Las eléctricas con participación pública como la que propone Unidas Podemos son tendencia en el mundo desarrollado
Pablo Iglesias no la mencionó en los debates televisivos de esta semana, pero es una de sus propuestas estrella: crear una empresa pública de electricidad para, según ha dicho el líder de Unidas Podemos, “bajar el precio de la luz” y competir “de tú a tú” con las grandes del sector. El programa de su formación propone que esa empresa estatal, que se llamaría Red Pública, asuma, entre otras cosas, “la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando” y tenga “un rol activo en la instalación de energías renovables” como “agente esencial” de la transición energética.
La presencia del Estado en el sector eléctrico no es una rareza, sino una tendencia generalizada en el mundo desde hace décadas. En la generación de electricidad, los inversores privados son minoría a escala global. Aunque concentran tres cuartas partes de las inversiones en energías limpias, su cuota se ha reducido en los últimos años, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Mientras, las empresas con participación pública “contabilizaban en torno al 61% de la capacidad eléctrica instalada en 2016 y cerca del 52% de la potencia prevista o en construcción” a escala mundial, según un documento de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado en abril de 2018. Dicho de otra forma, solo un 38% de la potencia eléctrica instalada o en construcción está en manos completamente privadas.
El estudio de la OCDE analizaba el papel de las empresas estatales (SOE, por sus siglas en inglés) en la transición energética y concluía que, pese a que muchas siguen apostando por invertir en instalaciones con emisiones de efecto invernadero, tienen un “efecto positivo en las inversiones en renovables”. También subrayaba el “importante” papel de estos operadores en el sector eléctrico en el mundo, “incluyendo a varios países de la OCDE” como Canadá, Noruega, Francia o Israel.
Y recordaba que 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial tienen participación pública, en un listado que incluye empresas energéticas de países como China o Venezuela, México y Rusia, pero también de Canadá (Hydro-Quebec, 100% propiedad de ese Estado), Estados Unidos (Tennessee Valley Authority o TVA, un gigante que opera en los estados de Alabama, Georgia, Kentucky, Misisipi, Carolina del Norte y Tennessee), Suecia (Vattenfall), Francia (EDF y Engie), Brasil (Electrobras), Japón (Tepco, que tuvo que ser rescatada por el Estado nipón tras el desastre nuclear de Fukushima) e Italia (Enel).
Fuera de esa clasificación de las más grandes del mundo, entre los países desarrollados hay un amplio abanico de ejemplos de compañías eléctricas en manos públicas, como las también canadienses Saskpower, BC Hydro y Ontario Power Generation; la australiana Synergy; la holandesa Eneco (propiedad de 44 ayuntamientos del país); la mayor eléctrica austríaca, Verbund (51% estatal); la israelí IEC (100% estatal), la finlandesa Fortum o la suiza Repower (cuyo 51,79% pertenece a los cantones de Zurich y Graubünden), por citar algunos ejemplos.
Estados Unidos, cuna del neoliberalismo, es un caso aparte. Allí existen cerca de 2.000 compañías eléctricas de titularidad pública que dan servicio a 49 millones de personas en 49 Estados y, con una potencia instalada que en 2016 ascendía a unos 124.000 megavatios (MW), generan en torno al 10% de la electricidad del país y cubren el consumo del 12,6% de los clientes domésticos, según la American Public Power Association.
Algunos ejemplos de eléctricas públicas en EEUU son la ya citada TVA, un proyecto lanzado en 1933 por Franklin D. Roosevelt en el marco del New Deal y cuya privatización ha llegado a proponer Donald Trump; la Bonneville Power Administration (BPA), una agencia federal que gestiona 31 proyectos hidroeléctricos en el Noroeste del país y una central nuclear; o la New York Power Authority, la mayor de entre la decena de eléctricas estatales estadounidenses.
En este país hay también una larga tradición de eléctricas públicas a escala municipal. Entre ellas, destacan las de grandes ciudades como Seattle, Los Angeles, el condado de Sacramento (California), San Antonio (CPS Energy) o Austin (Texas). Todas ellas generan electricidad, además de comercializarla.
“Importantes recursos públicos”
El documento de la OCDE recordaba que las razones para la presencia del Estado en la generación eléctrica varían en función de las circunstancias: desde “países en desarrollo donde hay partes significativas de la población que todavía no tienen acceso a la electricidad” a que “los gobiernos pueden utilizar los SOE como una forma de controlar cadenas de suministro energético estratégicamente sensible” y obtener a través de ellos “importantes ingresos públicos”.
También reflejaba el estudio, ajustando el peso de los SOE por su participación en las distintas empresas, que España es el segundo país desarrollado con menor peso público en la generación de electricidad, solo por detrás de Portugal, que tuvo que vender su participación en la antigua eléctrica pública EDP por exigencias de la Troika tras el rescate de 2010.
España dio carpetazo a la presencia del Estado en el sector con la privatización de Endesa, llevada a cabo mayoritariamente por el Gobierno de Aznar, aunque el último paquete de acciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un 2,95%, lo vendió el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2007, al acudir el hólding estatal a la OPA presentada por Acciona y la italiana Enel, que actualmente tiene el 70% de la compañía.
Con la venta de Endesa, la presencia estatal en el sector quedó reducida al 20% de Red Eléctrica, transportista y operador del sistema (no genera electricidad). España siguió la senda que también han emprendido otros grandes países europeos como Reino Unido o Alemania. No obstante, en este último han proliferado iniciativas de remunicipalización de servicios públicos entre las que destaca la de Hamburgo, tras un proceso de consulta popular, cuyo resultado es la utility municipal Hamburg Energie.
La posibilidad de recuperar los aprovechamientos hidroeléctricos cuyas concesiones caduquen no aparece mencionada en el programa electoral del PSOE, si bien la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, la ha planteado en varias ocasiones. En noviembre, Ribera explicó que entonces había 115 aprovechamientos hidroeléctricos de cuencas intercomunitarias extinguidos, de los que unos cien estaban abandonados y con poca rentabilidad económica aparente. Además, se prevé que extingan 25 concesiones hasta 2020 y 70 hasta 2030.
