La reforma de la ley hipotecaria será insuficiente para frenar las cláusulas abusivas
La crisis financiera bajó la marea del crédito fácil y quedaron al descubierto los desmanes que la banca había cometido en los contratos hipotecarios. Ocho años después, los tribunales siguen encontrando nuevos tipos de cláusulas abusivas en las hipotecas firmadas cuando todo iba bien. La letra pequeña se escondía y unos clientes pocos desconfiados con su banco (y su caja de ahorro) convivían con ciertos abusos sin críticas.
Pero si algo quebró la crisis, además de bancos, trabajos, vidas y familias, fue la confianza de los clientes en sus bancos. Las preferentes, los productos híbridos o las acciones de Bankia fueron la primera y más sonada alarma de que el director de sucursal de toda la vida había endosado un producto que no se adecuaba a su cliente. Luego llegaron los desahucios y muchos comenzaron a escudriñar aquella letra pequeña: cláusulas suelo, intereses de mora usureros, hipotecas multidivisas casi imposibles de comprender, penalizaciones desmedidas y gastos de gestión repartidos solo en la parte del cliente que la Justicia ha reconocido como abusivas.
“Se han roto los contratos bancarios”, resume Fernando Zunzunegui, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Carlos III. Zunzunegui asegura que el problema de España no es tanto de nivel de la normativa de transparencia en vigor, como de incumplimiento de las entidades financieras: “Los bancos incumplen las leyes, sobre todo la de protección de los consumidores”.
Esta es la razón por la que cuando se acude a un tribunal, muchos contratos terminan siendo anulados. No es un problema de la ley, es un problema de los que incumplen la ley.
Malas prácticas
El resto de los expertos consultados está de acuerdo en que España no vive un problema normativo, sino que el problema reside en las malas prácticas y no tiene por qué mejorar con la nueva regulación.
“Hay mucha legislación pero no hay nadie de oficio que vele por que esta se cumpla”, señala Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense. “Hay muchas cuestiones en general relativas a la información y la transparencia que tienen que estar recogidas en la legislación. El coste y los riesgos de la hipoteca tienen que quedar muy claros”, añade.
“Todas las normativas serán para mejor, el problema será la aplicación”, apunta Patricia Suárez, presidente de la asociación de usuarios financieros Asufin, que centra los problemas más en la aplicación de las normas que en las propias leyes y en que los bancos busquen las vueltas para cumplir solo de forma aparente con la norma.
Por eso, reina el escepticismo ante la nueva normativa que este mismo viernes comenzará a tramitar el Gobierno para mejorar la ley hipotecaria y que tiene como principal objetivo aplicar una directiva de obligado cumplimiento.
Zunzunegui asegura que la norma que está a punto de tramitarse como proyecto de ley nace descafeinada al carecer de su instrumento fundamental: un test de solvencia con el que el banco asuma que el deudor tiene dinero para hacer frente a la hipoteca. Con este test, si finalmente el deudor impaga, la responsabilidad es del banco y no del hipotecado como sucede en este momento. Este test es obligatorio en algunos países europeos, como Bélgica.
Además, también está pendiente una regulación del contrato hipotecario que fije las reglas de juego. En este momento, la interlocución cliente-banco está deshecha y es necesario regular por ley los contratos financieros. En la penúltima legislatura se hizo un borrador para reformar el código mercantil en este sentido que acabó en un cajón. “Era un bodrio”, sentencia Zunzunegui que espera que se regulen estos contratos en esta legislatura.
Mediación y nueva reforma
En cualquier caso, el Gobierno quiere aprovechar la transposición pendiente de la directiva europea sobre el mercado hipotecario para desarrollar una nueva ley hipotecaria con el pistoletazo de salida este viernes al aprobar el informe en el consejo de ministros. La norma europea fue aprobada en 2014 y su retraso en la adaptación dentro de la normativa española (debería haberse adaptado antes de marzo de 2016) ya le valió a España la amenaza de Europa de una posible multa.
La transposición ha llegado en medio de un nuevo maremágnum de sentencias por los abusos bancarios tras la sentencia europea sobre las cláusulas suelo y la reactivación del frente de batallas sobre los gastos de constitución de la hipoteca.
Precisamente en el preámbulo de la directiva se apunta que “la crisis financiera ha demostrado que el comportamiento irresponsable de los participantes en el mercado puede socavar los cimientos del sistema financiero” y señala que esto “debilita la confianza de todos los interesados, en particular los consumidores, y puede tener graves consecuencias sociales y económicas”.
Ante la última oleada de decisiones judiciales, el Gobierno se ha decidido a actuar para tejer un cordón sanitario que libere a los ya sobrecargados juzgados del peso de 1,5 millones de clientes con cláusula suelo demandando a su entidad. Los bancos no están por la labor de devolver automáticamente lo cobrado de más con estas cláusulas y, con casi toda seguridad, el Ejecutivo aprobará este mismo viernes un sistema que les obligará a negociar por la vía extrajudicial con los clientes esta reclamación.
La decisión llega tres semanas después de conocerse el fallo del Alto Tribunal europeo, una vez que se ha logrado el respaldo del PSOE a la medida que se aprobará como un Real Decreto. Los socialistas exigieron mutar la idea inicial, un código de buenas prácticas, a la norma que verá la luz en el que el banco estará obligado a negociar con un mecanismo extrajudicial –pendiente de aclarar– las reclamaciones de los clientes.
Esta obligatoriedad hace que entidades que hasta ahora no reconocían tener cláusulas suelo abusivas, como Banco Sabadell o Liberbank, tengan que dar respuesta a sus clientes, calculándoles cuánto les deberían haber cobrado de cuota de no haber existido la cláusula suelo. Si la propuesta no satisface a las partes, se podrá recurrir a los tribunales.
