Juez y parte. La empresa nombrada para decidir a quién tiene Bankia que devolverle el dinero de las preferentes es la misma que representa al banco frente a las demandas judiciales de los clientes que se consideran engañados. Se trata de KPMG, una de las cuatro grandes multinacionales de la consultoría que trabajan para millones de empresas y administraciones en todo el mundo. En este caso, para el Estado y para Bankia en dos partes diferentes del mismo conflicto, el de la venta fraudulenta de preferentes, con miles de personas afectadas de por medio.
El FROB y Bankia han encargado a KPMG la función de “experto independiente”, figura prevista en el proceso de arbitraje para que analice una a una las reclamaciones de los clientes de preferentes de esta entidad para ver si cumplen con los requisitos y para decidir posteriormente cuánto dinero de su inversión les debe ser devuelto. La auditora decidirá si miles de afectados fueron efectivamente engañados o sabían del riesgo al que se exponían.
Mientras un departamento de la consultora decide sobre los ahorros de los clientes que acudan al arbitraje, otro departamento, el de servicios legales, representa a Bankia en los juzgados. Los abogados de KPMG defienden los intereses del banco contra demandas de clientes que han elegido la vía judicial para denunciar que fueron engañados en la compraventa de preferentes, que la CNMV calificó de irregular en un informe desvelado hace unas semanas por eldiario.es.
Tras ser consultada por eldiario.es sobre este posible conflicto de intereses, Bankia ha comunicado que la entidad ha dejado de contar con los servicios legales de KPMG “desde la semana pasada”. Fue el pasado jueves cuando comenzó formalmente el rol esta auditora como experto independiente en el proceso de arbitraje, aunque su designación era pública desde hace meses. Sin embargo, KPMG seguirá representando al banco en casos que ya están en curso.
Por ejemplo el de Alberto Funes, pintor de obra que trabaja por cuenta propia. En 2009 compró preferentes de Caja Madrid y en noviembre de 2012 presentó una denuncia civil pidiendo nulidad del contrato “porque nunca fui consciente de los riesgos reales de lo que estaba contratando”, nos explica. Una vez que la denuncia fue admitida por el juez, Bankia tenía 20 días para contestar.
Lo hizo en su nombre KPMG. “Nos sorprendió mucho ver que la contestación a la demanda venía firmada por un abogado de KPMG”, dice Alberto, que todavía guarda una copia de la carátula del CD que le facilitó el juzgado y donde se ve claramente la identidad corporativa de la auditora, ahora “experto independiente” en el escándalo de las preferentes, como representante del banco.
En este caso concreto, la abogada que firma el documento remitido al juez es Beatriz Rúa, “directora del departamento de Procesal de la oficina de Madrid de KPMG Abogados, S.L.”, según consta en su currículum publicado en Internet. Pedro Chamorro y Manuel Chamorro, letrados que representan al pintor preferentista, se enfrentan en el juicio a un gigante legal que además pone al frente de su documentación a la jefa del equipo legal para defender a un gran banco. Todo contra la demanda de un pequeño ahorrador.
Esta situación no es excepcional. “En todos los casos que estoy llevando en Madrid capital, el abogado de Bankia es de KPMG”, nos cuenta Israel Álvarez Calzada, que representa a unos 40 preferentistas. Esta misma versión ha sido confirmada a eldiario.es por dos abogados más, aunque la relación de la auditora con el banco no es en exclusiva y hay otros despachos que también representan a la entidad en los procesos.
Andrés Herzog, que lidera la ofensiva legal de UPyD contra Bankia y la gestión de sus preferentes, considera que “es inconcebible que sea la misma entidad que defiende a Bankia en los procedimientos judiciales quien haya sido contratada” para poner filtro al arbitraje y denuncia “un evidente conflicto de interés”. Desde 15MPaRato, que defiende a varios accionistas que canjearon preferentes, denuncian la situación: “si van a contratar a una de las partes en el conflicto para decidir sobre el arbitraje, ¿por qué tienen que ser los abogados de Bankia? Ya que estamos, que nos dejen decidir a los abogados de los preferentistas”, ironiza el letrado Juan Ignacio Moreno Yagüe.
Este posible conflicto de intereses es rentable para KPMG, que facturará varias veces al Estado por mediar en un mismo asunto. Por un lado, por defender en los juzgados a Bankia, una entidad rescatada con dinero público controlado por FROB. Segundo, por realizar la auditoría caso por caso de los clientes que acudan al arbitraje. Y una derivada más: por cada 'no' de KPMG en el arbitraje, se abrirá una nueva posibilidad nueva demanda de la que defender a Bankia en los tribunales. Esta última opción queda desactivada después de que, tras la consulta de eldiario.es, Bankia haya decidido dejar de contar con KPMG para futuras demandas judiciales.