El Gobierno incumple su promesa de rendir cuentas sobre la evolución de la pobreza energética

El Gobierno acumula ya más de mes y medio de retraso en la publicación de su análisis preceptivo de los indicadores de pobreza energética de 2020, cuando esta problemática ya empeoró tras el estallido de la pandemia.

El apagón en esa rendición de cuentas llega en un momento crítico, en el otoño más complicado que se recuerda por la crisis energética global, con precios récord en el mercado mayorista eléctrico desde hace meses por la subida exponencial del gas. 

En 2019, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. El documento prometía “establecer un sistema robusto de seguimiento” de este fenómeno mediante cuatro indicadores, con un informe anual que debe publicarse “a más tardar el 15 de octubre de cada año”. Ese compromiso se ha incumplido todos los años desde entonces. Pero el retraso de 2021 es inédito.

Las urgencias del Ministerio para la Transición Ecológica son otras. Este jueves la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, participaba en una reunión de ministros de Energía de la UE en la que defendía una reforma del mercado eléctrico junto a otros países como Francia e Italia, que representan al 45% de la población europea, pero con la oposición de los Estados del norte, liderados por Alemania y Holanda. Un encuentro “positivo”, según Ribera, en el que se palpó una “creciente comprensión” hacia las peticiones para tratar de que la producción de electricidad con gas no condicione los precios del mercado mayorista eléctrico por el sistema marginalista.

“Necesitamos que el precio de la electricidad se parezca mucho más al coste medio de generación y no al coste marginal. Los consumidores deben tener derecho a disponer de un precio estable”, indicó Ribera.

Su departamento asegura que “en breve” dará a conocer el informe de pobreza energética de 2020, año para el que todo apunta a un empeoramiento de esta problemática tras la mejora de los indicadores experimentada en 2019. 

Los parámetros que tiene en cuenta el Ministerio en ese análisis son cuatro: el gasto desproporcionado de energía en los hogares, la denominada pobreza energética escondida (que implica un gasto energético absoluto inferior a la mitad de la mediana nacional), el porcentaje de hogares que sufren retrasos en el pago de las facturas y los que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada. 

El porcentaje de hogares con problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada se disparó en 2020 hasta el 11,1%, frente al 7,7% de un año antes. Este indicador está recogido en la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. La última edición, publicada en julio, reflejaba que en 2020 el porcentaje de población en situación de carencia material severa en España se situó en el 7%, frente al 4,7% del año anterior.

Según datos publicados en noviembre por Eurostat, España era en 2020 el sexto país europeo con más hogares con problemas para mantener su hogar caliente, por delante de Bulgaria (donde afectaba al 27,5% de la población), Lituania, Chipre, Portugal y Grecia. En cuanto al porcentaje de hogares con retrasos en el pago de sus facturas, en 2020 se situó en España en el 9,6%, según Eurostat, una cifra sin precedentes en la serie del organismo europeo, que abarca hasta 2003.

La Estrategia contra la Pobreza Energética también contemplaba la “automatización” de un nuevo bono social energético. Actualmente, los descuentos en la factura para consumidores vulnerables del bono social exigen un farragoso trámite burocrático que hace que, según organizaciones como la OCU, más de un millón de hogares no lo disfruten pese a tener derecho a él. Por ello, las asociaciones de consumidores llevan tiempo pidiendo que su concesión sea automática.

En octubre, y según datos facilitados por el Ministerio, había 1,2 millones de clientes con estos descuentos. El número de beneficiarios sufrió una fuerte caída el pasado verano, según los datos de Transición Ecológica, más actualizados que los de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El total de clientes con el bono no se ha recuperado del bajón que sufrió hace un año, tras acabar la prórroga automática que se aprobó durante la primera fase de la pandemia.

El bono está destinado a los consumidores con rentas bajas o con circunstancias especiales –como recibir una pensión mínima, estar desempleado o incluido en un ERTE o ser familia numerosa, independientemente de su renta–, es necesario contar con la tarifa semirregulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), en la que el coste de la energía está indexado a la cotización horaria del mercado mayorista, por lo que es la más expuesta a la explosiva subida del pool.

En octubre, el Gobierno elevó hasta marzo los descuentos en factura para los consumidores vulnerables con el bono social (pasaron del 25% al 60%) y los vulnerables severos (del 40% al 70%). También duplicó el presupuesto para el bono térmico para calefacción y agua caliente. El Ejecutivo, que tras el estallido de la pandemia prohibió los cortes de suministros mediante el llamado escudo social, creó en septiembre la figura del suministro mínimo vital, prolongando hasta 10 meses la prohibición de interrumpir el suministro de electricidad por impago. Pero no ha hecho que la concesión del bono sea automática.

La promesa de Sánchez

Esta semana, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha reiterado el compromiso de Pedro Sánchez de que los hogares pagarán por la electricidad en 2021 lo mismo que en 2018, descontando el IPC. Según Ribera, la promesa ya se está cumpliendo gracias a las rebajas fiscales en vigor, que todo apunta a que el Ejecutivo va a tener que prorrogar para principios de 2022, y a la reducción de los cargos (parte regulada de la factura que fija el Gobierno) del 96% aprobada en septiembre con vigencia hasta marzo.

“Hemos actuado sobre las variables sobre las que puede actuar el Gobierno”, señaló el martes la vicepresidenta, que subrayó que el Ejecutivo no puede intervenir en la formación de precios, dado que es un mecanismo que se determina a nivel internacional. Ribera reiteró el compromiso de que el promedio de hogares pagará lo mismo por la luz, pero es un promedio: “Habrá muchas familias que paguen menos, otras lo mismo y otras más”. 

“Eso no significa que cada una de las familias pague exactamente lo mismo que pagaba en 2018, pero sí que el agregado del consumo doméstico en 2021 va a ser equivalente al agregado del consumo doméstico del 2018”, abundaba en una entrevista en este jueves en El Economista, en la que reconocía que “probablemente” en este ejercicio se va a registrar déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico), una situación que no “gusta” al Ejecutivo, pero que “es la opción menos mala en una situación como la que atravesamos”.

En el caso de los clientes acogidos al PVPC, la asociación de consumidores Facua considera que la factura de diciembre tendría que salir a devolver para que se cumpliese la promesa de Sánchez. Según la OCU, es “imposible” que se haga realidad tras las fuertes subidas del pool de los últimos días. Aunque el viento está permitiendo paliar de algún modo los elevadísimos precios del gas y la menor aportación de la nuclear por la parada por recarga de tres reactores, el mercado mayorista de electricidad encadena ya 16 días por encima de los 200 euros el megavatio hora (MWh). Es una racha sin precedentes en este 2021 de récords en los precios de la luz.