El juez Griesa acepta levantar los embargos si Argentina deroga leyes

El juez Thomas Griesa se mostró hoy a favor de levantar las medidas cautelares contra Argentina en el litigio judicial que se mantiene en Nueva York si el Congreso de ese país deroga los “obstáculos legislativos” que impiden pagar la deuda a tenedores de bonos que están en cese de pagos.

Esas normas que el magistrado está pidiendo sean anuladas son la Ley de Pago Soberano y la Ley Cerrojo, que fueron aprobadas después de que una serie de fondos de inversión especuladores llevaran ante los tribunales a Argentina por bonos que entraron en cese de pagos en 2011.

En su decisión, el magistrado pidió también a Argentina que pague a los fondos con los que ya logró un acuerdo, con un plazo del próximo 29 de febrero, como otra de las condiciones para levantar los embargos o “stay” y facilitar el retorno del país a los mercados financieros.

Ambas condiciones quedan estipuladas en una decisión hecha pública hoy por Griesa, quien nombró como mediador extrajudicial del caso a Daniel Pollack, que ha conseguido en los últimos días acercar posturas gracias a las ofertas puesta sobre la mesa de Argentina a los “holdouts”.

La decisión del juez se interpreta como un voto de confianza en la administración de Mauricio Macri. De hecho, Griesa señala en su decisión por escrito que la elección del nuevo presidente “lo cambió todo”.

“Argentina ha demostrado buena fe y voluntad de negociar con los bonistas”, afirmó.

El escrito de Griesa llega pocas horas después de que Argentina haya alcanzado un principio de acuerdo por valor de más de 110 millones de dólares con uno de los acreedores del litigio que mantiene abierto desde hace varios años por bonos soberanos que entraron en suspensión de pagos en 2001.

Pollack informó este jueves que la firma Capital Markets Financial Services y la República Argentina alcanzaron un principio de acuerdo por más de 110 millones.

Pollack indicó que el acuerdo se enmarca en la propuesta argentina del 5 de febrero para resolver la disputa y cuyo coste podría alcanzar los 6.500 millones de dólares.

Los 110 millones de este acuerdo constituyen una cantidad reducida en los litigios llevados a los tribunales de Nueva York por diferentes acreedores que reclaman cerca de 10.000 millones de dólares, por instrumentos de deuda que no entraron en las reestructuraciones de 2005 y 2010.

Igualmente, la decisión de Griesa se da poco después de las declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner sobre el caso, que llamó “buitres” a los bonistas y “juez senil” a Griesa.