La portada de mañana
Acceder
España tiene más de un millón de viviendas en manos de grandes propietarios
La Confederación lanzó un ultimátum para aprobar parte del proyecto del Poyo
OPINIÓN | Aldama, bomba de racimo, por Antón Losada

El Gobierno derogará el contrato de apoyo a emprendedores porque “introduce precariedad”

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha anunciado este martes algunos de los pasos que va a dar el Gobierno de Pedro Sánchez en materia laboral. Entre ellos, el Ejecutivo derogará el contrato de apoyo a emprendedores, aunque probablemente no “de manera inmediata”, pero está en su agenda. Valdeolivas ha defendido que esta figura contractual “tal y cómo está diseñada” no responde al objeto que perseguía e “introduce precariedad”, según ha recogido Europa Press.

Así lo ha avanzado Valdeolivas en su primera rueda de prensa de valoración de los datos de paro registrado, donde ha hecho hincapié en que este contrato “no es adecuado ni razonable”, aunque ha esgrimido que el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando y estudiando otras modalidades contractuales.

Valdeolivas ha señalado que el Gobierno seguirá actuando con otras medidas de incentivación de la contratación indefinida porque “son un mecanismo que tiene que dar frutos para reducir la temporalidad”. “Todavía estamos tomando datos y recabando información”, ha señalado Valdeolivas.

El contrato indefinido de apoyo a emprendedores, en la diana de los sindicatos como un “contrato temporal encubierto”, fue creado por el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral de 2012. Cuenta con un periodo de prueba de un año y, en el caso de no ser superado, no contempla indemnización alguna para el trabajador, lo que para sus detractores es una vía para el despido “libre y gratuito”.

Esta modalidad ofrece otras ventajas para el empresario, como bonificaciones y otras ventajas fiscales. Solo puede recurrir a este contrato aquellas empresas que tengan menos de 50 trabajadores en el momento de la contratación.

“Abaratar el despido no es un objetivo”

Por otro lado, ha recalcado que el abaratamiento del despido “no está entre los objetivos del Gobierno”. “Tendremos que seguir avanzando y tendremos que analizar el control del fraude en la contratación temporal, porque tenemos la impresión de que tasa de temporalidad no se corresponde con la estacionalidad”, ha señalado Valdeolivas, que también ha resaltado que hay muchas figuras de contratos que “debieran ser indefinidas”.

Concretamente, ha afirmado que pese a que el contrato de apoyo a emprendedores cuenta con “muy favorables condiciones de contratación e incentivos económicos atractivos”, este contrato “ni ha dado los frutos deseados ni ha conseguido frenar la temporalidad”. Valdeolivas ha justificado que ni siquiera atendiendo a las cifras, a la creación de empleo, esta modalidad contractual justifica su mantenimiento en opinión del Ejecutivo.

“Este contrato no es un contrato indefinido” y puede servir para “torcer” el principio general de la causalidad en la contratación, por el que se establece que no hay contrato temporal sin causa, ha añadido la secretaria de Estado de Empleo.

Medidas contra la temporalidad

La secretaria de Estado de Empleo ha anunciado también que el Gobierno quiere estudiar el impacto de la contratación temporal sobre el modelo de contratación general y, en esta línea, ha afirmado que se van a tomar medidas para igualar la cotización de los contratos de más corta duración, con la finalidad de que los temporales coticen por los mismos conceptos que un indefinido.

También ha señalado que los contratos de formación y aprendizaje están registrando un número de contrataciones “muy poco significativo”, por lo que también ha mostrado su intención de revisarlos. “Entendemos que no está funcionando como mecanismo de fomento del empleo de los jóvenes como se pretendía y habrá que revisar la regulación jurídica, ver cómo se comportan y adoptar medidas de reforma que permitan atacar el reto del empleo de los jóvenes”, ha recalcado.

Sobre la protección de desempleo, Valdeolivas ha defendido la urgencia de revisar las políticas activas de empleo con las comunidades autónomas así como la cobertura de la protección para los parados. En la actualidad, 4 de cada 10 personas desempleadas no recibe ninguna ayuda ni prestación para este colectivo.