Siempre conviene atender con interés el diagnóstico de un canciller del poderoso Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del Fondo Monetario Internacional en una época de alta volatilidad bursátil y de incertidumbre económica –con escalada de precios energéticos e inflación galopante–. Porque, además, Tobias Adrian arranca su lectura estableciendo una “conexión clara entre activos virtuales y mercados financieros”. Criptomonedas como bitcoin –dice en el blog de su departamento del FMI– han madurado: “de ser un tipo de activo oscuro con escasos usuarios a ser una parte integral de la revolución de los activos digitales que se han convertido en un foco de preocupación para la estabilidad financiera”. Entre otros motivos, por la montaña rusa en la que conviven, ya que el valor de mercado de estos activos noveles aumentó en 2021 hasta rozar los 3 billones de dólares; es decir, el tamaño de la economía británica, quinta del planeta. Desde los 620.000 millones –el PIB de Suecia– que atesoraba en 2017.
Sin embargo, durante la semana de la publicación del blog –la última de enero– el valor en el mercado combinado de todas ellas retrocedió hasta los 2 billones, cantidad que casi cuadruplica, en cualquier caso, su valor de hace un lustro. “La correlación de las criptodivisas con la evolución de las acciones de holdings tradicionales e indicadores bursátiles se ha incrementado de manera significativa, lo que ha alimentado una percepción inversora de diversificación de beneficios y, con ello, un aumento del riesgo de contagio entre mercados”, apunta Adrian. Un signo de alerta que se propaga con especial vulnerabilidad entre los mercados en desarrollo.
La advertencia de Adrian ha tenido traslación en Financial Times, donde, en una entrevista, deja más pormenores de esta preocupación multilateral. “La brusca volatilidad de las criptomonedas está causando desestabilidad en los flujos de capital de las plazas emergentes”, explica antes de precisar que “las preferencias inversoras hacia ellas frente a las divisas oficiales suponen toda una amenaza”. Porque –explica– las cripto están siendo utilizadas para sacar dinero de países con inestabilidad financiera “por parte de ciertos inversores externos”, lo que induce a pensar que “sería pertinente y necesario” una urgente revisión regulatoria, mediante una acción concertada internacional, de los activos digitales. Desde su techo de cotización, las cripto han perdido un billón de dólares, cantidad similar a las economías de Irán o de Países Bajos.
El recordatorio de Adrian apunta a El Salvador, a cuyo presidente Nayib Bukele, le pide que ceje en su empeño de reconocer a bitcoin como moneda de curso legal en su país, y al que reitera la advertencia de que este activo digital “representó el pasado año el mayor peligro de estabilidad sobre el sistema financiero salvadoreño”. Mientras su gobierno –destaca– “negocia con el FMI la concesión de una línea crediticia de más de 1.000 millones de dólares” y, en paralelo, planea la venta de bonos soberanos vinculados a la más célebre de las criptomonedas, lo que ha levantado críticas entre los inversores institucionales e internacionales que ostentan deuda salvadoreña. Dentro de un tono general en el que “los bajos tipos de interés reales mantienen el precio de los activos”.
Y es que el pasado fue un buen año de cosecha para las criptodivisas, que registraron un importante retorno de beneficios. Solo bitcoin selló una rentabilidad del 59,8%, dentro de unas plusvalías del 187,5% entre aquéllas que cotizan en mercados de capitales; muchas de ellas con repuntes de cuatro y de hasta cinco dígitos. Una escalada en toda regla en la que ni bitcoin ni ethereum son los únicos convidados de piedra.
Un doble guiso se cuece en el mercado
Pero el buen 2021 puede dar lugar a un 2022 lleno de incertidumbres. No solo por los virajes de rumbo macroeconómicos y monetarios, sino porque los organismos reguladores están tomando posiciones ante el creciente impacto de la criptominería, en especial, para combatir su uso para actividades ilícitas. Varios gobiernos han emprendido reformas para mejorar su supervisión en los mercados y garantizar la protección de los inversores en medio de una industria boyante.
