España lidera la instalación de contadores inteligentes de la luz en la UE sin haber analizado sus beneficios

España se ha convertido en uno de los campeones de Europa en la instalación de los contadores inteligentes de la luz sin haber evaluado en profundidad los beneficios y costes de la implantación masiva de estos dispositivos para el consumidor y el conjunto del sistema eléctrico, según refleja un informe que publicará próximamente la Comisión Europea.

El borrador del estudio European Smart Metering Benchmark, elaborado por la Comisión Europea y cuya versión preliminar (sin datos de cuatro países: Bélgica, República Checa, Irlanda y Bulgaria) publicó recientemente el regulador lituano de la energía, refleja lo avanzado de la posición española en la instalación de los denominados 'smart meters'.

Con cerca del 9,6% de los puntos de suministro eléctrico en la UE a enero de 2018, España tenía instalados a esa fecha más de 26 millones de contadores inteligentes, lo que le convierte en el segundo país europeo con más dispositivos, solo por detrás de Italia (36,7 millones de contadores). Estos datos preliminares permiten estimar que aproximadamente uno de cada cuatro contadores inteligentes de la luz en la UE están en España.

Este despliegue se ha alcanzado pese a que, según el informe (cuya versión definitiva prevé publicar Bruselas antes de fin de año), España es, junto a Malta, el único país miembro que no ha realizado un análisis coste-beneficio [CBA, por sus siglas en inglés] de los efectos que tendría en el mercado eléctrico la implantación de estos dispositivos.

Basándose en ese estudio de Bruselas, la Agencia Europea de Cooperación de Reguladores Energéticos (ACER) ha situado a España en el selecto grupo de países europeos (junto a Italia, Noruega, Finlandia, Estonia y Suecia) que a cierre de 2018 había renovado más del 80% de su parque de contadores. En un estudio publicado la semana pasada, ACER señala que “más del 35% de los consumidores minoristas de electricidad” en la UE, unos 100 millones de hogares y pymes, tenían dispositivos de este tipo en 2018.

Sin embargo, aún “hay siete países en los que se ha decidido no implementar el despliegue de contadores electrónicos basándose en los resultados de un CBA, o que no han tomado aún una decisión”. Son Alemania, Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia y Croacia, que suponen casi un tercio de los puntos de suministro en la UE.

Con datos más actualizados que los de ese borrador de informe de la Comisión Europea, ACER estima que el despliegue de los contadores inteligentes ha alcanzado al menos el 50% del total de aparatos en doce países: Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega y Suecia.

“A finales de 2019, la mayoría de consumidores en Luxemburgo deberían tener 'smart meters', y Dinamarca, Austria, Francia y Gran Bretaña lo harán en 2020”, concluye el organismo europeo que, basándose en las estadísticas de Eurostat, situó la semana pasada a España como campeona europea de las subidas de la luz en la última década, con un encarecimiento del 66,8% entre 2008 y 2018 en el recibo de los hogares.

Directiva europea

La apuesta por los contadores electrónicos tiene su origen en la directiva europea 2009/72, que estableció que en 2020 el 80% de los consumidores europeos de electricidad debía tener un contador inteligente, aunque instó a los Estados miembros a realizar “una evaluación económica de todos los costes y beneficios a largo plazo para el mercado y el consumidor particular” que tendría esa medida. Si el resultado de ese CBA era negativo o no concluyente, podían abortar el despliegue.

Prácticamente todos los países llevaron a cabo al menos un CBA (Alemania hizo dos, el último, en 2013), y algunos han decidido no implantar los 'smart meters' por ahora. En el caso del gas, el panorama es diferente. ACER señala que “el despliegue de los contadores inteligentes de gas, donde las reglas comunitarias son menos prescriptivas, es todavía limitado” y solo cinco países miembros lo han puesto en marcha.

Entre ellos no está España, que sí realizó un CBA a través de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), que en noviembre de 2011 recomendó “optar por una estrategia conservadora (”wait and see“), fomentando el desarrollo de pruebas piloto a pequeña escala, pero sin obligar regulatoriamente a la instalación de contadores inteligentes de gas”.

El objetivo de la directiva europea de 2009 era permitir la “participación activa” de los usuarios en el mercado eléctrico aprovechando las ventajas de los contadores inteligentes: desde el diseño de ofertas personalizadas en función de los hábitos de consumo del cliente a un papel fundamental en la transición energética, por las posibilidades que ofrecen en el campo del ahorro, el autoconsumo y para permitir la aparición de nuevos agentes como los agregadores de demanda (gestionar el consumo de grupos de clientes ajustándolo en función de los precios horarios de la energía).

España optó por un exigente calendario de sustitución en un proceso que comenzó en 2007 y que culminó en 2018 tras una inversión multimillonaria de las distribuidoras (cada contador cuesta unos 120 euros), que se los alquilan a los clientes (solo un 0,31% tiene un equipo de medida en propiedad) cobrando un mínimo de 0,81 euros mensuales (un 58% más que por los viejos contadores).

Así, si a enero de 2018, según el citado informe preliminar de la Comisión Europea, España tenía renovado ya el 93,1% de sus contadores, a cierre de ese ejercicio más de un 99%, 28 millones de aparatos, ya eran “inteligentes”, según anunció en junio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El despliegue no ha estado exento de polémica. En marzo, la Fiscalía aceptó una denuncia de la plataforma ciudadana QAE (Quiero Auditoría Energética) que alegaba posibles delitos de las eléctricas en el proceso de cambio de los aparatos, “amenazando a sus clientes con la interrupción del suministro eléctrico con arreglo a una normativa que no procede”. Y antes, en 2014, la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético llegó a pedir que se suspendiera el despliegue por haberse diseñado “a espaldas de los consumidores” y sin permitirles disfrutar de sus ventajas.

Por ahora, la mayoría de los expertos en España recomiendan a los consumidores domésticos mantener la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), en la que no hay ofertas: el precio de la energía se calcula a partir de la cotización horaria del mercado mayorista (la parte fija está regulada).

Mientras, las eléctricas, tras el fuerte desembolso realizado en 'smart meters', han podido ahorrarse, entre otros costes, los relacionados con las lecturas que realizaban operarios desplazados in situ con los antiguos contadores. Y hay serias dudas sobre el aprovechamiento de ese potencial tecnológico.

“Tenemos contadores inteligentes implantados en casi todos los hogares y territorio, vamos por delante de muchos países europeos, pero no estoy segura de que hayamos sido capaces de aprovecharlos en todo su potencial. No estamos utilizándolos tanto como debemos”, dijo en junio pasado ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Hace unas semanas, las distribuidoras eléctricas integradas en las asociaciones aelēc, Aseme y Cide anunciaron un proyecto para la creación de “una Plataforma Central de Servicios de Distribución” que permitirá “abrir un canal, adicional al que actualmente ya ofrecen las empresas, para que los clientes puedan tener acceso a sus datos, tanto de medición como de consumo de electricidad a través de internet, de una manera sencilla, segura y sin costes adicionales”.