China moviliza a sus mineros ante su crisis de suministro eléctrico; Vietnam planifica el retorno a gran escala del carbón; en España, y en pleno pulso por los recortes del Gobierno al sector para contener la incesante escalada del precio de la luz, Endesa ordena comprar este mineral para alimentar la central térmica de As Pontes (A Coruña), que lleva sin funcionar desde julio, y cuyo cierre tramita desde enero de 2019.
Son noticias conocidas en la última semana, en la que los mercados mayoristas eléctricos europeos han vuelto a pulverizar récords en varios países, entre ellos España, al ritmo de la explosiva subida del gas.
El miércoles, la referencia del mercado gasista holandés TTF llegó a tocar los 160 euros por megavatio hora (MWh), frente a los menos de 15 euros de hace un año, espoleado por la competencia de China, unos almacenamientos en niveles inusualmente bajos de cara al invierno en el Viejo Continente y dudas sobre el suministro de Rusia. Aprovechando la debilidad de Europa, que importa el 90% del gas que consume, Moscú presiona para lograr cuanto antes la aprobación de su gasoducto Nord Stream 2, que transportará gas directamente a Alemania por el fondo del mar Báltico sin pasar por Ucrania.
A las derivadas geopolíticas de esta tormenta perfecta se ha unido la fuerza de los elementos: según datos de la consultora Vortex recogidos por Financial Times, este año el viento en el norte de Europa ha soplado hasta un 15% menos penalizando la producción eólica, una situación que algunos expertos atribuyen a los efectos del cambio climático.
El miércoles, mientras se alcanzaba ese récord del gas, en un debate en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) el exministro socialista de Industria Claudio Aranzadi advertía de que si “a medio plazo” el precio de la electricidad sigue en estos niveles, “pondría en cuestión la transición energética”.
Una de las claves para descarbonizar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es la electrificación de la economía. Pero “con estos precios, no se electrifica nada”, coincidieron Aranzadi y Andrés Barceló, director general de Unesid, la patronal de la siderurgia, primer sector consumidor de electricidad en España.
Una opinión que comparte Natalia Fabra, catedrática de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid: “Hay quien dice que un gas tan caro va a impulsar las renovables y el autoconsumo, pero esto en realidad es un jaque al proceso de transición energética” por parte de algunos sectores, como los países productores.
En España, el famoso pool ha superado por primera vez en algunas horas de la última semana la barrera de los 300 euros/MWh. Las previsiones para 2022 no son buenas. El viernes, el mercado de futuros apuntaba a un precio medio de 135 euros para el conjunto de 2022, tras llegar a alcanzar los 162 euros a mediados de semana. Las perspectivas para los próximos meses son de precios por encima de 200 euros hasta marzo, frente a los poco más de 83 euros de lo que llevamos de año, a falta de un final de 2021 muy complicado.
Los futuros, que no dejan de ser un reflejo del sentimiento del mercado y suelen ser superiores a lo que luego depara la realidad, dicen ahora que el pool no volverá a los niveles previos a la pandemia (cuando el precio mayorista se desplomó por la gran reclusión) hasta 2025.
A la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, le preguntaron el pasado martes, en una entrevista en Reuters, si está en riesgo la transición energética con estos precios. “Yo lucharé para evitar eso, pero tenemos que cambiar muchas cosas” ante “algo que puede durar, no sé, ¿seis meses, nueve meses?”. “Nadie puede permitirse eso” y el nivel de precios actuales, que están impactando de lleno en la inflación y empieza a repercutir en la actividad de la industria y otros sectores, “no es fácil de absorber por la economía”, recordó.
El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, cree que este rally del gas debería incentivar la descarbonización. “Nos hemos dado cuenta de que la dependencia de productos de los que no disponemos, como el gas, crea situaciones de este tipo”. Pero “a corto plazo” va a propiciar un retraso a la transición energética “porque el precio del gas dispara la electricidad y las renovables, que la tendrían que bajar, no tienen ningún efecto por el sistema marginalista”, por el que la última tecnología que casa oferta y demanda determina lo que cobran todas las demás, y que en su opinión “no lleva a ningún sitio”.
“Los mercados energéticos, tanto de gas, como eléctricos, son absolutamente manipulables”, critica Natalia Fabra, que el pasado fin de semana advertía en un artículo en este medio de los efectos de la subida de la electricidad y la inflación en el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia, “al reducir la capacidad adquisitiva de los fondos asignados a cada proyecto de inversión, y al encarecer el proceso de electrificación”, que es uno de los vectores del plan.