Un estudio de situación de Bloomberg pasa revista a estas iniciativas, en el que menciona planes en Rusia, a instancias del banco central y que ha recibido el apoyo oficial del presidente Vladimir Putin, que elevarán su tributación y las exigencias; aunque, en principio, sin prohibición expresa sobre ninguna criptodivisa. En EEUU, la Internal Revenue Service (IRS), agencia tributaria federal, describe una “montaña de fraude” de 3.500 millones de dólares, vinculado a los activos digitales. Esto supone el 93% de la criminalidad financiera detectada durante 2021 y revela el “gran espacio” que dejan a la manipulación, vía mercado, de inversiones que acaban en blanqueo de capitales. Varios congresistas demócratas han hecho causa común por estos cambios.
En esta terna hay que añadir el veto del Consejo de Estado de China a los mineros digitalizados que sostienen la tecnología blockchain y que ha afectado a empresas como Huobi Mall –entre las diez mayores plataformas de servicios de criptomonedas– o BTC.TOP en un mercado, el del gigante asiático, que superaba el 70% de la oferta inversora del planeta en criptodivisas. También está la intención del Tesoro de Reino Unido y de la CNMV española de regular los anuncios inversores en activos digitales con las condiciones de información de cualquier otro producto financiero de riesgo elevado y exigiendo que sus promociones hagan mención expresa a la amenaza real de que sus clientes pueden perder todo su dinero. Ambos organismo reguladores quieren acabar con la “confusión” y, a la vez, incrementar la “carga de transparencia” sobre este tipo de operaciones, convienen en decir las dos instituciones regulatorias.
Singapur también ha empezado a exigir a las compañías mineras de criptodivisas que remitan todo detalle de sus campañas publicitarias a las agencias supervisoras de la ciudad-estado. Del mismo modo que Estonia se ha unido a la idea legislativa estadounidense de perseguir presuntos casos de fraude fiscal, lavado de capitales e, incluso, financiación ilegal del terrorismo.
Aunque también –y por otro lado–, los grandes bancos centrales, casi sin excepción, aceleran sus prototipos de divisas digitales. Jan Isakovic, CEO de la plataforma ICO Cofound.it aseguraba a Business Insider hace unas fechas que el fenómeno de las criptomonedas, de los tokens y de las blockchains responden a un episodio de revalorizaciones. “Si se quiere, a una fase de inflación, que no burbuja”. Eso sí –reconoce– “las empresas están financieramente en el Salvaje Oeste” y las divisas digitales son el arsenal de armas que necesitan. “Puede que sin reglas claras de juego”, reconoce. Este es precisamente el leitmotiv que aducen la Reserva Federal, el BCE o el Banco de Inglaterra para poner en marcha el dólar, el euro y la libra digitales. Proyectos en fases avanzadas a los que se incorpora el yuan y los de una docena de bancos centrales que han abierto el melón de las monedas digitales.
Después de una larga década de convivencia inversora con las criptomonedas, y bajo la tutela del Banco Internacional de Pagos (BIS, según sus siglas en inglés), institución de la que emanan las regulaciones de la industria bancaria, las autoridades monetarias han sucumbido a los cantos de sirena de la digitalización ante el declive de los pagos en cash y del paulatino descenso del dinero en circulación. Así, y mediante la tecnología blockchain –sobre la que se asienta las más de 2.000 criptomonedas que operan en el mundo–, el BIS ha puesto sobre la mesa los criterios y protocolos que deben regir la hoja de ruta a seguir, a partir de una encuesta entre 66 organismos de regulación bancaria que revela que ocho de cada diez consideran este salto ineludible y el 10% espera lanzar su divisa digital entre uno y tres años.
Entre otras razones, por los menores costes para las entidades financieras por la utilización de una modalidad que añade, además, enormes posibilidades de certificación a las transacciones, aunque cuando se dé la admisión se abrirá un periodo de coexistencia pacífica entre dinero digital y líquido. Mientras, el sector privado –la industria bancaria– se adecúa a este nuevo paradigma.
La banca española ha asumido el desafío de los cambios regulatorios y de supervisión, así como de los avances tecnológicos y de las nuevas directrices de gestión interna en el sector financiero. Quince entidades del sistema bancario hispano, entre ellas las cuatro grandes –Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell– han puesto en marcha, con el respaldo del Banco de España y con la coordinación de Iberpay, el gestor del sistema nacional de pagos, un proyecto, nacido en julio de 2021, de dinero digital tokenizado.