Luz verde al esperado decreto de subastas de nueva capacidad renovable. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Real Decreto que regula el nuevo régimen económico de energías renovables para instalaciones de generación eléctrica, según ha señalado la ministra de Hacienda y Portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
El objetivo de estas subastas, cuya primera edición está prevista de aquí a final de año, es permitir el despliegue masivo de estas fuentes aprovechando su potencial en la reactivación económica y trasladar a todos los consumidores los ahorros que ya permiten gracias al espectacular descenso de costes de tecnologías como la fotovoltaica.
El decreto se ha aprobado junto con la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, que marca la senda para alcanzar la neutralidad climática a 2050, y habilita un sistema de subastas en base a los principios de transparencia, eficacia, proporcionalidad, objetividad y eficiencia, para que los promotores puedan pujar ofertando el precio que estén dispuestos a cobrar por la energía que generen sus plantas acogiéndose a un nuevo marco retributivo denominado Régimen Económico de Energías Renovables (REER).
Se trata, según Montero, de un marco estable, “previsible”, para futuras instalaciones en un momento en el que estas pueden servir como palanca para la recuperación, ofreciendo “señales económicas eficientes” que transmitan señales claras a los inversores.
El objetivo es que la primera subasta se celebre “antes de que acabe el año”, según la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, que cree que España puede “liderar” la “revolución industrial y tecnológica” de las renovables. El decreto aprovecha la experiencia de las subastas celebradas en otros países como Portugal, Alemania o Italia y se aleja del modelo que ensayó en 2016 y 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy, que derivó en varios proyectos fallidos cuyos avales se están ejecutando ahora y que el sector criticó por su complejidad.
Con el sistema aprobado este martes, antes de la celebración de cada subasta, se establecerá un cupo de energía y/o potencia máxima a adjudicar. Las subastas se realizarán a sobre cerrado y adjudicarán el producto subastado a las ofertas más económicas hasta alcanzar el cupo establecido. El precio para cada adjudicatario coincidirá con el precio por el que pujó (“pay-as bid”, por su denominación en inglés) y no será objeto de actualización.
La norma regula la garantía económica que deben presentar las instalaciones, aunque el importe de los avales a depositar se especificará en la orden que regule el procedimiento de subasta. El decreto permitirá distinguir por tecnologías en función de sus características técnicas, gestionabilidad, localización geográfica o madurez tecnológica, entre otros factores. También permitirá hibridar tecnologías, ampliar y modificar instalaciones existentes, así como el almacenamiento.
Las subastas se convocarán por órdenes ministeriales que regularán el mecanismo de cada convocatoria pudiendo incluir entre otros aspectos, las tecnologías, condiciones y garantías para participar, el producto a subastar, y el resto de concreciones del REER. También mediante orden ministerial se recogerá una previsión con el calendario de celebración, que tendrá un periodo mínimo de cinco años y plazos indicativos para la frecuencia de las subastas, capacidad esperada y tecnologías previstas, en su caso. Ese calendario se actualizará, al menos, anualmente y estará orientado a la consecución de los objetivos de producción renovable que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
El proyecto de Real Decreto permite que en cada subasta se establezcan criterios para que “puedan competir en igualdad de condiciones” determinados proyectos con características específicas (de reducido tamaño, de demostración, de comunidades energéticas...) y se pueda habilitar un proceso de adhesión al resultado de la subasta, con un precio de adjudicación calculado a partir de los resultados, para instalaciones de pequeña magnitud y proyectos de demostración.
En la orden por la que se regule el mecanismo de subasta “se podrán establecer hitos de control intermedios para verificar el cumplimiento del compromiso de generación de energía que asumen las instalaciones adjudicatarias de la subasta”.
Las instalaciones beneficiarias del REER participarán en el mercado diario e intradiario de electricidad. Percibirán, por la energía vendida en esos mercados, el precio fijado en la subasta, “corregido, en su caso, por la exposición a mercado que sea de aplicación, hasta un volumen de energía determinado y para un plazo máximo establecido”. La orden podrá adaptar el mecanismo de retribución para su aplicación en las instalaciones de almacenamiento.
Alternativamente, se puede establecer que el precio resultado de la subasta sea corregido con incentivos de participación del adjudicatario en el mercado, introduciendo cierta exposición de las instalaciones al mercado eléctrico. Con ello, “se puede fomentar, por ejemplo, que oferte su energía en las horas más caras del mercado, lo cual permite desplazar a otras formas de generación con precios más elevados”, explica el ministerio.
Con esta medida, también se puede favorecer la instalación de plantas capaces de desplazar su producción a determinadas horas, como son aquellas que cuenten con almacenamiento. En su caso, este porcentaje de corrección sobre el precio fijado en la subasta se definirá en cada convocatoria, con un valor que siempre estará comprendido entre 0 y 0,5.
Por último, las instalaciones adjudicatarias podrán participar en los servicios de ajuste y de balance, donde cobrarán el precio del mercado de dichos servicios.
Por su parte, la ruta establecida en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050) aprobada este martes permitirá reducir un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 2050 con respecto a 1990. El 10% restante será absorbido por los sumideros de carbono.
El decreto de subastas desarrolla un Real Decreto-ley aprobado en junio, tras levantarse el Estado de Alarma, y “responde a la necesidad de ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria”, según el ministerio, que recuerda que la puesta en marcha de este mecanismo de subastas es “indispensable” para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París y como Estado miembro de la Unión Europea.
Estos compromisos están recogidos en el PNIEC, que prevé la instalación de en torno a 60GW renovables en la próxima década, con una inversión de más de 90.000 millones, y cuyos objetivos para 2025 prevé adelantar el Plan de Recuperación del gobierno. El ministerio recuerda que las energías renovables son clave para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050 y son la fuente más barata: “España cuenta con gran potencial renovable, tanto en horas de viento como de insolación, y un tejido empresarial consolidado que dispone de tecnologías maduras y otras en fases de desarrollo muy avanzado”.
Así, se estima que hasta el 90% de los componentes de los aerogeneradores, el 60% de los proyectos fotovoltaicos o el 80% de los termosolares son de fabricación nacional, por lo que la norma “tendrá un impacto muy positivo sobre la cadena de valor industrial y el empleo nacional”.