El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha asegurado este martes que cuentan con los apoyos necesarios para sacar adelante en el Congreso el real decreto ley de medidas urgentes sobre vivienda y alquiler, en vigor desde inicio de mes. Para convalidar el texto hacen falta, además de los votos de Unidos Podemos, que ya ha anunciado su apoyo, los de PDeCAT y PNV, que en algún momento advirtieron de que no se diera por hecho.
Durante su intervención en el Forum Europa, Saura ha apuntado que aunque aún no hay fecha para su debate y convalidación en la Diputación Permanente del Congreso, “efectivamente” cuentan con los apoyos necesarios para sacarlo adelante, informa EFE. Según la Constitución, los reales decretos leyes debe ser convalidados o derogados por el Congreso en 30 días hábiles desde su entrada en vigor (6 de marzo), plazo que se cumple el 12 de abril.
Entre otras medidas, el real decreto ley establece que las rentas no podrán subir por encima del IPC en su revisión anual, al tiempo que fija determinados incentivos fiscales y un índice de precios de referencia de los alquileres.
Asimismo, se amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en la duración de los contratos o a 7 años si es una persona jurídica y pasa a cuatro meses el período de preaviso por parte del arrendador y a dos meses para el arrendatario.
Para mantenerse en el tiempo, estas medidas deberán recibir el visto bueno del Congreso, trámite para el que se cuenta con un plazo de 30 días laborales desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que no decaiga.
El 22 de enero, la Cámara Baja rechazó convalidar el único real decreto ley, también en materia de alquiler, sometido hasta entonces a su aprobación por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La norma recibió 103 votos a favor, 243 en contra y una abstención, después de que Unidos Podemos anunciara que votaría en contra porque el decreto no incluía las medidas que pactó con el Ejecutivo de cara a apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Por otra parte, Saura ha defendido la necesidad de redactar una ley de vivienda que, entre otras cosas, eleve el peso de la vivienda social a precios asequibles hasta el 8% de los hogares en 2030 (frente al 2,5 % actual) y establezca que las casas protegidas lo sean para siempre.