El Senado ha aprobado este miércoles definitivamente la senda de estabilidad (objetivos de déficit y deuda) que dan forma a los Presupuestos Generales del Estado para 2020 por 133 votos a favor, 109 en contra y 14 abstenciones. Se trata de déficit público del 1,8% del PIB este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023, acompañado por un límite de gasto de 127.609 millones, un 3,8% más. El techo de 2021 asciende a 131.437 millones de euros, un 3% más. Estos objetivos de déficit quedan ya vigentes al margen de que se aprueben o no los PGE, no así el techo de gasto, que va unido a este proyecto.
La senda ha obtenido los votos favorables del PSOE, PNV, Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Teruel Existe (2), CC-Partido Nacionalista Canario, PRC, PAR y Agrupación socialista Gomera, así como las abstenciones de ERC y de EH Bildu. De su lado, han votado en contra los 114 senadores del PP, Ciudadanos, JxCAT, Vox y UPN, informa EP.
La crisis del coronavirus ha tenido su espacio en la intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ha apelado a la responsabilidad de los grupos para flexibilizar las reglas fiscales y de gasto “en un momento que se requiere”, entre otras cosas en un contexto en el que todos los gobiernos y organismos internacionales están preparando mayores inversiones para prevenir el bloqueo de la economía.
En una declaraciones anteriores a los medios en los pasillos del Senado, Montero ha señalado si bien por el momento no hay contabilizado un impacto en la economía española por esta crisis sanitaria, si se prolongara el Gobierno está “preparado” para actuar en coordinación con la UE y estudiaría medidas, que podrían incluir las fiscales. El Eurogrupo ha decidido por el momento permitir a los gobiernos saltarse los límites de déficit “temporalmente” para afrontar el impacto del coronavirus.
La ministra ha defendido la necesidad de suavizar la senda de estabilidad, dado que sigue vigente la aprobada hace tres años, y “el país de hoy no es el mismo”. Ha recordado que votar en contra supondría renunciar a un aumento de la capacidad de gasto de 3.500 millones en las comunidades autónomas y 7.500 millones en la Seguridad Social.
Una vez el Gobierno ha obtenido el respaldo del Senado a la nueva senda, empezará a elaborar el proyecto de Presupuestos de 2020, cuya tramitación parlamentaria y aprobación definitiva espera tener lista antes de que acabe el verano. La ministra de Hacienda ha reiterado que el Gobierno mantiene su hoja de ruta de presentar el anteproyecto de ley cuando tenga los apoyos asegurados. De hecho, el Ejecutivo renunciará a los presupuestos de 2020 si las elecciones catalanas impiden el apoyo de ERC, y se centrará en los de 2021.