El ICO administrará 40.000 millones de los préstamos del Plan de Recuperación con las dudas de la AIReF sobre su eficacia

El ICO (Instituto de Crédito Oficial) será la principal ventanilla de los préstamos del Plan de Recuperación entre 2024 y 2026. El banco público administrará 40.000 millones de la financiación europea. La cifra es casi la mitad de todo el dinero para prestar en condiciones ventajosas a los que tiene derecho España, según la adenda al programa Next Generation EU a la que esta misma semana dio el visto bueno la Comisión Europea.

Los 40.000 millones están dirigidos a familias, empresas y emprendedores, también a la construcción de vivienda social y los canalizarán los bancos comerciales. El resto, hasta los cerca de 83.000 millones de euros, se reparten entre los 20.000 millones que tendrá a su disposición las comunidades autónomas a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en un instrumento de  2.157 millones de euros de ciberresiliencia y seguridad y en otros fondos para apoyar inversiones productivas que gestionará Cofides (Compañía española de financiación del desarrollo).

Tras confirmarse estas cifras, esta misma semana, la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) dio un toque de atención sobre la ineficacia del ICO y del resto de instrumentos financieros públicos en el pasado. La evaluación no pudo llegar en un momento más oportuno, apenas a unos meses de que empiece a llegar el dinero europeo para prestar en un contexto de subidas de los tipos de interés en el que puede ser clave para apoyar el crecimiento y la transformación de la economía.

Esta financiación se puede considerar una segunda fase de Plan de Recuperación, que se suma a las transferencias de otros más de 70.000 millones, de los cuales España ya ha recibido algo menos de 40.000 millones en tres pagos. Esta segunda fase permitirá que se pueda acceder a préstamos a un menor tipo de interés respecto al obtenido por el Tesoro Público y con largos plazos de amortización.

El tipo de interés dependerá fundamentalmente del coste de financiación asociado a las emisiones de deuda de la Comisión Europea (los bonos del Next Generation EU) durante el semestre en el que se realiza cada desembolso de los préstamos. Actualmente, el diferencial con las emisiones de referencia de nuestro país es de 0,25 puntos. Es decir, (en cifras aproximadas) si España coloca su deuda al 4%, la Comisión la viene colocando al 3,75%, más barata, y ese será tipo de los préstamos del Plan de Recuperación. Por otra parte, tendrán un plazo de amortización de 30 años, con 10 años iniciales de carencia en el pago de principal.

Estas condiciones no existen en el mercado. “Son muy ventajosas”, defienden desde el Ministerio de Asuntos Económicos. Pero existe el riesgo de que no haya demanda de las empresas y las familias por “los fallos” que históricamente ha habido en la concesión de crédito público, según advirtió la AIReF en su última evaluación del gasto público, que aborda el periodo entre 2010 y 2019.

Concretamente, los 40.000 millones de los que dispondrá el ICO en los próximos 3 años se dividen en distintas líneas. La ICO-Verde (22.000 millones) para facilitar créditos a hogares y empresas privadas y públicas para la realización de inversiones que favorezcan la transición verde, como la generación de energía renovable, la eficiencia energética o la economía circular. La ICO Empresas y Emprendedores (8.000 millones) para financiar inversiones en el tejido empresarial. El fondo Spain AVS Hub (1.500 millones) para aumentar en un 30% la producción del sector audiovisual y de videojuegos de España. El fondo ICO Next-Tech (4.000 millones) para startups españolas en tecnologías disruptivas. Y en un último fondo para incrementar el parque de vivienda social y de alquiler asequible dotado con 4.000 millones de euros.

“La utilización efectiva de toda la financiación va a depender de las empresas”, aseguran fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, que aclaran que “los préstamos cuentan como deuda pública”, pero solo afectarán al déficit presupuestario (la diferencia entre ingresos y gastos. que se cubre con deuda) si se producen impagos. “Se van integrar en el plan de financiación del Tesoro Público”, reconocen desde el Ministerio de la vicepresidenta económica Nadia Calviño.

Estas mismas fuentes descartan que estos 83.000 millones de deuda que se tendrá que apuntar el Tesoro entre 2024 y 2026 vayan a impedir que se siga reduciendo la ratio de endeudamiento (deuda pública/PIB). Un objetivo que se marcará en las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que se activarán el próximo año. Al contrario, defienden que bajará el coste medio de las nuevas emisiones (en los últimos meses ha escalado a máximos de los últimos años: aquí hay más información) y del mismo modo alargará el vencimiento promedio. Este 2023, pese al déficit superior al 3%, se espera que el endeudamiento se quede por debajo del 110% gracias al crecimiento del PIB, tras llegar a superar el 120% en 2020.

El papel central del ICO

La Autoridad fiscal recoge en su informe que, en el período de 2010 a 2019, el ICO concedió financiación para el apoyo a sectores productivos por importe de 124.000 millones, en 1,5 millones de operaciones (84% de la financiación total concedida). Incluyendo el apoyo a la internacionalización concedió 144.000 millones (70% del total). En el momento de mayores necesidades de liquidez (2010-2012) inyectó en la economía algo más de 67.000 millones.

En la pandemia, de nuevo, el Instituto de Crédito Oficial volvió a ser crucial, aunque sobre todo las líneas de avales, diseñados para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la COVID-19.

“Su principal instrumento es la línea de mediación, que consiste en traspasar el dinero a entidades financieras para que éstas concedan los préstamos a las empresas. El riesgo de crédito lo asume la entidad financiera (a excepción de la línea ICO Liquidez)”. Y es un sistema que “permite una gran capilaridad al utilizar la red comercial de las entidades financieras y que ha permitido reducir el coste de la financiación a las empresas”, explica la AIReF.

El primer fallo que identifica la evaluación es que “la decisión sobre la concesión de la financiación reside en última instancia en la entidad financiera”, por lo que una mayor aversión al riesgo en fases de contracción de la actividad económica o recesión “limita su alcance”. Es decir, son los bancos los que deciden si conceden o no los préstamos, y su búsqueda del máximo beneficio y el control de riesgos pueden chocar con la necesidad del crédito barato llegue al conjunto de la economía real, y que se quede solo en las grandes empresas y más solventes.

Otro fallo detectado por la AIReF que amenaza también la eficacia de los préstamos del Plan de Recuperación es la descoordinación entre los diferentes instrumentos financieros, que ha supuesto “solapamientos” en la oferta y en la concesión de financiación.

Por último, la Autoridad fiscal expone datos de una encuesta a empresas sobre la financiación pública que muestran un escaso conocimiento de los instrumentos disponibles (a excepción de Fond-Ico Pyme e ICO Empresa y Emprendedores) y que debería subsanarse ante el despliegue del Next Generation EU. El 83% de las empresas encuestadas no conocen los instrumentos y menos del 4% los conocen y los han utilizado.

Este desconocimiento se acrecienta en pymes (pequeñas y medianas empresas), con pocos recursos humanos especializados. “En países de nuestro entorno existen portales que centralizan la información de distintos agentes e instrumentos. Mientras, en España sólo la Plataforma PYME realiza una tarea similar, aunque limitada en su alcance (escasa coordinación y pocos medios asignados)”, incide la AIReF.