Iberdrola guarda el hacha de guerra contra el Gobierno y se lanza a por Repsol por competencia desleal

Del enfrentamiento abierto con el Gobierno a abrir una batalla contra Repsol por competencia desleal y asumir que no hay vuelta atrás al apagón nuclear pactado con el Ejecutivo en 2019. Es el camino seguido por Iberdrola en su ofensiva contra Repsol, a la que acusa de “competencia desleal y publicidad engañosa” por 'greenwashing', esto es, vender como verde lo que no es tal.

Lo ha hecho en un momento en el que la UE o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se han marcado como prioridad combatir el denominado blanqueo ecológico, que ha cobrado creciente protagonismo en el mundo financiero. En pleno auge de los productos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para luchar contra la crisis climática, estas prácticas pueden generar ineficiencias en los mercados en la formación de precios. Favorecen la sobrevaloración de activos considerados verdes, lo que alimenta el riesgo de burbujas. 

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha presentado una demanda contra Repsol en el Juzgado Mercantil 2 de Santander (donde tiene su sede la comercializadora eléctrica de la petrolera) por “competencia desleal y publicidad engañosa”. Basa su acusación en iniciativas como la campaña de Repsol de ofrecer combustibles renovables, procedentes de cultivos o residuos urbanos, agrícolas o ganaderos. La petrolera prevé alcanzar las 600 gasolineras con estos productos para finales de año, frente a las cerca de 120 actuales.

Iberdrola acusa a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles “cuando su oferta multi producto busca fomentar el uso de carburantes”, así como de “centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales”. De los 6.167 millones de euros que Repsol invirtió en 2023, algo más del 30% tenía relación con la descarbonización. En Iberdrola, que invirtió otra cifra récord, 11.382 millones, el porcentaje fue del 93%.

La acusación ha tenido una airada respuesta del consejero delegado de la petrolera. Josu Jon Imaz ha afirmado que Iberdrola “no está acostumbrada a competir en un mercado abierto”, sino “a moverse en entornos regulados que dependen del Boletín Oficial del Estado”. El ejecutivo vasco achaca la ofensiva a que en Iberdrola “están nerviosos” ante el crecimiento de la petrolera en el sector eléctrico.

Repsol, cuarto operador del mercado tras adquirir Viesgo en 2018, cerró 2023 con más de 2,1 millones de clientes de electricidad y gas en España, un 49,1% más que un año antes. Lejos aún de los 11,44 millones de puntos de suministro de electricidad que Iberdrola tenía en España, tras registrar un ligero aumento frente a los 11,36 millones de 2022.

Buena parte del crecimiento de Repsol se apoyó en la adquisición del 50,01% de CHC (que le permitió sumar 307.000 clientes) y la toma de control, en diciembre de 2023, de Gana Energía, que le aportó otros 247.000 contratos. La petrolera cerró el año con una cuota de mercado del 5,6%, frente al 4,2% de 2022, según las cifras que maneja la compañía, que va a someter su estrategia de descarbonización a la votación consultiva de sus accionistas en la Junta del 10 de mayo.

En medio de esta bronca, Repsol anunció el pasado martes la adquisición a la suiza Bunge del 40% de tres plantas de producción de biocombustibles en España por hasta 313 millones. La compañía refuerza así su apuesta por esos carburantes verdes que Iberdrola cuestiona. Afirma que con esta operación incrementa su acceso a las materias primas necesarias para alcanzar su objetivo de producir hasta 1,7 millones de toneladas en 2027.

Esta guerra ha llamado la atención del mundo ambientalista. Para Carlos Rico, experto en políticas de transporte y medio ambiente de la ONG Transport & Environment, “no es simplemente una trifulca entre dos grandes empresas energéticas. Es un ejemplo de prácticas irresponsables por parte de Repsol, que en su deseo de salvar el motor de combustión y retrasar la transición energética, decide confundir a la ciudadanía y poner en riesgo su salud. Esperamos que la justicia sea ejemplar y ponga fin a esta campaña”.

En la polémica ha entrado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La misma que en los últimos meses ha acusado a Imaz de “negacionismo” y “retardismo” en su discurso contra la transición ecológica. No hace mucho, en 2022, en plena escalada de Iberdrola contra el Gobierno por las medidas contra la crisis energética tras la invasión de Ucrania, Ribera expresaba su “profundo bochorno” tras llamar Galán “tontos” a los consumidores con la tarifa regulada de la luz. Meses antes, se mostró “escandalizada” por el vaciado de embalses explotados por Iberdrola en pleno verano.

Ahora, la vicepresidenta tercera se ha declarado “neutra” en esta guerra. Pero no ha dudado en comentarla con un tuit cargado de intención.

