El Gobierno suspende las reglas fiscales que marcan el déficit para todas las administraciones para este año y 2021

El Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y 2021, tras comunicar la Comisión Europea que extiende para el próximo año también la autorización a los Estados miembros de no estar sometidas a los objetivos de déficit, deuda y gasto público.

Esta ha sido una de las peticiones constantes de los presidentes de las Comunidades Autónomas, que ante los gastos que genera la pandemia y la caída de ingresos por la ralentización económica exigían una flexibilización de las tres reglas fiscales: objetivo de deuda, objetivo de déficit y regla de gasto. La suspensión también allanará el camino en la negociación presupuestaria con partidos como el PNV, ERC o EH Bildu, que recriminaron al Gobierno central su tardanza el aprobar la cláusula de salvaguarda que eliminaba las reglas fiscales cuando la Unión Europea ya lo había hecho.

El Gobierno ya rectificó tras la derrota parlamentaria de la semana pasada sobre el gasto de los ahorros de los ayuntamientos, ante la rebelión de los ayuntamientos Hacienda decidió impulsar un nuevo decreto ley con el que suspenderá la regla de gasto, prolongará la autorización para la inversión del superávit de las entidades locales y calcula que inyectará unos 3.000 millones de euros a los consistorios. Ahora eleva esa suspensión a todas las administraciones públicas.

Montero ha asegurado que el Gobierno hará efectiva esta suspensión cuando el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros el 'techo de gasto' a sus nuevos Presupuestos Generales del Estado y presente la nueva senda de estabilidad presupuestaria para este año y el siguiente, desglosado por sectores.

La titular de Hacienda ha justificado esta decisión para facilitar a todas las administraciones la “capacidad de poner la totalidad de los recursos al servicios de los ciudadanos” y “mantener unas políticas sociales y de estímulo económico que no deje a nadie atrás”.

No obstante, ha dicho que se suspenden las reglas fiscales, pero no la responsabilidad de España para cumplir en el futuro con el Pacto de Estabilidad presupuestaria y financiera. el Gobierno no renuncia a preservar el principio de estabilidad presupuestaria y sigue creyendo en sus beneficios, fundamentales para preservar la sostenibilidad y el futuro del Estado del Bienestar. Por tanto, el Ejecutivo se compromete a seguir reduciendo el déficit público en los próximos años, aunque la prioridad actual es combatir la pandemia, proteger a familias, autónomos y empresas y sentar las bases de la recuperación económica y social.

El Ministerio de Hacienda argumenta que La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla en su artículo 3 que “la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea”.

La Comisión Europea ya aprobó en marzo la cláusula general de salvaguarda que permite saltarse los objetivos de déficit para solventar los gastos en la lucha contra la pandemia, pero Hacienda decidió mantener los objetivos de déficit con la crítica de partidos como el PNV o ERC y las Comunidades Autónomas. Ahora que Bruselas ha decidido mantener dicha cláusula en 2021, el Gobierno ha dado el paso cuando tiene que mejorar el contexto de negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Consecuencias de la suspensión

Esta medida implica que quedan suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2020, así como los fijados para el período 2021-2023 aprobados por las Cortes Generales en marzo y que habían quedado desfasados en la situación actual. A pesar de ello, existirán unos niveles de déficit de referencia que servirán para permitir el funcionamiento presupuestario ordinario de ambos ejercicios, avisan desde Hacienda.

La suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 deben considerarse superados.

La medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos años. Asimismo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las CCAA y EELL para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

Otra consecuencia relevante es que la suspensión de las reglas fiscales permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería para colaborar en la recuperación económica y social de España.

En cualquier caso, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibro de las finanzas públicas.

De hecho, esta suspensión no afecta al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), o en otras normas, no vinculadas directamente con las reglas fiscales. Así, se mantienen en 2020 los términos del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento de las CCAA y ayuntamientos, y se mantienen en vigor las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedores, así como el control de su cumplimiento.