El Gobierno prepara la convocatoria de 40.000 plazas de empleo público en 2024

El Gobierno prevé ofertar este año unas 40.000 plazas de funcionarios. El ministerio que dirige José Luis Escrivá prepara un real decreto de Oferta de Empleo Público que llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros y que incluye la provisión de plazas de acceso por turno libre y las de promoción interna. Según fuentes de este departamento, con esta propuesta, ligeramente superior a las 39.574 del pasado ejercicio, “se garantiza la generación de empleo neto”.

El plan, sin embargo, ha sido recibido de forma dispar por los principales sindicatos. De hecho, solo UGT se ha mostrado “satisfecha” con los criterios que se han fijado este miércoles en la mesa general de negociación de la Administración General del Estado. Según el sindicato, de las 40.121 plazas, unas 20.840 será de turno libre y, al menos, 10.600 corresponderán a promoción interna, además de las 8.681 plazas para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otras 4.162 irán destinadas a nuevos servicios contemplados en la ley de presupuestos de 2023, como el Servicio Estatal Público de Empleo, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico.

Desde Comisiones Obreras han considerado la propuesta “pobre en términos cuantitativos y cualitativos” y han lamentado que el ministerio se haya “negado” a modificarla en las sucesivas reuniones, así como a facilitar los datos de la tasa de reposición. En concreto, CCOO señala que la propuesta respecto a 2023 “empeora”, principalmente respecto al número de efectivos de la Administración General del Estado.

En la misma línea se han mantenido desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que tampoco ha rubricado el texto presentado por Función Pública porque, ha dicho, “es insuficiente, llega con retraso y mantiene la tasa de reposición”. Este último punto es una de las principales reivindicaciones de este sindicato porque limita el número de plazas que se pueden cubrir en la administración pública respecto al de bajas previas. El Ejecutivo se comprometió a eliminarla en 2025.

Pese a que el ministerio asegura que estas algo más de 40.000 plazas garantizan la generación de empleo neto, desde CSIF calculan que se produce una nueva pérdida de efectivos de personal laboral, con 443 plazas menos y recuerdan que la Administración General del Estado “acumula un déficit de 43.000 plazas, correspondientes al periodo 2010-2020”, cuando en algunos de esos años la tasa de reposición llegó a ser del 10%, y que “el 60% de la plantilla se jubilará en la próxima década”.

Otro de los puntos que destaca la central sindical que es la OPE no garantiza la ejecución de los plazos. Uno de los problemas habituales que enfrenten los opositores y las opositoras es que entre que se realizan las pruebas y se toma posesión real de la plaza puede pasar mucho tiempo. En este sentido, CSIF denuncia “el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con cerca de 50.000 plazas sin cubrir”.

La convocatoria de empleo público que prepara el Ejecutivo va en paralelo con los procesos en marcha a raíz de la ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso en entredicho la semana pasada, al considerar que no supone una sanción para los abusos de temporalidad de la administración, y que colectivos de interinos piden anular.