Hípica ilegal y querella contra dos inspectores: la guerra entre Hacienda y el dueño de Forestalia

El empresario Fernando Samper, dueño del grupo de renovables Forestalia, y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) libran desde hace años una batalla a cara de perro que acaba de escribir un nuevo capítulo, en un proceso con varias querellas penales cruzadas que está empezando a sustanciarse en la vía contencioso-administrativa.

La justicia acaba de avalar en esa instancia una multa y varias liquidaciones de la AEAT a Fernando Sol SL, la patrimonial de Samper, por deducirse ilegalmente cientos de facturas por la construcción de una lujosa hípica anexa a su mansión en Zaragoza sin licencia municipal ni autonómica. La empresa asegura que la instalación ya está legalizada y afirma que va a recurrir esas sentencias.

Hacienda y dos Tribunales Económico-Administrativo Regionales (TEAR) negaron a Samper el derecho a esas deducciones, por entender que eran gastos personales para su disfrute particular, no relacionados con su actividad empresarial. Y en la misma línea se acaban de pronunciar sendas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y Zaragoza.

Este último ha rechazado los recursos de Fernando Sol SL contra la decisión del TEAR de Aragón de desestimar sus reclamaciones contra varias liquidaciones de la AEAT por el IVA de los ejercicios 2011 a 2013. La sentencia confirma una sanción de 137.516 euros porque, según los jueces, Samper tenía “plena conciencia” de que eran gastos personales y “sabía” que su hípica “no tenía carácter empresarial”.

El TSJ de Madrid también ha desestimado el recurso contra un acuerdo de liquidación por el IVA de 2014 que tumbó deducciones de 28.370,92 euros.

La sentencia recoge que la Inspección de Hacienda dejó claro en su acta que “las instalaciones construidas por el obligado carecen de licencias municipales y autonómicas, por lo que las actividades equinas que el sujeto pasivo declara a efectos censales, no podrían ser realizadas. Con la única excepción de que se le dé un uso exclusivamente personal, tal y como se había declarado cuando la Inspección visitó las instalaciones por sorpresa”.

Recurso en el Supremo

Ambas sentencias condenan a abonar las costas a Fernando Sol SL. Esta va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, confirman fuentes jurídicas de la empresa, que añaden que “esa instalación equina ya está legalizada”. “El pleito se debe a discrepancias interpretativas en declaraciones de los años 2011 a 2013”, señalan.

De 2011 data la creación de Forestalia, que irrumpió en el sector renovable en la pasada década arrasando en las subastas que el gobierno de Mariano Rajoy lanzó a partir de 2016 al adjudicarse cerca de 2.000 megavatios (MW).

En la última sentencia, dictada el 25 de octubre por el TSJ de Madrid, Fernando Sol SL reconoce que las instalaciones de la hípica “están pendientes de legalización por el Ayuntamiento”. El consistorio en su momento dejó claro “la imposibilidad del cumplimiento de la normativa urbanística y la ausencia de licencia medioambiental” para esa instalación, según la sentencia del TSJ maño.

Este tribunal recuerda que esta actividad “tiene repercusiones incluso de naturaleza sanitaria” y no disponer de esas licencias conlleva “importantes sanciones”, según la normativa vigente. Pero la empresa asegura que ya tiene los papeles en regla.

Las sentencias recogen que la firma se dio de alta en la actividad empresarial de cría y doma de caballos en 2013. Entre 2011 y 2014 Samper se apuntó esas deducciones por la construcción de su hípica, pese a que el 20 de diciembre de 2013 él mismo había comunicado al Ayuntamiento de Zaragoza que se trataba de una explotación ganadera “doméstica”.

Así la habían definido también los arquitectos que diseñaron el proyecto. Y así lo comprobaron en junio de 2014 dos inspectores de la AEAT que se presentaron en la finca y constataron que la empresa no tenía empleados ni facturaba un euro por esa supuesta actividad de hípica.

El acuerdo de liquidación solo citaba “una única factura por la venta de algún ejemplar”. En el ejercicio 2014 Samper vendió por 22.500 euros, mediante un contrato privado, dos caballos que había adquirido en 2012, Capazorras y Zapatones. Pero los inspectores advirtieron de que esa venta “pudo realizarse a título particular”, y no como una actividad empresarial.

También detectaron que la hípica no se anunciaba al público en ningún sitio. Y que estaba unida al domicilio de Samper sin ninguna separación. Todo el complejo tenía un único acceso. Lo cerraba un muro de piedra de gran altura, con importantes medidas de seguridad. Conformaba unas “instalaciones millonarias, desproporcionadas por su coste, lujo o calidad de los materiales empleados”, según el acta de los inspectores.

Falsedad documental

La respuesta de Samper fue querellarse contra ellos por supuestos delitos de falsedad en documento público y prevaricación. Su querella fue rechazada en abril de 2016 por el juzgado de Instrucción 11 de Zaragoza y meses después, por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ya entonces concluyó que podía “deducirse que esa instalación equina era para uso particular y familiar” de Samper y “no para una explotación empresarial de Fernando Sol SL”.

