El final de Defex, la empresa pública de armamento carcomida por la corrupción
“Daño reputacional”. Con esas dos palabras resume el Gobierno, en el comunicado sobre la liquidación de Defex, la corrupción que ha podrido esta empresa pública. Ya no puede hacer negocios porque su nombre se asocia a mordidas en países africanos, pelotazos basados en sobornos y comisionistas huidos de la justicia. El Ejecutivo ha decido disolver Defex casi medio siglo después de su fundación para que sus gestores puedan centrarse en liquidar contratos, pagar deudas y afrontar las investigaciones judiciales.
Defex nació en 1972 como una empresa semipública dedicada a la exportación de armas. En 1990 amplió su negocio a la comercialización de otras tecnologías y ahora define su objeto social como “la promoción y exportación de bienes y servicios de empresas españolas”, pero su principal vía de ingresos ha sido siempre la venta de armamento para lo que ha contado con la ayuda de empresas privadas.
El 51% de Defex está en manos del Estado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y en su consejo de administración están sentados el Ministerio de Hacienda, el de Exteriores, el de Economía y, por supuesto, el de Defensa. A esa mesa se sienta también, con el 49% de la empresa, compañías privadas como Explosivos Alaveses, Maxamcorp o Instalaza, a la que estuvo vinculado el exministro de Defensa Pedro Morenés.
El Ejecutivo anunció el pasado viernes que iniciaba los trámites para disolver la empresa. Hace un año que se planteó ya esta posibilidad y ahora se concreta con la autorización que la SEPI ha pedido al Consejo de Ministros para comenzar la liquidación. En el comunicado se habla de las dificultades que implican “las medidas cautelares” impuestas en la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.
Esas medidas cautelares implican que los beneficios de Defex no repercuten en las cuentas de la SEPI, porque la investigación sobre la corrupción en esta compañía lleva aparejada la intervención de sus cuentas. Ni el Estado, ni los accionistas privados, ven un solo euro procedente de Defex porque la justicia sospecha que para conseguirlos ha pagado comisiones y se ha servido de paraísos fiscales para ocultar parte del dinero de sus pelotazos.
La investigación que ha provocado el cierre de Defex comenzó en 2008, cuando Luxemburgo se extrañó por una transferencia de 41 millones en una cuenta cuyos titulares eran la empresa pública española y la compañía Cueto 92. Las autoridades de ese país trasladaron la información bancaria a España en 2012 y la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que recayó más tarde en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Esas pesquisas han destapado todo un entramado de corrupción dedicado a conseguir contratos para Defex en países como Brasil o Angola. Los negocios en el país africano son el pilar del caso. El acuerdo para proveer armas a la policía angoleña ascendió a 153 millones de euros, pero, según la Audiencia Nacional, tan solo 50 fueron para pagar el material que se envió a Angola. “Las investigaciones realizadas hasta la fecha establecen un beneficio por partida de material de entre el 200% y el 300%”, afirmó en un auto el juez Pablo Ruz, primer instructor del caso.
Para esconder ese ingente beneficio, Defex se sirvió de Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa. La investigación la señala como la persona que creó un entramado de empresas pantalla para ocultar el destino del dinero obtenido con el contrato de Angola. No consiguió su objetivo, Luxemburgo detectó el rastro de 41 millones procedentes de esa operación y García Paesa acabó detenida en 2014.
Junto a ella, la Guardia Civil detuvo en España a buena parte de la cúpula de Defex, pero los agentes no pudieron arrestar a la pieza clave del caso. Guilherme Taveira Pinto, de 62 años y nacionalidad portuguesa, se refugia en Angola, donde a finales del año pasado le localizó El Mundo.
Según la investigación, este empresario actuaba como nexo entre las autoridades angoleñas y la empresa española, y fue el encargado de pagar mordidas para lograr el contrato de suministro de armas a cambio de quedarse con un porcentaje del beneficio.
El fugitivo Taveira, entre Defex y Mercasa
Este empresario dueño de la sociedad Sonadi ha hecho negocio con las empresas públicas españolas, porque entre sus clientes no solo estaba Defex. El juez De la Mata ha abierto una pieza separada sobre Mercasa, la sociedad pública que gestiona los mercados mayoristas, por un pelotazo, también en Angola, de más 500 millones de euros.
La operación costó 20 millones de euros en comisiones que Taveira recibió entre 2007 y 2016, y que se encargó de repartir “entre sus verdaderos destinatarios finales”. Ese generoso reparto de mordidas facilitó que Angla lleve pagados 533 millones por un mercado mayorista en Luanda cuyas obras están paralizadas.
Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González -ambos en prisión por el caso Lezo-, está imputado en esta causa como responsable de los negocios en el exterior de Mercasa.
Si Mercasa actuaba como Defex, lo hacía como “una organización criminal”. Así definió la Guardia Civil la actividad de la empresa pública de armamento en un informe sobre sus negocios internacionales, que no se circunscribían a África. También hubo pago de comisiones a funcionarios brasileños e irregularidades en Arabia Saudi, Camerún o Egipto. Todo está siendo investigado en la Audiencia Nacional.
Defex ha purgado a los implicados en los casos de corrupción. La limpieza empezó por el presidente, Fernando Aguilar, quien sustituyó en 2012 a José Ignacio Encima Charro, al frente de la compañía durante más de 20 años y detenido cuando estalló el caso. La limpieza fue descendiendo por los principales puestos directivos, no sin las trabas de algunos de esos altos cargos, reacios a irse sin pelear por mantener sus altas remuneraciones.
Pero la criba no ha sido suficiente porque Defex ya no puede operar como lo ha hecho hasta ahora. Las sucesivas investigaciones que se van derivando de la principal han atrapado a la empresa pública, imputada en ellas como persona jurídica. La corrupción que impulsó sus negocios ha acabado por tumbarlos. Ahora solo le queda liquidar las deudas y afrontar, ya como empresa extinta, sus numerosos frentes judiciales.
