El Gobierno trabaja a contrarreloj con la estatal Tragsa para tramitar la avalancha de proyectos de renovables

El Gobierno trabaja a contrarreloj con la empresa pública Tragsa para tramitar el aluvión de proyectos de renovables que se acumulan sobre la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica. El plazo vence en septiembre, tras la prórroga de nueve meses a la caducidad de los permisos de acceso a la red que el Ejecutivo aprobó en un Real Decreto-Ley en diciembre.

El tiempo apremia, con el negocio energético inmerso en un momento de ebullición, con una crisis de precios para la que no se atisba el fin, por el contagio de las subidas del gas al mercado eléctrico, y el sector sacudido por el anuncio, este jueves, de la escisión de Naturgy en dos nuevas compañías cotizadas.

Unas horas antes del anuncio de la energética, la vicepresidenta Ribera reconocía en un acto en IESE el problema de falta de recursos para hacer frente a la tramitación de los parques. Las administraciones “no están dotadas” ante la avalancha de proyectos de renovables presentados porque “los equipos no están dimensionados adecuadamente” y, además, prima la cautela a la hora de autorizar los proyectos para cubrirse de posibles problemas legales en el futuro. “Hay que resolver este problema bien y pronto”, indicaba.

Para agilizar los trabajos relativos a la tramitación de los proyectos, el departamento de Ribera ha contratado los servicios de Tragsatec, para que presten servicio en varias áreas funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. En concreto, las de Toledo-Ciudad Real, Valladolid-Palencia, Aragón, Madrid, A Coruña-Lugo, Albacete-Cuenca, Guadalajara, Alicante, Valencia, Cádiz-Sevilla, Navarra, León, Granada-Málaga y Extremadura.

En estas dos últimas los trabajos aún no han comenzado. Tragsa empezó a desarrollar esta labor de refuerzo en noviembre de 2021 y los trabajos se van a prolongar hasta septiembre. Un equipo multidisciplinar integrado por personal de perfil técnico, jurídico y administrativo, con diferentes niveles de experiencia, “trabaja in situ en la gestión de los trámites de la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del procedimiento que se tramita de manera conjunta con la evaluación de impacto ambiental”, explica Transición Ecológica.

Entre sus labores figura revisar las solicitudes presentadas por los promotores y prestar apoyo a la elaboración de informes consultivos a las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación renovable pueda afectar a sus bienes y derechos a su cargo, así como en relación a su impacto ambiental, para que presenten su conformidad o los reparos que consideren. Otras tareas son las relacionadas con el análisis técnico de la respuesta del promotor a las alegaciones presentadas por parte de las administraciones.

En todo caso, precisa el ministerio, esos trabajos tienen el carácter de asistencia técnica y de apoyo a la atención del interesado, “siendo competencia del personal funcionario las actividades de supervisión, coordinación, seguimiento y cualquier otra relacionada con la tramitación y gestión de los procedimientos de los expedientes”. 

Petición del sector

El pasado diciembre, el sector eólico ya reclamó subcontratar trámites administrativos para los proyectos renovables ante el fenomenal atasco de peticiones, al tiempo que pedían una prórroga al sistema de hitos que vencía ese mismo mes para evitar una devolución masiva de los avales depositados. La prórroga se concedió días después, en un ejercicio de pragmatismo por parte de la Administración: la ejecución de esas garantías habría propiciado un aluvión de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de los promotores a la Administración por no poder cumplir a tiempo sus propios plazos.

Transición Ecológica accedió a dar ese plazo extra con el respaldo unánime de las comunidades autónomas, que tramitan los proyectos de menor tamaño. Y en paralelo, abrió una ventana temporal para permitir renunciar a los proyectos que tenían concedido un punto de acceso a la red, pero eran conflictivos desde el punto de vista ambiental o social, recuperando a cambio los avales que habían depositado como garantía, de 40.000 euros por cada MW previsto.

Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso indican que a esa ventana temporal han acudido bastantes menos proyectos de los esperados. Transición Ecológica todavía no ha dado a conocer esos datos. Una de las empresas con proyectos más polémicos es Forestalia, que ha renunciado a tramitar una veintena con cerca de 800 megavatios (MW) de potencia, pero sigue adelante con el 90% de sus proyectos. También se han acogido a esa ventana otros grupos como Capital Energy. Otros como Endesa no han desistido de ninguno. La eléctrica considera que todos son viables. 

Hasta enero, Transición Ecológica había recibido solicitudes para instalar 66.000 MW renovables, de los que menos del 30%, unos 19.700 MW, estaban en fase de tramitación ambiental, y que estaban repartidos en 697 proyectos: 467 fotovoltaicos, de los que ni una cuarta parte (113) había llegado a la fase de evaluación de impacto ambiental; 211 eólicos (34 en evaluación); dos hidroeléctricos (en evaluación) y 17 de hibridación (tres en evaluación). Y a ellos se suman los proyectos menores de 50 MW, que tramitan las comunidades autónomas.

En la actualidad, y sin contar con los proyectos que han renunciado con esa ventana temporal, hay solicitudes de acceso y conexión a red por unos 150 GW de renovables, pero el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) solo prevé añadir hasta 35 GW en 2025 y 60 GW en 2030.