Una docena de países europeos ya aplica impuestos a entidades financieras como el que rechaza la banca española
Impuesto a la banca. Cuatro palabras que, pronunciadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras asumir su cargo y presentar su plan para mejorar los ingresos para pagar pensiones, han abierto un debate en España. Los que más han alzado la voz contra esta intención, todavía no concretada, fueron los propios bancos esta semana. Sin embargo, la idea de imponer tasas específicas a la banca no es nueva ni exclusiva de España.
El estallido de la crisis y los programas de ayudas y avales al sector financiero provocaron que muchos gobiernos comenzaran a plantearse desde 2009 la necesidad de instaurar impuestos específicos a la banca, con el objetivo de controlar posibles nuevos riesgos y crear fondos para posibles nuevas crisis. Se terminó por concretar cuando en 2010 el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicase un informe titulado Una contribución justa y significativa del sector financiero.
En dicho escrito apuntaba distintas modalidades de impuestos posibles a la banca, como una modalidad de recuperación de las ayudas aportadas, así como una herramienta, junto a la regulación, para limitar nuevos riesgos. Tras dicho informe, Gobiernos de distinto signo decidieron implementar estas tasas, como la Francia del socialista François Hollande o el Reino Unido del conservador David Cameron.
En 2017, según un documento de la FCA, supervisor bancario británico, eran más de una docena de países los que habían comenzado a aplicar impuestos similares. A los ya citados se unieron Austria, Bélgica, Letonia, Holanda, Portugal o Suecia. Fuera de la UE, también Islandia. Estos gravámenes nacieron inicialmente con vocación temporal. De hecho, Francia tiene previsto que el próximo año deje de aplicarse.
No todos los modelos aplicados han sido idénticos, pero coinciden principalmente en gravar el pasivo de los bancos. Sin embargo, Reino Unido aplica una recarga del 8% en el pago del impuesto de Sociedades que hacen los bancos. Este ha sido, de hecho, el modelo que inspiró al PSOE en su propuesta en febrero, cuando todavía estaba en la oposición.
La diferencia es que en España este impuesto estará destinado a financiar las pensiones públicas y no el control de riesgos o la devolución de las ayudas. El objetivo trazado entonces por los socialistas era el de recaudar 860 millones al año. Sin embargo, Montero no ha especificado todavía si finalmente será este el modelo aplicado o cuándo lo podrá en práctica.
El sector cree que ya ha hecho “considerables esfuerzos”
La ministra pidió la pasada semana “comprensión” al sector y aseguró que “aporta menos comparativamente que el resto del sector empresarial”. Se mostró confianda en que fuera “solidario” con los clientes sin repecutir dicha tasa al igual que lo fueron los ciudadanos con las cajas y los bancos quebrados. Sin embargo, las patronales AEB, que incluye a los bancos, y la CECA, que representa a las antiguas cajas de ahorros, han criticado esta tasa por “injusta” y por considerar que “el sector financiero ha realizado considerables esfuerzos en el pasado”.
El principal argumento de la banca es que afectaría a sus ratios de capital y solvencia y acabaría provocando un encarecimiento del crédito y repercutiendo en el consumidor final. En el citado informe de la FCA también se apuntaba a esta posibilidad, aunque señalaba que no existían todavía suficientes evidencias para poder concluir cuál puede ser el impacto.
En una línea similar a la banca se mueve Jesús Sanmartín, presidente del REAF, dentro del Consejero General de Economistas. El directivo señala que “hay que tener mucho cuidado con este impuesto” por sus posibles consecuencias al entender que, “no es un momento oportuno”. Sin embargo, matiza que no son contrarios a que se grave a la banca “cuando esté recuperada” ya que “siempre ha estado muy beneficiada”.
Más favorable se muestra la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Su presidente, José Luis Escrivá, señaló recientemente que “no está claro” que este impuesto se trasladase a los clientes. El directivo señalaba que ya se produjeron críticas y se habló de encarecimiento del crédito cuando el Banco de España obligó a destinar parte del beneficio a provisiones, algo que no se ha producido.
Un experto, que prefiere no ser citado, apunta que dependerá del modelo del impuesto pero que con los niveles que esperaba captar el PSOE en su propuesta inicial, ve complicado que se tenga que trasladar al cliente final. Los principales bancos ganaron más de 13.000 millones el pasado ejercicio. Añade que, en un mercado competitivo, es complicado que todos suban a la vez las comisiones sin caer en acuerdos contra la competencia y que, por tanto, acabarían absorbiendo finalmente el impacto.
Reino Unido tiene previsto captar este año unos 620 millones de euros con este impuesto y con otra tasa que aplica también a los bancos. Esta última, conocida como bank levy, aprobada en 2011 se encuentra en retirada. En esos mismos niveles se mueve también Francia que estima que recaudó en 2016 500 millones en este concepto. Un estudio de PwC en Holanda señalaba que su impuesto recaudaba en torno a 300 millones. En Portugal, con una economía más pequeña y una red financiera menor que la española, los ingresos son de entorno a 180 millones.
Otros tipos de impuestos
El informe de la FCA señalaba que existen otros gravámenes como los conocidos como FAT en sus siglas en inglés, referidos a las actividades bancarias. Esta tasa estaría enfocada a gravar el valor añadido de la banca, ante la ausencia en la mayor parte de los países de un impuesto similar al IVA en la banca. Por eso, grava aspectos como el margen bruto o la remuneración que abona a sus trabajadores.
Un último modelo de impuesto es el de las transacciones financieras. Heredero de la histórica Tasa Tobin, busca gravar los intercambios con el fin de limitar las operaciones que entrañen mayor riesgo para las entidades. Francia o Italia ya los aplican. Una decena de países, entre ellos España, pidieron a la Comisión Europea en 2011 la creación de este gravamen y el organismo comunitario comenzó a trazar una directiva al respecto que no se ha llegado a plasmar hasta la fecha.
