El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este lunes a la Comisión Europea un análisis sobre el impacto de la nueva ley en España para reducir la temporalidad en el empleo público y acabar con el uso discriminatorio de los interinos.
Tras debatir la queja de un ciudadano español, en nombre de asociaciones de interinos, sobre la situación laboral del personal interino que trabaja para instituciones españolas, la vicepresidenta de Peticiones, Tatiana Zdanoka, ha decidido mantener abierta la petición y reclamar más información al Ejecutivo europeo.
“Quedamos a la espera de recibir el análisis sobre cómo se ha puesto en práctica la nueva legislación y si ha cambiado la situación existente que es grave y viola los derechos de los trabajadores”, ha indicado la eurodiputada letona.
Durante la sesión, un representante de la Comisión ha explicado que Bruselas sigue la situación y examinará la aplicación de la nueva legislación, aprobada a finales de año. Así las cosas, el Ejecutivo europeo revisará después los expedientes abiertos contra España por esta situación.
Por parte de los grupos políticos, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Los Verdes y Unidas Podemos han apoyado mantener la petición abierta para estudiar si la situación de los interinos se resuelve con la nueva normativa.
En contra se ha quedado el PSOE, cuya eurodiputada Estrella Durá ha defendido la acción del Gobierno y ha señalado que este caso “se puede dar por cerrado” con la nueva ley laboral y el decreto sobre interinos que busca atajar el problema de la temporalidad. Podemos ha insistido en que esta ley es un “gran avance” para luchar contra esta problemática pero se ha mostrado a favor de mantener la petición abierta.
La ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público entró en vigor el pasado 30 de diciembre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma reservará concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años.
El objetivo de la ley es reducir la temporalidad del conjunto de las Administraciones por debajo del 8%, una ratio que a día de hoy sí cumple la Administración General del Estado, pero no otros ámbitos territoriales.
Éste es, a su vez, un compromiso que adquirió el Gobierno con la Unión Europea a través de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación y supone también cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.