España ya ha entregado sus planes a Bruselas, ¿qué queda ahora para que lleguen los 140.000 millones?

España ya ha entregado sus planes de reforma. Y espera 140.000 millones de euros, entre transferencias y préstamos, de aquí a 2026. Pero, ¿qué tiene que pasar a partir de ahora para que empiecen a llegar los fondos europeos? “Estamos hablando en total de 750.000 millones de euros”, dice el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, “no se puede resolver en dos días”. En efecto, la Comisión Europea no puede permitirse que estalle alguna sorpresa después de haber dado su visto bueno a un plan, cada uno de cientos de páginas, en la primera operación de emisión de deuda conjunta de la Unión Europea de ese calibre.

La Comisión Europea fijó el 30 de abril como fecha tope para enviar sus planes, pero los retrasos de numerosos Estados miembros han hecho que abra la mano y anuncie que pueden hacerlo en cualquier momento hasta mediados de 2022. Hasta el momento, los han entregado España, Eslovaquia, Francia, Alemania, Grecia y Portugal, que fue el primer país, el pasado 22 de abril.

Examen de la Comisión

Entre mayo y junio la Comisión Europea revisará los planes de los gobiernos y procederá a su aprobación en la medida en que se superen los exámenes. ¿Cómo evaluará la Comisión los planes de recuperación y resiliencia? Basándose en los criterios establecidos en el reglamento de los fondos europeos gestionados directamente por los Gobiernos –672.000 millones, el resto hasta los 750.000 van en programas de la Comisión Europea a través del Marco Financiero Plurianual– .

La evaluación del Ejecutivo comunitario se centrarán en si las inversiones y reformas establecidas en los planes “representan una respuesta equilibrada a la situación económica y social del Estado miembro, respondiendo adecuadamente a los seis pilares del fondo de recuperación y resiliencia; si contribuyen a abordar eficazmente las recomendaciones específicas de cada país formuladas por el Semestre Europeo [mecanismo de gobernanza económica de la Comisión Europea]; si dedican al menos el 37% del gasto a inversiones y reformas que apoyen los objetivos climáticos; si destinan al menos el 20% del gasto a la transición digital; contribuyen a fortalecer el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica, institucional y social del Estado miembro; no dañan significativamente el medio ambiente.

Examen de los Gobiernos

Una vez la Comisión Europea haya dado su visto bueno, la pelota pasa a los ministros de Finanzas de la UE, el Ecofin. Y ya, de momento, la presidencia portuguesa rotatoria de la UE, ha fijado una reunión para el 18 de junio próximo con la idea de empezar a aprobar planes. Mientras que la Comisión tiene hasta dos meses para su examen, los Gobiernos tienen otro más. A partir de ahí, se puede adelantar un porcentaje de los fondos: 9.000 millones en el caso de España.

A continuación, los pagos se producirán cada seis meses, en función de que se vayan cumpliendo los denominados “hitos” que miden el cumplimiento de los planes.

Plazos para la evaluación

“La Comisión Europea ha estado trabajando intensamente con los Estados miembros en la preparación de sus planes de recuperación y resiliencia”, explican en Bruselas: “Durante esta fase, el Ejecutivo comunitario ha dado recomendaciones para abordar las deficiencias y los problemas pendientes en los planes nacionales con el fin de evitar la notificación de planes con medidas problemáticas que deberían ser rechazadas”.

Una vez que los planes se hayan presentado formalmente, Bruselas evalúa su contenido “en función de los 11 criterios establecidos en el reglamento de los fondos de recuperación; y traduce su contenido en actos jurídicamente vinculantes, incluida la propuesta de decisión de ejecución del Consejo (los Gobiernos de la UE), un documento de trabajo de los servicios y documentación operativa (convenio de financiación o convenio de préstamo, disposiciones operativas..).

“La Comisión Europea procederá lo más rápido posible, pero la calidad de la evaluación y de los actos jurídicos será nuestra principal preocupación, también porque los pagos futuros se basarán en tales evaluaciones y actos”, afirma el Ejecutivo comunitario, que dispone de hasta dos meses para hacer la evaluación.

En ese proceso se fajará un equipo de un centenar de personas encabezado por la francesa Céline Gauer, secretaria general adjunta de la Comisión Europea, al frente del Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia (RECOVER).

