Las empresas energéticas españolas lideraban la rentabilidad de este sector en la UE antes de la espectacular escalada del gas y la luz de 2021. El rally ha forzado al Gobierno español a intervenir el mercado para recortar temporalmente (hasta marzo) el “exceso de retribución” de las compañías eléctricas vía Real Decreto-Ley. Su plan de choque, pionero en Europa, ha puesto en pie de guerra al sector.
Eurostat tiene datos que miden el beneficio empresarial en porcentaje del volumen de ventas de las empresas del sector de electricidad, gas y aire acondicionado. Según la oficina estadística europea, en 2018 (último ejercicio disponible) sus beneficios supusieron un 18,2% de su cifra de negocios, por encima de la media europea (10%) y otros grandes países miembros: en Alemania se quedó en el 5,6%; en Italia, en el 10,1%; en Reino Unido (que entonces todavía pertenecía a la UE) fue del 15,3% y en Francia, del 15,8%.
Los datos de la Central de Balances del Banco de España también reflejan que este sector está entre los más rentables de España. En 2019 (último ejercicio disponible), el resultado bruto de estas empresas superó los 12.800 millones, cerca del 15% del importe neto de su cifra de negocios. Es una rentabilidad muy superior a la media (9%).
En marzo, sin indicios de la convulsión energética que estaba por venir, el Banco de España analizó los efectos del coste de la electricidad sobre las empresas españolas. Entre sus conclusiones estaba que esta variable era especialmente relevante para las de menor tamaño. Para las de menos de 10 trabajadores, “el 44% tiene un porcentaje del gasto en electricidad que supone más del 1,5% del total de ingresos”, muy por encima del resto. Además, “los precios medios más elevados se observan en los tramos de consumo más bajos, en general correspondientes a tarifas con niveles de tensión inferiores, debido al propio diseño de las tarifas”.
“Exceso de retribución”
Para justificar el recorte al “exceso de retribución” de las eléctricas, el decreto publicado este miércoles en el BOE empieza señalando que la luz “es una variable sistémica de la economía que afecta a familias, autónomos, empresas, industria y a la economía en su conjunto” y las medidas urgentes adoptadas persiguen “frenar de manera inmediata el efecto que el incremento del precio de la electricidad está teniendo en el resto de sectores de la economía, lo que ya se está reflejando” en el IPC, en máximos de nueve años en agosto, “con la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y una pérdida de competitividad para la industria y el sector servicios)”. Esto “supone un riesgo de ralentización de la recuperación”, según el Gobierno.
El Ejecutivo considera que estas empresas están recibiendo beneficios excesivos por el diseño del mercado mayorista, que hace que tecnologías que no queman gas para producir electricidad se beneficien en la subasta diaria del alza exponencial de la cotización de esta materia prima: más de un 250% en un año, y subiendo. Para este jueves, el pool batía otro récord al situarse ya cerca de 190 euros por megavatio hora (MWh) en un contexto de locura en los mercados energéticos europeos. Por si faltaban ingredientes para la tensión de las últimas semanas (bajo nivel de almacenamientos de gas de cara al invierno, fuerte demanda asiática, incertidumbre sobre el suministro ruso…), el incendio de una interconexión eléctrica entre Reino Unido y Francia obligaba a aumentar el uso de centrales de ciclo combinado (gas natural) en el sistema eléctrico británico.
Para mitigar el espectacular encarecimiento del pool, el Gobierno español recortará hasta marzo de 2022 unos 2.600 millones de euros a las tecnologías no emisoras (principalmente hidroeléctrica, nuclear y algunas renovables antiguas) para rebajar drásticamente los denominados cargos del sistema eléctrico (una parte de los costes regulados). En un análisis “de urgencia” publicado este miércoles, la consultora EY se preguntaba “en qué medida una actuación así destruye o resulta contrario al sistema marginalista aplicable en el mercado eléctrico español de acuerdo con las exigencias de la normativa europea”. El Ejecutivo, que cuenta con tener el aval de la Comisión Europea a estas medidas, destaca que España ha sido pionera en estas medidas, pero no será la última.
Pedro Sánchez recalcaba este miércoles que ante esta escalada “va a defender siempre el interés de los ciudadanos por encima de cualquier presión o interés particular”. El presidente ha asegurado que las compañías se “pueden permitir” este recorte. Según datos de la consultora internacional FactSet, los beneficios de las energéticas españolas tienen un peso inusual con respecto a la riqueza nacional. Según esta firma, en 2020 el beneficio bruto operativo (Ebitda) del sector representó el 1,68% del PIB español. Ese porcentaje no tiene parangón en otros países europeos.