“Década de turbulencias”
Como señaló Ribera en esa entrevista, “no podemos decir que necesitamos electrificación” cuando “las señales de precios no son consistentes con lo que queremos promover”. Según la vicepresidenta, viene una “década de turbulencias” con muchos países “buscando hacer lo mismo”, desengancharse de las emisiones, recurriendo a las mismas materias primas, “y la cadena de valor global no está preparada: lo vemos con el gas, las baterías, los microchips…”.
La ministra para la Transición Ecológica lleva semanas poniendo el foco en la necesidad de dar una vuelta al sistema marginalista con “una aproximación común a nivel europeo” ante estas “circunstancias excepcionales”, para que no cale en la ciudadanía la idea de que el esfuerzo de la descarbonización “no tiene sentido”. “La Comisión ha comprendido que esto no es política ni económicamente sostenible” y hay que buscar fórmulas para que los precios del gas “no estén tan conectados” a los de la luz.
El martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, reconoció por primera vez que “si los precios de la electricidad están altos, es porque los del gas están altos y tenemos que ver la posibilidad de desvincular dentro del mercado, porque tenemos mucha energía barata como, por ejemplo, las renovables”.
Cambiar el hasta ahora sacrosanto sistema marginalista no es una medida fácil ni rápida. Pero la pelota ya está en el tejado de Bruselas, que según Bloomberg, se ha abierto a poner en marcha una compra conjunta de gas, como ha planteado España junto a países como Francia, dentro de la “caja de herramientas” que prevé presentar en los próximos días para que los Estados miembros puedan hacer frente a esta crisis.
Un año de infarto
Tras el gran apagón de 2020, los mercados energéticos llevan un año de infarto en paralelo a la recuperación de la economía. Tras un enero inusualmente frío en Asia, en el que España vivió un pequeño aperitivo de la situación actual con Filomena, en febrero llegó la tormenta Uri, que puso al límite el sistema eléctrico de Texas (Estados Unidos). Luego la mayor sequía en 90 años en Brasil drenó el maná hidroeléctrico de este país, que se ha visto en dificultades para cubrir la recuperación de la demanda eléctrica tras la pandemia.
Con el otoño, ha llegado lo que Aranzadi definía el miércoles como un “shock energético” de carácter “global” e “imprevisto”, que “probablemente” será “transitorio”, una vez pase el invierno y el mercado del gas se estabilice. Pero el exministro se mostró “angustiado” por el efecto de esta escalada para la industria a corto plazo.
Además de la reducción de la producción de algunas industrias intensivas en consumo eléctrico y la amenaza de ruptura de contratos de suministro ya firmados, el mercado de los acuerdos bilaterales de compraventa a largo plazo, conocidos como PPA (y que permiten a grandes consumidores garantizarse el suministro a un precio estable) se ha secado con esta escalada: “No va a haber ningún PPA ni este año ni el que viene porque los oferentes no tienen interés o piden unos precios en base al coste de oportunidad que no son incentivadores”, advirtió el director general de Unesid.
A largo plazo, todo apunta, recordó Aranzadi, a una “depresión progresiva” de los precios de la energía y también la electricidad, gracias a los bajos costes de las renovables, con la vista en el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Pero a corto, las perspectivas son de máxima incertidumbre y cada vez más voces apuestan por corregir ese mercado mayorista, contra el que el directivo de la patronal siderúrgica lleva tiempo clamando y cuyo diseño, como señaló en ese acto en Alcalá Paulina Beato, expresidenta de Red Eléctrica, “no es suficiente” para la situación actual.
Ribera se ha abierto a que, si la UE mueve ficha, España retire los millonarios recortes a las eléctricas por la subida del gas que aprobó el Gobierno en septiembre, mediante un Real Decreto Ley que el jueves se va a someter a la convalidación del Congreso. La norma, que ha propiciado un enfrentamiento público con Iberdrola, la primera eléctrica española, ha tenido una vida accidentada, tras publicar el ministerio una inusual aclaración interpretativa (no plasmada en el BOE) sobre a qué instalaciones afecta. El Gobierno, que ha abierto una ronda de consultas con el sector, calculó inicialmente que el recorte ascendería a unos 2.600 millones de euros. Según las empresas, con el gas ya por encima de 100 euros/MWh, el hachazo sería de 5.000 millones.
A finales de septiembre, eléctricas y grandes fondos de inversión pidieron por carta a Bruselas que tumbe un recorte que, aseguraba luego el banco de inversión Goldman Sachs, “podría reducir el apetito de las compañías energéticas para invertir en la transición energética” y materializar el Plan de Energía y Clima del Gobierno (PNIEC). Este prevé más que duplicar en la próxima década la capacidad renovable, hasta más de 120 gigavatios. El 80% de la inversión correrá a cargo del sector privado.