España recibe los primeros 9.000 millones de los fondos europeos de recuperación

Los más optimistas esperaban el dinero para finales de julio. Pero, al final, los desembolsos se han empezado a hacer en agosto. Después de los 4.000 millones entregados a Italia el 9 de agosto, en medio de la crisis por los incendios; y los 24.900 a Italia el 13 de agosto –que sí pidió su parte de los créditos–, este martes la Comisión Europea ha anunciado que hacía entrega a España de su 13% de prefinanciación: 9.000 millones de euros, en tanto que España ya ha completado 25 hitos al haberlos incluido en los presupuestos, como son la formación profesional, la tasa digital y la de transacciones financieras, entre otras.

El siguiente examen complicado llegará a partir de entonces, en tanto que España se ha comprometido a presentar importantes reformas, entre ellas la del mercado de trabajo, y que dará acceso a otro pago, a mediados de 2022, de 12.000 millones.

Hace exactamente dos meses la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exhibía los 10 sobresalientes y un notable que había concedido al plan español de recuperación. Lo hizo el mismo día que también comunicaba el aprobado portugués, los dos primeros planes que recibieron el visto bueno de Bruselas, en un claro mensaje de que, en esta crisis, a diferencia de las anteriores, se quiere priorizar la salud económica del sur de Europa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha saludado la decisión de la Comisión Europea.

Y el 13 de julio pasado, hace exactamente cinco semanas, llegó el último examen, el de los socios europeos reunidos en Bruselas en un Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin), en el que, como estaba previsto tras el visto bueno de la Comisión Europea, se dio vía libre a los 69.500 millones en transferencias solicitados por España hasta 2023 –la otra mitad, en forma de créditos, aún no ha sido solicitada por España, y tiene hasta 2026 para hacerlo– y, para empezar, a 9.000 millones de prefinanciación por planes comenzados en febrero de 2020 que han llegado este 17 de agosto. Gracias a la adopción de las decisiones de ejecución del Consejo relativas a la aprobación de los planes, los Estados miembros pueden firmar acuerdos de subvención y de préstamo que permiten una prefinanciación de hasta el 13%.

El plan español recibió el visto bueno de los ministros junto a otros 11 planes nacionales (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Eslovaquia). No obstante, hay países, como Holanda, que habrían querido ver “más definición” en algunas de las reformas de España, como la del mercado del trabajo o la de las pensiones, que están pendientes del diálogo social. Sin embargo, no ha habido obstáculos a la aprobación del plan en una reunión a la que no asistió la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, por encontrarse en el primer Consejo de Ministros tras la remodelación abordada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No todos lo están haciendo como España. Pero tampoco el resto de países de la UE son como España. Es la cuarta economía de la UE, cerró 2020 con una caída del PIB del 10,8% por la crisis del coronavirus, ha ido acumulando déficits de inversión por los recortes de la crisis financiera y, a diferencia de países de importancia similar en la UE, sí cuenta con 38.000 millones de fondos estructurales en el marco financiero de la UE para 2021-2027.

Así, España ha pedido, de momento, sólo la parte de transferencias, de subvenciones, no de créditos, en tanto que las condiciones de financiación en los mercados siguen siendo favorables. Es una opción que deja abierta: hasta agosto de 2023 hay margen para pedir la parte de los créditos.

Y el 80% de esos 69.500 millones en transferencias que han sido aprobados para España llegarán de aquí a 2023. Una cantidad de dinero “descomunal”, como reconocen en el Gobierno, que supone un reto múltiple en gestión y absorción. Pero el Ejecutivo entiende que “España no puede tirarse siete años dando vueltas. O se hace ahora un cambio importante, o no vamos a conseguir dar un salto verdaderamente estructural”.

En el Ejecutivo destacan que España tiene la particularidad, que no tienen países como Italia o Francia, de disponer también de esos 38.000 millones de fondos estructurales de aquí a 2027, por lo que entienden que no merece la pena hacer como Italia y desplegar el plan tranquilamente hasta 2026, porque se solaparía con esos fondos.

El Gobierno defiende que “tiene todo el sentido concentrar el shock de inversión en estos primeros tres años”, que suman 54.000 millones, a los que luego se sumarán los fondos estructurales y mantener el esfuerzo inversor hasta 2027. “Hay otros países que no tienen esta circunstancia”, razonas fuentes gubernamentales, que añaden: “No hay ningún país grande que haya tenido tanto déficit de inversión. O conseguimos dar un salto y volver a tenerla y llegar a un nivel de I+D que se corresponda con el tamaño de nuestro país... O conseguimos dar un salto en FP y en digitalización... ¿O cuál es la senda en la que estamos? Por eso es la concentración en los primeros años. No es algo caprichoso”.

En efecto, el plan español es distinto. Italia va tranquilamente a los seis años; Portugal tiene mucha menos cantidad. El plan español dispone de mucho dinero y está muy concentrado para tratar de tener un impacto de calado que luego se mantenga con los fondos estructurales y el presupuesto.