Orientación de Bruselas

Bruselas se ha dedicado a proporcionar “a los Estados miembros orientaciones para la preparación de los planes de recuperación y resiliencia en septiembre de 2020”, afirma la Comisión Europea: “Los planes también deben incluir un resumen del proceso de consulta a escala estatal, así como una presentación de los controles y el sistema de auditoría establecidos para garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea”.

Según Bruselas, “el mecanismo de recuperación y resiliencia es una oportunidad para crear buques insignia europeos con beneficios tangibles para la economía y los ciudadanos de la UE, que deberían abordar cuestiones que son comunes a todos los Estados miembros, necesitan inversiones significativas, crean empleo y crecimiento y son necesarios para la transición gemela”.

¿Y cuáles son las reformas e inversiones que quiere ver Bruselas? “Tecnologías limpias preparadas para el futuro y aceleración del desarrollo y uso de energías renovables; mejoras de la eficiencia energética de los edificios públicos y privados:; promoción de tecnologías limpias preparadas para el futuro para acelerar el uso de transporte sostenible, accesible e inteligente, estaciones de recarga y repostaje y extensión del transporte público; rápido despliegue de servicios de banda ancha rápidos en todas las regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G; digitalización de la administración y los servicios públicos, incluidos los sistemas judicial y sanitario; aumento de las capacidades de la nube de datos industriales en Europa y el desarrollo de los procesadores más potentes, de vanguardia y sostenibles; adaptación de los sistemas educativos para respaldar las competencias digitales y la formación educativa y profesional para todas las edades”.

Fondos con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia

El mecanismo de recuperación y resiliencia proporcionará hasta 672 500 millones de euros para apoyar inversiones y reformas (a precios de 2018). Esto se desglosa en 312.500 millones de euros en subvenciones y 360.000 millones de euros en préstamos.

La asignación a los Estados miembros

Para el 70% de los 312.500 millones disponibles en subvenciones, la clave de asignación tiene en cuenta la población del Estado miembro; la caída de su PIB per cápita y su tasa de desempleo media durante los últimos 5 años (2015-2019) en comparación con la media de la UE.

Para el 30% restante, en lugar de la tasa de desempleo, se considerará la pérdida observada del PIB real durante 2020 y la pérdida acumulada observada del PIB real durante el período 2020-2021.

Los Estados miembros también pueden solicitar un préstamo por valor de hasta el 6,8% de su renta nacional bruta de 2019 como parte de la presentación de su plan de recuperación y resiliencia.

¿Cuándo empezará a fluir el dinero?

El pago de prefinanciación de hasta el 13% se realizará tras la aprobación del plan nacional de recuperación y resiliencia y la adopción del compromiso legal por parte de la Comisión Europea.

La decisión sobre recursos propios para emitir deuda por parte de la Comisión Europea también debe ser ratificada por todos los Estados miembros. Esto significa que los primeros pagos podrían realizarse a partir de mediados de 2021, en función de que se hayan completado todos los actos legales necesarios.

Tras el susto del Tribunal Constitucional alemán, está pendiente de ratificación en varios parlamentos nacionales la decisión sobre recursos propios. Los más problemáticos, en principio, son Polonia y Hungría.

Los hitos

Los pagos están vinculados al desempeño. Bruselas autoriza los desembolsos en función del cumplimiento de un conjunto de hitos y metas que reflejen el avance de varias reformas e inversiones del plan. Los hitos y metas deben ser “claros, realistas, bien definidos, verificables y directamente determinados o influenciados por las políticas públicas. Dado que los desembolsos pueden realizarse un máximo de dos veces al año, no puede haber más de dos grupos de hitos y metas por año”.

Una vez cumplidos los hitos y los objetivos acordados en su plan de recuperación y resiliencia, el Estado miembro presenta una solicitud a la Comisión Europea para el desembolso de la ayuda financiera. “La Comisión preparará una evaluación en un plazo de dos meses y solicitará el dictamen del Comité Económico y Financiero sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes. En circunstancias excepcionales en las que uno o más Estados miembros consideren que existen desviaciones graves del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos relevantes de otro Estado miembro, podrán solicitar que el presidente del Consejo Europeo remita el asunto al siguiente Consejo Europeo”. Este es el llamado freno de emergencia arrancado por Holanda y sus aliados.

Si el Estado miembro no ha cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos, la Comisión Europea “no pagará la totalidad o parte de la contribución financiera a ese Estado miembro”.

