende de otras variables). Así, un activo financiero solo puede ser contabilizado como tal si se tiene un derecho contractual incondicional a recibir efectivo o otro activo financiero de quien le otorga la concesión.
En el caso de OHL, la constructora lo considera activo financiero puesto que tiene el aval del Estado que le adjudicó la concesión. Considera que, pase lo pase, el Gobierno de México abonará esos ingresos esperados. Y por eso contabiliza todos los años la diferencia entre rentabilidad real de sus concesiones y rentabilidad garantizada como si fueran ingresos efectivos. (Otros Ingresos).
Mientras, la interpretación que hace el regulador de los mercados mexicanos considera que la empresa no goza de esos derechos incondicionales. Entre otras cosas, porque esto implicaría que el Estado de México (región que rodea a la capital D.F.) debería hacer frente a ese abono y eso lo dejaría en situación de quiebra. La inversión asociada al Circuito Exterior Mexiquense, unos 3.400 millones de euros, equivale a toda la deuda actual del Estado de México.
El origen de estas discrepancias viene de lejos. En 2013, las autoridades del Estado de México licitaron un concurso público para contratar a una auditora externa que verificara, entre otras cosas, el tráfico real de esas concesiones. Hasta ese momento, esa tarea la hacía la misma OHL.
Infraiber fue la adjudicataria y poco después comenzó la guerra. Los representantes de Infraiber denunciaron a OHL por impedir la colocación de sus herramientas de medición en las autopistas, lo que les impedía realizar su trabajo y, por lo tanto, cobrar por ello al menos 2.100 millones de pesos (algo más de 103 millones de euros). Además, denuncia que OHL ha continuado recibiendo dinero público que debería destinarse a pagar a Infraiber y “OHL no ha explicado dónde están los 110 millones de pesos (unos 6,4 millones de dólares) que ha cobrado desde 2013 a los conductores que pasan por el Circuito Exterior Mexiquense por un servicio que se niega a instalar”, aseguró Paulo Diez, abogado de la compañía, durante una reciente visita a España.
Los polémicos vídeos
La tensión fue incrementándose. Infraiber ya ha puesto más de 30 denuncias contra OHL. Su punto culminante, el 21 de abril de 2015, cuando se difundieron unos conversaciones entre los directivos de OHL México y autoridades del país que revelan desde acuerdos para cobrar sobre costes en el Circuito Exterior Mexiquense hasta connivencia con las autoridades públicas para conseguirlo. El goteo de vídeos continuó, mientras desde la compañía acusaban a Infraiber de haberlos manipulado y estar detrás de una campaña de desprestigio en su contra.
En la historia, digna de culebrón mexicano, también hay un episodio de detención irregular por parte de la policía. El que sufrió el abogado de Infraiber Paulo Díez en septiembre de 2015. Díez asegura que la policía detuvo su coche y le arrestó durante 48 horas por llevar armas en el momento de la detención, pero que, como demostró la grabación de una cámara cercana, habían sido colocadas en su vehículo por los mismos agentes que le detuvieron. Desde entonces, la lucha de Díez por demostrar la corrupción de OHL se ha vuelto encarnizada. Hasta tal punto que ha viajado a Madrid para iniciar acciones contra OHL en la Fiscalía Anticorrupción. Tras conocerse la multa de la CNBV, el abogado de Infraiber también ha conseguido llevar su caso el Senado mexicano.
OHL reconoce que en este asunto todavía quedan pendiente otras dos investigaciones por parte de organismos mexicanos. Por un lado, el resultado de la auditoría que la Secretaría de la Función Pública (SFP) está realizando sobre la concesión de la autopista Atizapán-Atlacomulco. Y por otro, las que está realizando el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y la Contraloría local al Viaducto Bicentenario y al Circuito Exterior Mexiquense.