La ministra ha terciado en esta bronca en un momento en el que la eléctrica ha puesto súbitamente fin a sus reparos sobre el calendario de apagón nuclear previsto por el Ejecutivo, que arrancará en 2027 con el cierre de la primera unidad de Almaraz, en Cáceres. El pasado jueves, mientras Imaz cargaba contra la dependencia de Iberdrola del BOE, Galán daba a entender en Londres que ese cierre no tiene vuelta atrás: “Vamos a respetar lo que hemos firmado”.

Lo hacía solo seis días después de que el consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, abogase en Cáceres por mantener abierta la planta extremeña: “Intentaremos convencer al Gobierno para que no cierre Almaraz”, afirmó. En julio de 2023, poco después del incierto resultado de las últimas elecciones generales, y tras las promesas de Alberto Núñez Feijóo de cancelar ese cierre nuclear durante la campaña, Galán afirmaba que alargar la vida de los reactores es “técnica y económicamente posible”. En septiembre, la eléctrica sembró dudas junto a Endesa [mucho más dependiente que Iberdrola del negocio nuclear] sobre ese calendario que ahora asume.

Ahora, Iberdrola ha dejado atrás esas dudas, tras retirar Ribera una propuesta para subir de golpe un 40% las tasas que pagan las eléctricas por la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales. Transición Ecológica ha dado marcha atrás después de que Foro Nuclear (al que pertenece Iberdrola) recurriera su nuevo plan de gestión de residuos nucleares y la decisión de abandonar el almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Creciente protagonismo

Organizaciones como Greenpeace han vinculado el blanqueo ecológico con la energía nuclear tras incluir la UE esta fuente y el gas en su lista de inversiones sostenibles. En febrero, el Consejo de la UE aprobaba una directiva específica que prohibirá este tipo de prácticas comerciales. Lo ha hecho casi una década después de la alarma generada por el escándalo del Dieselgate de Volkswagen.

Días después de esa decisión del Consejo europeo, la CNMV situaba entre las “prioridades transversales” de su plan de actividades para 2024 “la identificación y el seguimiento de posibles prácticas de blanqueo ecológico o greenwashing en las distintas partes de la cadena de valor, así como su prevención mediante la provisión de orientación y criterios al mercado y el establecimiento de expectativas de supervisión claras”.

La litigiosidad relacionada con estas prácticas ha ido en aumento. Como señalaba Naciones Unidas en un informe sobre litigación climática global publicado en julio de 2023, “la mayor conciencia y comprensión del público del cambio climático han impulsado acciones contra corporaciones por reclamaciones de declaraciones tergiversadas” relacionadas con el blanqueo ecológico.

Así, como recordaba hace unos días Ribera, en los últimos años han proliferado “los mensajes, los anuncios, la publicidad en torno a si un producto o un servicio es sostenible o es verde, y no siempre respondían a parámetros suficientemente claros y confiables”. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, Reino Unido prohibiera emitir publicidad a algunas compañías petroleras “por considerar que lo que estaban diciendo no se correspondía con una realidad detrás verde”. Entre ellas, Repsol, a la que el regulador publicitario británico vetó el año pasado dos campañas por omitir información sobre la proporción que las iniciativas de energías renovables representan en su actividad.

En Reino Unido, uno de los países más beligerantes contra el 'greenwashing', se está tramitando un proyecto de ley que prevé multas de hasta el 10% de la facturación de las empresas por estas prácticas. El regulador financiero, la FCA, anunció en noviembre una normativa mucho más exigente sobre este asunto para la publicidad del sector que entrará en vigor este mes de mayo. Este miércoles, la autoridad británica de la Competencia (CMA) publicaba una Carta Abierta al sector de la moda instándoles a evitar el blanqueo ecológico.

Denuncias contra aerolíneas

Por este asunto, grandes multinacionales del petróleo como Exxon o la italiana ENI tienen ya sobre la mesa demandas millonarias. Y no solo energéticas: el año pasado, la organización europea de consumidores BEUC denunció ante la Comisión Europea y la red de autoridades de protección de los consumidores (CPC) las “afirmaciones engañosas sobre el clima” de 17 aerolíneas europeas, entre ellas Ryanair, Vueling, Air France o Lufthansa, que “infringen las normas de la UE contra las prácticas comerciales desleales”.

A la estadounidense Delta (el transporte aéreo es el medio más contaminante) la demandó recientemente un pasajero que no se cree su eslogan de que es “la primera aerolínea del mundo neutra en carbono”. En febrero, trascendía que el fabricante sueco de leche Oatly había acordado pagar 9,3 millones para sellar una disputa con un inversor que acusaba a la compañía de inflar artificialmente el precio de sus acciones con falsas afirmaciones de sostenibilidad.

Ahora la batalla ha irrumpido en España con dos competidoras como protagonistas: la mayor eléctrica y la principal petrolera. Dos multinacionales íntimamente vinculadas a Euskadi, sede social de Iberdrola y de Petronor, filial de la empresa que pilota Imaz, ex presidente del PNV.