En 2020, las dos grandes del sector, Iberdrola y Endesa, sortearon con holgura la pandemia. Entre las dos aumentaron su beneficio neto un 36% hasta superar los 5.000 millones, en un año de pérdidas históricas en el Ibex. Entre esas dos compañías y Naturgy sumaron un Ebitda superior a 17.700 millones, cerca del récord de 2019. Buena parte correspondió a Iberdrola, líder español de este sector, fuertemente internacionalizada, y que este miércoles abría la portada del Financial Times no por el recorte que va a sufrir en España, sino por sus críticas a las políticas proteccionistas de Estados Unidos para favorecer a su industria local del acero en la eólica marina, que un ejecutivo de la multinacional calificaba de “planificación central soviética”.
La eléctrica vasca es, con diferencia, la que más ha elevado su Ebitda en el último lustro. Hasta junio de 2021, se incrementó un 10% interanual, hasta 5.444 millones, y el de su área de Renovables (donde está su negocio hidroeléctrico) creció un 63%, hasta superar los 2.000 millones, el 49% en España. Esto, antes de la espectacular escalada de este verano. La compañía, que ha quintuplicado su Ebitda desde 2000, espera que esta magnitud alcance 12.000 millones en 2022 y 15.000 millones en 2025.
Además de apuntarse beneficios multimillonarios en 2020, las eléctricas estuvieron entre los sectores ganadores en bolsa tras el crash bursátil que siguió a la gran reclusión y la pandemia, que supuso un acelerón a los planes para descarbonizar la economía, tarea para la que estas empresas (con un importante efecto tractor sobre la economía) van a ser fundamentales. Iberdrola, cuya cotización batió máximos históricos a principios de año (varios directivos aprovecharon para hacer caja vendiendo acciones en plena tormenta Filomena) llegó incluso a superar la capitalización bursátil de Inditex durante el verano de 2020.
Según la patronal Aelec, que ha rechazado “las medidas intervencionistas dirigidas a las empresas eléctricas”, calificadas por el PP como “confiscatorias”, “el recorte a los ingresos de la generación hidráulica y nuclear, justificado en un supuesto incremento de los beneficios por la subida del precio del gas, es una medida injusta y desacertada” con “un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella, algo que puede comprobarse observando el valor en bolsa de las empresas a pesar del encarecimiento de los precios a lo largo de 2021”.
17.900 millones menos
Este miércoles, Endesa e Iberdrola lideraban las caídas en el Ibex al retroceder un 6,39% y un 5,79%, respectivamente. En dos días, su capitalización bursátil se ha reducido en 7.200 millones. Desde que en junio el Gobierno desveló su anteproyecto para recortar los ingresos extra por el coste del CO2 (que también se ha disparado), el desplome alcanza los 17.900 millones. El decreto recién aprobado se suma a esa iniciativa, que prevé recortar unos 650 millones de euros a hidroeléctricas y nucleares por el encarecimiento del carbono. Esto ha llevado a Foro Nuclear a volver a sacar a pasear la amenaza de un cierre “desordenado” de las nucleares. La vicepresidenta Ribera replica que las compañías no pueden llevarlo a cabo unilateralmente y necesitan un informe favorable de Red Eléctrica.
Por su parte, la patronal de renovables APPA asegura que el decreto hará que las instalaciones con contratos bilaterales de compraventa a largo plazo (PPA), a precios muy inferiores a los actuales, “tendrán que vender a pérdidas” y podrían “paralizar temporalmente su actividad”, y piden tramitarlo como proyecto de ley. La Asociación Empresarial Eólica cifra en 5.682 MW (21% de la potencia de esta tecnología) los parques afectados, que tienen más de 20 años y han dejado de cobrar las antiguas primas a las renovables. Esta patronal pone el ejemplo de un parque con un PPA para suministrar energía a un tercero a unos 50 euros/MWh. Teniendo en cuenta los futuros del gas para el cuarto trimestre, con este recorte (que es temporal) tendría que devolver al sistema 78,1€/MWh, “lo cual le llevaría a un resultado negativo de -34,1 €/MWh y le obligaría a no generar electricidad (un sinsentido económico)”.
El decreto también ha recibido críticas de la patronal gasista Sedigas, que esperará a conocer los detalles técnicos del mecanismo para topar las subidas de la tarifa regulada del gas “para hacer una valoración fundada ante la posibilidad de incurrir en un potencial déficit tarifario de carácter estructural para el sistema gasista” que “pudiera poner en riesgo su sostenibilidad económico-financiera”. Sedigas también reclama un IVA reducido a la factura del gas, como el aplicado temporalmente a la electricidad.