La estrategia de Volkswagen España ante la querella presentada en la Audiencia Nacional pasa por echar balones fuera y asegurar que la responsabilidad recae en la matriz alemana. En la documentación presentada ante el tribunal, la compañía apunta que “las fábricas de la empresa en España se limitan a ensablar los diferentes componentes que conforman el producto final”. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se declaró competente en octubre para investigar las querellas interpuestas contra el Grupo Volkswagen por el presunto trucaje de determinados motores diésel de 4 cilindros dentro del escándalo por el trucaje de software que afecta al grupo en todo el mundo.
Ahora el fabricante ha presentado la documentación requerida, que ha adelantado El Español y a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que hace acuse de recibo de la demanda y perfila los pasos siguientes para defender la actuación de la empresa en España. En el principal documento el fabricante asegura que la compañía desde el punto de vista mercantil “no tiene personalidad jurídica como tal” y que a pesar de que se refieran a este grupo como tal, las participaciones de su capital son directa o indirectamente propiedad 100% de la empresa alemana. “En nuestro país, lo que coloquialmente podría denominarse Grupo Volkswagen está compuesto por varias decenas de sociedades cuyas acciones o participaciones, en última instancia, pertenecen a su filial española SEAT S.A., cuyas acciones son propiedad 100% de la compañía alemana Volkswagen AG”, apuntan en el texto.
En el organigrama presentado por la compañía en la documentación explican que solo tres guardan relación con la causa presentada: SEAT S.A., Volkswagen Audi S.A. y Volkswagen Navarra. A pesar de realizar actividades productivas, en el escrito se apunta que estas empresas se limitan a ensamblar las piezas que provienen de Alemania y no a desarollar los motores. “Es en Volkswagen Alemania donde se diseña, se define y desarrolla la arquitectura de los motores, también en los motores diésel EA 189 -los afectados por el escándalo- tanto en lo referente a hardware como softwarwe” añade.
De esta forma, la empresa señala que no pueden informar acerca de las “funciones vinculadas a los hechos” ni sobre la “determinación del personal responsable del mismo” habida cuenta de que, de haberse producido, tales hechos se desarrollaron en factorías donde se diseñaron y fabricaron los motores que se dicen alterados.
Medidas tomadas hasta ahora
En la documentación presentada también se explican las medidas tomadas por ahora tanto por parte de la compañía como por parte del ministerio de Industria así como las acciones que se llevarán a cabo para solucionar el problema. De esta forma, el fabricante siguiendo su línea de que todo tiene que decidirse en Alemania asegura que la solución técnica también debe provenir de allí. “A día de hoy se está pendiente de recibir de Volkswagen AG la solución técnica para los nuevos vehículos y su adaptación a los vehículos fabricados en España, y en su caso, la sustitución de alguna parte del hardware”, señalan.
Poca concrección en las medidas que se tomarán de ahora en adelante, más allá de lo que ya se conocía de que es previsible que los vehículos tengan que pasar revisión en enero de 2016. Una fecha en línea con el calendario de medidas presentado ante la autoridad alemana que pidió una serie de actuaciones concretas para solucionar el problema de las excesivas emisiones. En esta revisión, en el escrito se apunta que se cambiará el software trucado y que en el caso de ser necesario se harán los ajustesn en el software y el hardware.
Respecto a los fabricante de estos programas que trucan las emisiones de los vehículos en los test, el fabricante ha apuntado que las filiales de España desconocen la relación que Volkswagen AG tiene con sus proveedores de estos programas. En el texto, el fabricante señala que Bosch, Conti y Delphi -quienes fabrican los software que usan en los motores- contratan directamente con Alemania y que desde España se desconoce las personas físicas que han tenido responsabilidad en esto, aunque señalan que sí son conscientes de que existe una investigación en curso y que si estas dan fruto informarán al juzgado.