El Gobierno envía al Congreso el convenio 189 que obliga a reconocer el paro de las empleadas del hogar

“Un reconocimiento de justicia”. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha acordado este martes enviar al Congreso de los Diputados que España ratifique el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras domésticas. El convenio internacional, del año 2011, ha sido una reivindicación constante de los colectivos de empleadas del hogar en la última década por lo que implica de equiparación de derechos laborales y de protección social. En concreto, porque supone que el país firmante debe reconocer el derecho al paro de estas trabajadoras, ahora negado en España de forma discriminatoria, según ha fallado recientemente la justicia europea.

Como adelantó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Consejo de Ministros ha acordado este 5 de abril enviar al Parlamento la ratificación del Convenio 189, para que las Cortes respalden dar este paso y España pueda sumarse a resto de los países firmantes. “Es una cuestión de justicia, y algo más: el cumplimiento de nuestros compromisos y la confirmación de que el camino de los derechos laborales, emprendido por este Gobierno, ya nunca más dejará atrás a las trabajadora del hogar”, ha afirmado Díaz este martes.

“Los ajustes legislativos que exige la norma internacional se encuentran ya en proceso”, indican desde el Ministerio de Trabajo. Díaz recordó la semana pasada que “desde hace más de diez años no se había avanzado nada en ese convenio”, ya que data del año 2011. En el mismo sentido se ha expresado hoy la portavoz del Ejecutivo, que ha sostenido que el Gobierno pretende “corregir la discriminación” que sufre este colectivo en “condiciones y derechos laborales”.

Implica reconocer el paro y otros derechos

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recoge toda una serie de derechos laborales y de protección social que los países firmantes tienen que garantizar para el trabajo del hogar, ejercido mayoritariamente por mujeres y que “sigue siendo infravalorado e invisible”, como recuerda su preámbulo.

Ratificar esta normativa internacional exige tomar medidas para “la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación” y que “los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social”, entre otras.

Estas dos cuestiones tienen importantes repercusiones prácticas para las trabajadoras del hogar en España. Implican, de manera clara, el reconocimiento del derecho al paro al colectivo, del que hoy se ven excluidas y que el Tribunal de Justicia de la UE ha considerado que supone una discriminación indirecta por cuestión de sexo.

Además, esa obligación de acabar con la discriminación del colectivo “en materia de empleo y ocupación” puede afectar a otras reclamaciones históricas de las empleadas domésticas, como la desaparición de una fórmula de despido sin causa (el desistimiento), con una indemnización por despido más barata que el resto. También su falta de acceso al Fogasa para proteger a las trabajadoras en caso de impagos de salarios e indemnizaciones y la cotización a la Seguridad Social por sus salarios efectivos, entre otras.

El acuerdo suscrito del Gobierno este martes reconoce que serán necesarios cambios legislativos, pero mientras en el pasado el Ejecutivo de Mariano Rajoy consideeró que la legislación española “planteaba cierta dificultad para el encaje de determinadas disposiciones del Convenio”, ahora la coalición apunta que “los elementos puntuales de la normativa vigente que deberán ser adaptados no impiden que en general exista una alta compatibilidad entre la legislación española relativa al trabajo doméstico y el Convenio nº 189 de la OIT”, recoge el acuerdo. Por ello, el Ejecutivo promueve a la ratificación.

El paro se regulará este año

El acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos recogía la ratificación del Convenio 189 y la culminación “con carácter prioritario” de la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. La pandemia interrumpió los planes ordinarios del Ministerio de Trabajo, advirtió Yolanda Díaz la semana pasada, por lo que el paso de la ratificación del convenio ha llegado finalmente a la mitad del mandato de la coalición.

La firma llegará también poco después del varapalo de la justicia europea que ha considerado que la negativa del paro a este colectivo supone una discriminación indirecta por razón de sexo. Este tema llegó al Tribunal de Justicia de la UE gracias a la denuncia de una trabajadora gallega, que ha acabado con una sentencia histórica para el colectivo.

Para colectivos de trabajadoras del hogar la ratificación ha llevado “demasiado tiempo” y advierten de que ahora hay que llevar a la práctica lo que dicta. “Debe conllevar el reconocimiento de todos los derechos en igualdad de condiciones a los del régimen general para acabar con toda forma de discriminación”, destacaban este martes desde Territorio Doméstico.

El Ministerio de Trabajo ha anunciado que el derecho al desempleo de las trabajadoras del hogar será legislado este año, así como el fin de “otras discriminaciones” laborales de estas empleadas, entre las que Yolanda Díaz mencionó el despido.