Según determinó la Audiencia, “no puede aceptarse que los dos Inspectores de Hacienda querellados cometieron falsedad en su Acta de fecha 9-6-2014. Al no existir tal falsedad la imputación de Prevaricación administrativa que tan a la ligera se les hace por la querellante apelante, cae por su base en típico efecto de arrastre”.

En los pleitos resueltos ahora, y para tratar de acreditar que existió esa actividad empresarial, Samper aportó las escrituras de compra, ya en julio de 2018, de un centro ecuestre, y facturas de noviembre y diciembre de ese año del Centro Ecuestre Zaragoza Alto Rendimiento a diferentes clientes por piensos y forrajes o entrenamiento, o por la compra de caballos y yeguas ya en 2020.

Pero “recordemos que en el presente pleito estamos enjuiciando el ejercicio 2014”, subraya el TSJ de Madrid.

En octubre de ese año, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón manifestó a la AEAT “no tener constancia de licencia de actividad clasificada para ejercer la actividad de explotación ganadera o núcleo zoológico en la parcela propiedad de Fernando Sol SL, ni solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas, de explotación de producción o no comercial de équidos, ni núcleo zoológico por parte de la entidad”.

El 22 de febrero de 2018, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza acreditó que en esa finca se estaba adiestrando caballos y se le requirió “la tramitación de la oportuna comunicación de apertura/licencia de inicio de actividad”.

Poco después, en marzo de 2018, la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia por este asunto, pero por vía penal y con resolución favorable a Samper, que estuvo acusado de un delito contra la Hacienda Pública en grado de tentativa. La Fiscalía le denunció por la devolución indebida de 473.185,47 euros por el IVA de gastos relacionados con el proyecto de legalización de una instalación fotovoltaica en el recinto y la hípica.

En los hechos probados de esa sentencia, de la que fue ponente el ex alcalde de Zaragoza y exministro socialista, Juan Alberto Belloch, se lee que Samper, “con ánimo falsario”, habría eliminado el término “doméstica” al tratar de legalizar esa hípica. Pero la Audiencia no vio delito fiscal. No apreció una “defraudación relevante en términos penales achacable al imputado” y confirmó la absolución de Samper y la empresa, ratificando la sentencia previa del Juzgado Penal 5 de Zaragoza.

La Sala concluyó (las mayúsculas son literales) que “sin la concurrencia de una maniobra mendaz habría una infracción tributaria (que podrá acarrear, en su caso, un ilícito administrativo) pero, en modo alguno un ilícito penal. Por eso la introducción ABIERTA de gastos REALES como deducibles, que luego no son tales, no implica engaño ni supone por tanto conducta defraudatoria en términos penales”.

Ahora ha llegado el momento de que la justicia ratifique las liquidaciones y la multa por lo contencioso. Ya lo ha hecho en primera instancia, a la espera de que el Supremo decida si admite a trámite los recursos de Fernando Sol SL.

Las sentencias reflejan que, mientras trató de cobrar esas deducciones, la patrimonial de Samper solo tenía licencia del Ayuntamiento de Zaragoza desde 2010 para construir una instalación fotovoltaica sobre cubierta que recibió permiso para evacuar energía en 2012.

Las deducciones por su producción son las únicas que aceptó la Inspección. Fuera de este recurso han quedado otras desgravaciones en las que “no se aporta la factura justificada” y que también tumbaron la AEAT y el TEAR. Lo mismo ocurrió con las deducciones por gastos abonados a, entre otros, la firma de inversiones Arcano y la consultora Accuracy, por ser “relativos a la defensa de sus intereses con ocasión de la salida del grupo empresarial del que formaba parte a título particular”.

Se trata de la compañía familiar Grupo Jorge, segunda cárnica de España por ventas, cuyo origen se remonta a los años 40, cuando el abuelo del multimillonario aragonés, Tomás Samper Albala, empezó a vender lechones por distintas localidades de Huesca. 

De perfil bajo, Samper figura junto a su familia en el puesto 107 del último ranking de ricos españoles de El Mundo. En los últimos años su grupo ha tramitado miles de MW de parques eólicos y fotovoltaicos, muchos polémicos por su tamaño e impacto paisajístico. Forestalia, que controla a través de Fernando Sol SL, facturó en 2021 casi 300 millones y en 2022 fue valorada por la banca en más de 1.500 millones. Llegó a aparecer en la lista de morosos de Hacienda de 2020 con una deuda de 1,57 millones.

La empresa, uno de los grupos de renovables que más ex políticos ha fichado en los últimos años, ha vendido muchos proyectos a grandes operadores como Lightsource BP, Bruc o Repsol, a la que vendió una cartera de parques en la que ha acabado siendo socio Amancio Ortega. Otros proyectos han pasado a manos de empresarios locales como los De Yarza, dueños de Heraldo de Aragón, 20 Minutos y lainformación.com y ex accionistas minoritarios de Vocento, editora de ABC.