La Eurocámara pide que la 'ley rider' europea refuerce el combate de falsos autónomos en las plataformas digitales

El Parlamento Europeo quiere más ambición en la 'ley rider' que se está preparando a nivel europeo al reclamar una mayor protección a los trabajadores de las plataformas digitales como Uber, Cabify o Glovo, entre otras. La posición que la Eurocámara ha acordado defender en la negociación con el Consejo y la Comisión es que exista una presunción de laboralidad automática para todos los colectivos que desempeñan su trabajo para ese tipo de empresas, es decir, que se les considere empleados sin necesidad de cumplir una serie de requisitos, que es lo que establecía la propuesta de directiva del gobierno comunitario y la pretensión de algunos estados miembros.

La intención de la 'ley rider' europea, que sigue la estela de la aprobada en España, es acabar con los falsos autónomos de los que se nutren esas plataformas. “Una persona prestando servicio para una plataforma puede ser un empleado por cuenta ajena, y disfrutar de los derechos laborales relacionadas, o ser verdaderamente un trabajador por cuenta propia y poder determinar así cómo llevar a cabo el servicio”, explica la Eurocámara. La intención de los eurodiputados es que sean las compañías las que tengan que demostrar que las personas que desempeñan funciones para ellas no son trabajadores y no al revés.

En cuanto a los algoritmos en los que se fundamenta la gestión de recursos humanos de las plataformas digitales, el planteamiento del Parlamento es que se profundice en la transparencia. La propuesta es que se prohíba la toma de decisiones en base a esa funcionalidad sin que haya una supervisión humana. Además, plantean obligar a las plataformas a dar información a los trabajadores sobre cómo se utiliza la monitorización a través de ese sistema y cómo afecta su relación laboral, salud, seguridad y condiciones de trabajo. También prevén la inclusión de disposiciones que permitan intensificar el intercambio de información entre las autoridades laborales, de protección social y fiscales competentes en casos transfronterizos así como sanciones disuasorias.

La Eurocámara ha dado el visto bueno al informe de la Comisión de Empleo para que sea la posición definitiva sin que pase por el debate en el Pleno por 376 votos a favor, 212 en contra -entre ellos PP y Ciudadanos- y 15 abstenciones. “No estamos en contra de los autónomos, de la innovación, de la creación de puestos de trabajo, pero si uno se convierte en un esclavo de los algoritmos tiene que tener la posibilidad de que se le reconozcan sus derechos como empleado”, ha defendido la socialista Elisabetta Gualmini, que ha elaborado el informe.

“Es curioso que la presunción de laboralidad esté enfrentando tantas resistencias, cuando lo único que hacemos es reconocer que la novedad tecnológica no ha alterado el poder de dirección de las empresas. Quien tiene determinadas por completo sus condiciones de trabajo, como es el caso, es un trabajador por cuenta ajena. No es que hayamos inventado la rueda”, señala la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop (La Izquierda).

Una vez fijada la posición de la Eurocámara falta que el Consejo, donde están representados los 27, establezca la suya. En el mes de diciembre, España y otros ocho países bloquearon la negociación ya que la propuesta de la presidencia checa suavizaba la directiva de la Comisión Europea, que corría el riesgo de salir descafeinada. El punto de partida del Consejo era establecer más condiciones para que los 'riders' sean considerados trabajadores. Los ministros de Trabajo tendrán que retomar las conversaciones para determinar su posición antes de comenzar la negociación con el Parlamento y la Comisión, que es como se define definitivamente la nueva legislación.

El negocio de las plataformas digitales se ha multiplicado por cinco en los últimos años y, de los cerca 28 millones de personas que trabajan para ellas en la UE, 5,5 millones están mal clasificadas. La Comisión Europea estima que, con la nueva directiva, entre 1,7 millones y 4,1 millones de personas podrían reclasificarse como trabajadores mientras que otros pueden convertirse en auténticos autónomos.