Y aquí surge otro reto: la absorción, la capacidad de gastar todo ese dinero en tiempo en las reformas e inversiones diseñadas, en los hitos y compromisos para los que llegará el dinero. “Sí”, reconocen en el Ejecutivo: “Pero la alternativa es estar los seis años poquito a poco y encontrarnos en 2025 con el mismo reto y además los fondos estructurales. Esto tiene que ser un plan contracíclico, el dinero se tiene que inyectar ahora, que es cuando hemos caído un 10% y podemos darle un chute a la economía. Esta cantidad de dinero es tan descomunal que o lleva a un cambio en el país o no tiene sentido como plan de recuperación”.

“Este plan de recuperación”, decía el jueves la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ante el Eurogrupo, “tiene una dimensión que va más allá de lo nacional, todos esperamos que España sea uno de los motores del crecimiento económico en Europa en los próximos años”. Y añadía: “Probablemente el plan de recuperación de España es el más ambicioso en cuanto al volumen de inversiones que queremos ejecutar en los primeros años”.

Reformas laboral y de las pensiones

El plan español ha conseguido algo bastante inédito en Bruselas. Y es que la Comisión ha entendido que la reforma laboral y la reforma de pensiones dependen de la negociación en España, fundamentalmente del diálogo social, en el sentido de que solo una reforma puede ser duradera si ha contado con grandes apoyos políticos y sociales.

En realidad, Bruselas, que en un momento dado llegó a proponer la mochila austriaca para España, ha decidido dejar hacer a cambio del compromiso de la negociación con los agentes sociales, como se ha hecho en el último año y medio con asuntos como la prolongación de los ERTE, por ejemplo.

En todo caso, Bruselas incluye una nota a pie de página en sus evaluaciones sobre la reforma laboral: “El informe más reciente sobre España recordaba la necesidad de preservar los elementos de las reformas del mercado de trabajo introducidas en 2012-2013 que han desempeñado un importante y reconocido papel en el impulso de la recuperación económica generadora de empleo iniciada en 2014”.

En ese sentido, el Gobierno recuerda que su plan es “corregir aquellos aspectos más lesivos”. Y añade: “La Comisión no nos ha dicho que no se pueda tocar nada. Y no nos ha dicho que haya líneas rojas en absoluto. Han entendido que vamos a intentar mejorar las cosas y que todo esto se va a hacer con diálogo social. Dicen que hay que preservar lo que funciona bien, eso es lo que vamos a hacer”. 

Los cuatro elementos fundamentales de la reforma del mercado de trabajo que propone el Gobierno son: las subcontratas, la negociación colectiva, establecer un mecanismo permanente alternativo de flexibilidad inspirado en los ERTE y simplificar los contratos. Y el plazo que se ha dado el Gobierno ha sido tener la reforma a finales de 2021. Eso quiere decir que buena parte de los 12.000 millones que se esperan para mediados de 2022 dependerán de que se haga la reforma.

En este sentido, el Ejecutivo entiende que una transformación del país debe arrancar con reformas como la laboral o la de la Administración. 

“La reforma laboral es sin duda una de las reformas más urgentes desde el punto de vista estructural en nuestro país”, reconocía Calviño esta semana en Luxemburgo antes del Eurogrupo: “Sobre todo porque necesitamos tener este nuevo marco laboral que dé seguridad jurídica a las empresas y que dé también confianza a los trabajadores, que mejore la calidad del empleo que se cree en esta fase expansiva que ahora se inicia en nuestro país. Y por eso hemos establecido que nuestro objetivo es llegar a ese nuevo marco de normas laborales a finales de 2021. Y efectivamente, ese hito se corresponde con el pago que se producirá en el primer semestre del año próximo”.

Esa urgencia por la reforma laboral, que además está marcada en el calendario de la Comisión Europea, supone presión para todos. Para el Gobierno, porque se ha comprometido a llegar a un acuerdo en el diálogo social. Y para los agentes sociales, porque saben que el diálogo social es preceptivo pero no imprescindible para que el Gobierno lleve su propuesta al Congreso de los Diputados. “El Gobierno tomará las decisiones oportunas si es necesario”, explican las fuentes, “pero va a haber acuerdo, no entra en la cabeza de nadie que no haya acuerdo. Ya ha habido muchos sobre materia laboral en estos meses”.

En relación con la reforma de las pensiones, el Gobierno ha trasladado a Bruselas que, aunque no le guste la indexación al IPC, lo cierto es que el resto de países sí tienen pensiones indexadas y que, por otro lado, el sistema vigente del factor de sostenibilidad nunca se aplicó. El propio partido que aprobó esa reforma, el PP de Mariano Rajoy, no la aplicó.

¿Y los créditos?

España tiene asignados 140.000 millones de euros. Pero, de momento, ha pedido solo las transferencias, 69.500 millones. Los 70.500 millones en créditos pueden solicitarse antes de agosto de 2023. ¿Por qué no los ha solicitado? “Porque España se sigue financiando a buen precio en los mercados”, explica el Gobierno, que prevé pedir esa parte del crédito más adelante, a partir de 2022 como colchón para partidas que no tienen cantidades predeterminadas, como el mecanismo permanente de flexibilidad y seguridad en el empleo, por ejemplo, o las líneas de apoyo a empresas con problemas.

Además, en el Gobierno son conscientes de que acceder a los créditos no es tanto el dinero que pides como el mensaje político de usar la financiación europea. Por este mismo motivo hay 240.000 millones de euros en créditos blandos del MEDE sanitario sin usar por nadie, por el estigma que tiene acceder a dinero del fondo de rescates de la UE.