Gobierno y Generalitat de Catalunya chocan sobre qué índice aplicar en las zonas de alquileres tensionados

Una reunión con dos temas de fondo. El primero, el futuro de Rodalies y la gestión de las incidencias que afectan al servicio. El segundo, cómo contener los precios del alquiler en los 140 municipios catalanes que la Generalitat quiere declarar zonas tensionadas, lo que permitirá poner topes a las subidas de rentas.

La ministra en funciones de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, se han reunido este miércoles en Madrid durante más de tres horas. Reunión que se ha saldado con un acuerdo para mejorar la respuesta a las incidencias de Rodalies. Y con un choque sobre el control del alquiler. La Generalitat reclama aplicar su índice de precios, mientras que el Ministerio aboga por el índice que recoge la Ley de Vivienda. 

“Su compromiso es que a la mayor brevedad posible, publicarán su índice para que la Ley pueda entrar en vigor”, ha asegurado la consellera Ester Capella en rueda de prensa tras la reunión. “Nosotros ya teníamos un índice que funcionaba”, ha indicado.

“Por parte de la Generalitat se ha hecho todo el trabajo para que pueda estar a punto. A nosotros cuando nos hablan de índices homogéneos. No estamos de acuerdo, porque nosotros ya habíamos hecho un índice que funcionaba. Por nosotros no quedará la capacidad de incidir para que la ciudadanía tenga vivienda a precio asequible”.

En junio, la Generalitat inició la tramitación para considerar 140 municipios como tensionados, con una oferta insuficiente de vivienda asequible, porque entendía que “cumplen los requisitos que marca la ley para implementar las medidas de contención de las rentas previstas en la Ley estatal por el derecho a la vivienda”, según indicó entonces. Entre ellos, Barcelona. Municipios con más de 6 millones de personas, esto es, más del 80% de la población de toda Catalunya. 

La Ley de Vivienda marca que, este año, esté en vigor en toda España un tope de precios del 2%, que será del 3% en 2024. Un límite que se aprobó como medida de contención de los alquileres por el despegue de la inflación tras el inicio de la guerra en Ucrania. A partir de 2025, se tiene que aplicar un índice de precios, que desligue los alquileres del IPC, y que aún está por elaborar. La Ley marca que se defina a lo largo de 2024. 

Según el Ministerio, respecto al desarrollo del índice y la declaración de áreas tensiondas que ha pedido la Generalitat, ambas están en procedo. “Los equipos técnicos del Ministerio y del Govern están manteniendo reuniones periódicas para poder avanzar en ambas cuestiones, con el objetivo de que se haga efectivo cuanto antes”. Y “respecto a la declaración de áreas tensionadas, la ministra ha recordado a la consellera que la Generalitat aún no ha remitido toda la documentación necesaria. En concreto, deben enviar, junto con la declaración, un plan específico mencionado en el artículo 18.4 de la ley [de Vivienda], donde se recogerán las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo”, apunta el Ministerio a través de un comunicado.

La falta de acuerdo sobre la aplicación del índice de precios en zonas tensionadas es criticada por el Sindicat de Llogateres. En su opinión, “el Ministerio de Transportes está bloqueando la aplicación de la regulación de precios del alquiler, a pesar de estar prevista a la Ley de Vivienda y plenamente preparada” en Catalunya. “La excusa utilizada, contradiciendo mensajes anteriores, es que el índice catalán de precios del alquiler no es homologable y hay que hacer uno de nuevo de ámbito estatal”. En ese escenario, exigen que “no se contemple la investidura de Pedro Sánchez hasta que su gobierno rectifique y la regulación de precios sea vigente”.

No se ha hablado de transferir Rodalies

Sobre Rodalies, Capella ha asegurado que en la reunión de hoy no estaba sobre la mesa. “El traspaso no formaba parte de la reunión, si se tiene que producir irá por otra vía”. También, que la Generalitat reclama “el traspaso íntegro” de las competencias, que incluye tanto la gestión como las infraestructuras, de trenes y de vías. “Mientras eso no se produzca, exigir y reclamar todo lo que el Estado tiene que hacer”, como “mejorar el servicio”. 

En este sentido ha apuntado que sí se ha acordado “mejorar el tiempo de respuesta de las incidencias”, que tienen “una afectación directa en las personas, a la hora de llegar al trabajo, al médico o a casa. Mejorar el tiempo de respuesta y la manera en la que se comunican, transparencia sobre la causa de las incidencias” y “trabajar conjuntamente, para dar respuesta eficiente y rápida”. Según el Ministerio de Transportes, el 50% de incidencias causadas por vandalismo en toda España suceden en Catalunya y cerca del 37% de las incidencias son ajenas a la explotación ferroviaria, por ejemplo por las condiciones meteorológicas adversas, arrollamientos o el citado vandalismo.

El Ministerio indica también que, a petición de Raquel Sánchez, ambas partes han acordado recuperar las reuniones del Órgano Mixto Renfe-Generalitat, cuyo último encuentro fue en septiembre de 2022. Este será el encargado de desarrollar los términos para duplicar las frecuencias de los servicios de Rodalies en Lleida antes de fin de año.

También apunta como objetivo definir y fimar un contrato programa, que es necesario para regular la relación entre el operador (Renfe) y el titular del servicio (Generalitat de Catalunya), así como gestionar los ajustes y modificaciones de los servicios, cambios de frecuencia, planes alternativos o ampliación de frecuencias, por ejemplo. El Ministerio de Transportes acota la “importancia de reactivar el grupo de trabajo del traspaso de los recursos económicos”, del servicio de Rodalies, sin plantear así que incluya las infraestructuras.