Los grandes ayuntamientos ya habían pedido más capacidad de gasto por la crisis como el acuerdo del Gobierno y Bildu

Uno de los puntos del pacto alcanzado este miércoles por PSOE, Unidas Podemos y Bildu para la prórroga del estado de alarma se refiere a la financiación de las entidades locales. “Las entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del Covid–19. Para las entidades locales, estos gastos en políticas sociales serán exceptuados del cómputo de la regla de gasto”, reza el texto del acuerdo. Se trata de suspender en España parte de las reglas fiscales en el contexto de la pandemia, como ya se ha hecho a nivel europeo. 

Fuentes de Hacienda remarcan que las excepciones a la regla de gasto se pueden hacer, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Por ejemplo, el decreto 8/2020 de 17 de marzo, ya autorizó a los ayuntamientos a destinar 300 millones del superávit a medida de coste social. Lo acordado ahora va en esa línea, aseguran.

En la práctica, esto implica para los ayuntamientos que van a tener menos restricciones en los gastos a partir de ahora para afrontar la crisis del coronavirus. Que es precisamente lo que siete grandes ayuntamientos, incluidos Madrid y Barcelona, reclamaron hace algo más de un mes a Hacienda.  

“Me siento ofendido porque a través de un manifiesto le llevamos pidiendo lo que Bildu le logra arrancar con una firma para salvar los intereses del grupo parlamentario socialista. O que la autorización del superávit se lo conceda a Bildu antes que a la FEMP”, ha lamentado este jueves el alcalde Madrid, José Luis Martínez–Almeida, informa Sofía Pérez Mendoza.

Los alcaldes y alcaldesas de las siete ciudades más pobladas -Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia, Sevilla y Málaga- firmaron una declaración conjunta que solicita al Ejecutivo de Pedro Sánchez permiso para, entre otras cosas “hacer uso de los remanentes económicos anteriores sin limitación”.

Como señalaba el manifiesto, “las grandes ciudades presentamos unas condiciones de concentración y densidad de población y actividades industriales y económicas que nos sitúan en la primera línea de incidencia de la pandemia del coronavirus”. Lo cual tiene “duras repercusiones” en el tejido social, la actividad económica y la prestación de servicios públicos esenciales como el transporte, la seguridad pública o la asistencia social, “muchas veces asumiendo competencias impropias”, subrayan.

La idea de lo pactado ahora, comenta el economista y director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, es hacer posible que las corporaciones locales puedan incrementar su gasto en actuaciones destinadas a paliar los efectos sociales de la COVID, excluyendo esas partidas del cálculo de la regla que limita el crecimiento del gasto de un año a otro. “Entiendo que eso se financiaría con los excedentes que las administraciones locales han acumulado en los últimos años”, señala.

Respecto a si para ello debería modificarse la Ley de Estabilidad Presupuestaria, señala que entiende que sí sería necesario o, al menos, aconsejable, “introduciendo algún tipo de cláusula de escape para situaciones de emergencia o crisis económica grave. Esta cláusula podría permitir que en situaciones excepcionales se excluyan ciertas partidas de la regla de gasto y las corporaciones locales puedan incurrir en déficits”.

Por su parte, la profesora de Economía de la UNED Ana Herrero señala que en una primera apreciación, el acuerdo podría no suponer una modificación de la normativa de estabilidad presupuestaria, sino hacer una interpretación “extensiva” de la cláusula de escape que tiene la regla de gasto y que, en su sentido estricto, solo se aplica a las comunidades autónomas y al gobierno central. “La norma establece que los municipios tienen que cerrar sus presupuestos a déficit cero o con superávit, así que ahora se les permitiría saltarse esta restricción”, afirma.

La medida pactada debería permitir movilizar hasta 28.000 millones de euros, los que tienen como remanente en estos momentos los municipios, subraya el responsable de Política Económica de IU y ex concejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato. Y a ellos deberían sumarse otros 15.000 en en comunidades autónomas. “Aunque no fuera todo, el impacto al menos entendemos que sería de 25.000 millones de euros, lo mismo que las medidas adoptadas hasta ahora”, resume. “Simplemente con que no computen esos gastos (sanidad, servicios sociales o planes de empleo) en regla de gasto, se libera a muchísimos ayuntamientos en todo el Estado para que actúen”. 

También la AIReF sugirió que temporalmente los municipios pudieran gastar los remanentes (ahorros) de periodos previos para paliar la caída de recursos que va a implicar la crisis. Las corporaciones locales cuentan con esos 28.000 millones de liquidez “parados” que podrían empezar a gastar, siempre que no incurran en déficit y que no realicen con ellos gastos que impliquen aumentos estructurales de gastos futuros.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las entidades locales que cumplan esos dos requisitos citados en el anterior párrafo pueden destinar el superávit o el remanente de tesorería para gastos generales (la menor de las dos cuantías) a financiar inversiones financieramente sostenibles (IFS).

Estas inversiones incluyen por ejemplo el alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida de basuras, alumbrado público, protección y mejora del medio ambiente, transporte de viajeros, comercio o turismo. Cabría la opción de que se ampliaran vía decreto este tipo de inversiones para incluir las que tienen que ver con la crisis del coronavirus.