El factor de sostenibilidad o cómo volver a reformar las pensiones
Detrás de un término técnico y tan poco atractivo como factor de sostenibilidad se esconde la llave para volver a reformar las pensiones. El Gobierno acaba de formar un grupo de doce expertos –doce hombres y una mujer– para que elabore un informe que desarrolle este término y que servirá de base para que el Ejecutivo apruebe una reforma que introduzca el factor en el sistema de pensiones.
¿Qué es? El término se introdujo en la anterior reforma de pensiones –pactada por el Gobierno de Zapatero y los agentes sociales– pero su desarrollo se dejó para más adelante, una vez que las nuevas condiciones de jubilación estuvieran implantadas. Se trata de un mecanismo para ligar automáticamente la jubilación (edad de retiro, cuantía...) a algunas variables económicas, demográficas o de ambos tipos. De esta forma, si por ejemplo aumentara la esperanza de vida, se retrasaría la edad de retiro o se endurecerían los requisitos para jubilarse.
Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra e investigador de Fedea, explica que este factor es un “elemento modulador” de las pensiones: “El sistema deja de ser de prestación definida y pasa a ser de contribución definida, es decir, sabes lo que contribuyes pero no sabes qué te darán, puedes tener una idea pero no sabes seguro cuál será tu prestación”. Jiménez considera que “si se hace bien”, el factor de sostenibilidad puede contribuir a mejorar la transparencia. “La gente estará más informada, todos sabremos que si se dan determinadas condiciones, las pensiones evolucionarán de una manera o de otra”, dice el profesor.
Para Carlos Bravo, secretario de Seguridad Social de CCOO, el factor de sostenibilidad no debe ser “un mero mecanismo de ajuste del gasto”, algo que, considera, sería muy perjudicial. “Pensamos que el factor tiene que jugar con unas variables de ingresos y con otras de gastos. Si solo se va por la vía del gasto, entonces estamos hablamos de otra cosa”, señala.
En cuanto a los ingresos, Bravo indica dos parámetros fundamentales a tener en cuenta: la evolución del PIB y las bases medias de cotización. “La evolución del PIB mide la evolución de la productividad del país y también del mercado laboral. Si crece, significa que contribuye a la sostenibilidad del sistema, que puede financiarse, bien a través de las cotizaciones o bien de aportaciones puntuales de las arcas públicas”, dice. En cuanto a las bases de cotización, cuanto mejores sean los salarios, más abultadas serán las aportaciones a las arcas de la Seguridad Social.
Sergi Jiménez señala que el factor de sostenibilidad debe proteger al sistema de algunos de los riesgos a los que se enfrenta, como el demográfico –causado por el envejecimiento de la población–, o el económico, sujeto a fuertes vaivenes. Jiménez considera que la ratio de cotizantes por pensionistas (cuántas personas hay trabajando o cobrando prestaciones por cada pensionista) debe ser parte fundamental de este factor, pero también la esperanza de vida.
Inmaculada Domínguez, profesora de la Universidad de Extremadura, asegura que el factor de sostenibilidad implicará que la esperanza de vida influya de forma definitiva en el sistema. “Hay varios modelos: puede afectar a la cuantía de las pensiones, de forma que si esta aumenta, las prestaciones bajen; puede funcionar de forma que si aumenta la esperanza de vida, aumenten los requisitos para jubilarse; o puede que la revalorización de las pensiones dependa de la evolución de la esperanza de vida”.
Para los sindicatos, el aumento de la esperanza de vida es un factor más a tener en cuenta pero no “el factor”. De ser la edad el elemento central de la reforma, las pensiones están condenadas a sufrir recortes importantes o bien la edad de jubilación se retrasaría más allá de los 67 años. “En cualquier caso, no puede ser un ajuste inmediato, sino en el tiempo. Además, el factor requerirá de una revisión periódica para ir ajustándolo”, apunta el secretario de Seguridad Social de CCOO.
Un mes para el informe
Entre los expertos que forman el grupo abundan los catedráticos en economía, pero predomina, sobre todo, un perfil actuarial, es decir, el de la evaluación de riesgos en función de parámetros matemáticos y estadísticos; muy vinculado al sector de los seguros.
Los expertos se han comprometido a emitir su informe en un mes. Los plazos son ajustados: el Gobierno quiere aprobarlo antes de verano y Fátima Báñez ha asegurado que tramitarán la reforma como proyecto de ley, lo que implicaría que, una vez esté listo el informe, se debata con agentes sociales y partidos políticos, que podrán presentar enmiendas. No obstante, los sindicatos dudan de que la voluntad del Gobierno sea llevar a cabo un verdadero proceso negociador.