Transición verde

El reglamento establece un objetivo climático del 37% dentro de las inversiones de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. “Cada Estado miembro será responsable de presentar pruebas sobre la parte global de los gastos relacionados con el clima en su plan sobre la base de una metodología vinculante de seguimiento del clima. Al evaluar el plan, la Comisión también analizará si se alcanza el objetivo climático. No se aceptará un plan que no alcance el objetivo”, afirma Bruselas.

Cada medida propuesta en un plan de recuperación y resiliencia también deberá respetar el principio de “no causar daño significativo”. Específicamente, hay seis objetivos ambientales a los que no se debe hacer ningún daño significativo: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; recursos hídricos y marinos; economía circular; prevención y control de la contaminación; y biodiversidad y ecosistemas. Además, la Comisión “anima a los Estados miembros a proponer iniciativas emblemáticas de inversión y reforma que tengan un valor añadido para la UE en su conjunto. Estos tienen como objetivo, por ejemplo, acelerar el desarrollo y uso de energías renovables”.

Transición digital

“Los Estados miembros deben garantizar un alto nivel de ambición al definir reformas e inversiones que permitan la transición digital como parte de sus planes de recuperación y resiliencia”, afirma el Ejecutivo comunitario: “Cada plan de recuperación y resiliencia incluya un nivel mínimo del 20% de gasto relacionado con lo digital. Esto incluye, por ejemplo, invertir en el despliegue de conectividad 5G, desarrollar habilidades digitales a través de reformas de los sistemas educativos y aumentar la disponibilidad y eficiencia de los servicios públicos utilizando nuevas herramientas digitales”.

Controles

Bruselas reconoce que “los sistemas de control nacionales de los Estados miembros servirán como principal instrumento para salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

“Los Estados miembros deberán garantizar el cumplimiento de la legislación nacional y de la Unión, incluida la prevención, detección y corrección eficaces de los conflictos de intereses, la corrupción y el fraude, y evitar la doble financiación. Deben explicar las disposiciones pertinentes en sus planes de recuperación y resiliencia, y la Comisión evaluará si ofrecen garantías suficientes. Por ejemplo, los Estados miembros deben recopilar datos sobre los destinatarios finales de los fondos y ponerlos a disposición de los solicitantes”, afirma la Comisión Europea.

Para cada solicitud de pago, los Estados miembros proporcionarán una “declaración de gestión” de que los fondos se utilizaron para el fin previsto, que la información proporcionada es correcta y que los sistemas de control están en su lugar y los fondos se utilizaron de acuerdo con las normas aplicables.

La OLAF, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Europea y la propia Comisión pueden acceder a datos relevantes e investigar el uso de fondos si es necesario.

¿Cómo es el plan español?

Según ha afirmado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, “España presenta un ambicioso Plan, para movilizar 140.000 millones de inversión pública de aquí a 2026, con una clara anticipación, para que la inversión privada ya esté movilizada en 2021 y acometa reformas ambiciosas y transformadoras para la próxima generación con el fin de asegurar que nuestro país puede ser uno de los motores de la recuperación europea”.

“El plan de recuperación español se basa en cuatro pilares transversales: transición verde, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Prevé un paquete coherente y equilibrado de inversiones y reformas que se implementarán en los próximos 3 años dedicando casi el 40% de las inversiones a la transición verde, el 30% a la transición digital, el 10% a la educación y las habilidades y el 7% a la I + D”, afirma Calviño.

El plan español está articulado en cuatro ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas para canalizar los fondos de reconstrucción que recibirá España para hacer frente a la crisis.

Entre los objetivos fundamentales que se ha marcado el Ejecutivo, destacan impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible, en la mayor oportunidad que se le plantea a España en un siglo para lograr una verdadera transformación de su economía, en palabras del propio Sánchez.

Entre las inversiones, se prevén 20 principales para los tres próximos años, con el foco en la movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.

“El tiempo es fundamental”, ha afirmado Calviño, quien ha pedido “la rápida aprobación de los planes para asegurar que las acciones a nivel nacional continúen interactuando y reforzando las de nuestros vecinos”.

Reformas importantes

Las reformas laboral, de pensiones y fiscal son fundamentales, y la Comisión Europea pide diálogo social para llevarlas a cabo y puedan ser duraderas. También son delicadas la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados, la ley de Aguas o la reforma fiscal.

En total, se movilizarán en el primer periodo 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, y los otros 70.000 millones en los tres años siguientes.

El Gobierno sitúa en un 2% anual el efecto positivo de los fondos europeos en el PIB de España.