El Gobierno opta por reducir la diferencia impositiva entre gasolina y diésel tras descartar la equiparación fiscal
El Gobierno de Pedro Sánchez varía su posición respecto a la fiscalidad de los carburantes. Si a principios del verano la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitía que su departamento estaba estudiando una equiparación impositiva progresiva del diésel y la gasolina, en una semana en la que las principales asociaciones empresariales del automóvil han puesto en marcha una ofensiva en defensa del diésel, el Gobierno abandona la equiparación y en el borrador de la nueva fiscalidad coge peso elevar la imposición al diésel para reducir diferencia con gasolina.
En la fiscalidad de los carburantes tienen la palabra cuatro ministerios. Además de Hacienda, están el ministerio de Transición Ecológica, el de Industria y el ministerio de Economía, donde la ministra Nadia Calviño, como presidenta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, tiene la última palabra para inclinar la balanza ante las desavenencias públicas que se han dado entre las titulares de la cartera ecológica y la industrial, Teresa Ribera y Reyes Maroto respectivamente.
Maroto ha mantenido una apuesta más beligerante contra la subida fiscal del diésel que posteriormente tuvo que rectificar. El pasado 3 de septiembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisaba a preguntas sobre el diésel en una entrevista en la cadena Ser que “todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto”. El mismo día la ministra negó que hubiera sobre la mesa del consejo de ministros un borrador del impuesto al diésel y que todo era “un globo sonda”. Ante la polémica, la llamada de atención de Moncloa provocó la rectificación de la ministra.
No ha sido el único encontronazo. Maroto reiteró el pasado domingo en una entrevista a Europa Press que “no fueron acertadas” las declaraciones de Ribera en las que aseguraba que el diésel tenía “los días contados”. La ministra de Industria insistió en que “todavía no se ha puesto encima de la mesa un posible borrador para ver, con los sectores implicados, la letra pequeña de lo que será el impuesto al diésel” y que la nueva fiscalidad al carburante diésel se analizará junto con el sector del automóvil, con el fin de reducir las emisiones pero que el sector pueda acompasarse a estos cambios.
La presión del sector parece que ha tenido su impacto en la posición del Gobierno. “Adaptación gradual” fue la respuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este miércoles durante la sesión de control al Gobierno ante la pregunta “¿Tiene el diésel en España los días contados?”, que lanzó el diputado del PP Guillermo Mariscal, en la que recordó que el impuesto no afectaría al gasóleo profesional y que se tendría en cuenta que la industria del automóvil es “extremadamente importante” y representa más del 11 % del PIB español.
Ribera detalló que el Gobierno tiene el compromiso de acompañar a la industria en un plazo de dos años “en el plazo de adaptación que permite Bruselas” para “mejorar la movilidad, revisar la fiscalidad, impulsar la electrificación y la revisión de los objetivos de reducción de emisiones”.
“Atacar al diésel en España es atacar a la industria”
Sin embargo, estas declaraciones no han tranquilizado a la industria del automóvil. Desde la entrevista del presidente del Gobierno, las empresas y patronales del automóvil no han parado de lanzar mensajes en defensa del diésel. “Atacar al diésel en España es atacar a la industria del automóvil”, apuntó el director general de Hyundai España, Polo Satrustegui.
El culmen de las quejas empresariales ha llegado el pasado jueves con la Carta abierta del Sector de Automoción a la opinión pública, donde las cinco principales asociaciones de la industria del automóvil Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios), Ganvam (vendedores), Aniacam (importadores) y Sernauto (componentes), aseguraban que el diésel no contamina más que la gasolina, ya que el primero es más eficiente y emite menos CO2. Además, las patronales advertían de que un “ataque” a esta tecnología “ pueden afectar muy negativamente tanto a las inversiones en nuestro país y al empleo directo e indirecto del sector, como a los compradores recientes de estos vehículos diésel, indefensos, que ven cómo pierde valor su inversión de cara al futuro”.
En definitiva, las empresas achacan el problema de contaminación a “los coches más viejos e ineficientes cuya edad media supera ya los 12 años” y lo que le piden al Gobierno son ayudas para renovar el parque automovilístico.
La realidad es que las ventas de los coches con carburante diésel llevan despeñándose desde 2015, cuando empezaron los escándalos sobre el fraude de las emisiones de los motores. Si en 2012 los diésel representaban casi el 70% del parque español de automóviles, en la actualidad representan el 36%. Además, varias ciudades europeas ya han puesto fecha para limitar la circulación de vehículos con este carburante.
A pesar de la presión de la industria, el Gobierno no irá a la equiparación fiscal del diésel con la gasolina pero sí reducirá la diferencia impositiva entre ambos carburantes. La última palabra la tiene la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. Este martes abogó por “volver a lo básico” a la hora de diseñar la política fiscal, frente a las teorías de que a menores impuestos, mayores ingresos fiscales por la dinamización de la economía (una interpretación de la llamada “curva de Laffer”). “Si suben los tipos, sube la recaudación, y si bajan, baja”, zanjó Calviño.
