La incertidumbre sobre las pensiones le estalla al Gobierno en las calles
Miles de jubilados, muchos con sus cartas sobre la subida anual de la pensión hechas trizas o incluso arrojadas a la hoguera, han salido a la calle en numerosas ciudades de toda España para protestar por las reformas del sistema público de 2013 y, especialmente, por la revalorización anual del 0,25%, que tachan de “miseria”. Los gritos contra el Gobierno, incluso con cánticos de “Rajoy Corleone nos roba las pensiones”, iban acompañados de conversaciones acerca del temor de un sistema público en decadencia y unas pensiones menguantes en los próximos años, como apuntan numerosos expertos. El Gobierno niega que las pensiones vayan a caer debido a sus políticas, aunque no aporta datos ni estudios que lo respalden.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó a finales de enero que no sabía como afectaría el factor de sostenibilidad de las pensiones que aprobó su Gobierno hace cinco años y que entra en vigor en enero de 2019 para las personas que se jubilen a partir de esa fecha. Apuntó que necesitaba los datos oficiales de defunciones de 2017, aún sin publicar. El factor de sostenibilidad es uno de los elementos clave del rediseño del sistema de pensiones que hizo el PP, sin el consenso de la oposición política ni los agentes sociales en virtud de su mayoría absoluta.
A esta respuesta de Báñez se suman otras declaraciones que inciden en que el factor de sostenibilidad “es una fórmula que no significa que la pensión primera del que entre [se jubile] dentro de 5 años sea menor que el de hoy, eso no es verdad”. Las estimaciones publicadas, en cambio, indican que así será, que el factor rebajará las cuantías iniciales de pensión de los futuros pensionistas. Lo dice la OCDE, los sindicatos y, entre otros, un último informe de Afi para la Asociación Empresarial del Seguro (aunque Báñez ha desmerecido esta última al ser “de parte, para vender un producto comercial concreto”).
Solo aplicar el factor de sostenibilidad “significa medio punto menos de pensión por cada año a partir de 2019”, afirma Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. De este modo, si la pensión de una persona que se jubilara en 2018 fuera el 100%, en 2019 se jubilaría con el 99,5%.Y si lo pospusiera a 2020, su pensión incial sería del 99%. “Un efecto que es pequeño, pero que es acumulativo en el tiempo. Si te vas a muchos años, el efecto es importante”, insiste Bravo, que recuerda que si se combina con una revalorización continuada de solo un 0,25%, “en 2050, la pensión caerá 30 puntos: ahora es del 78% respecto el último sueldo y en 2050 sería del 48%, según datos de la Comisión Europea”.
Más transparencia para reducir la inquietud
El Gobierno niega estos descensos, pero no aporta sus propios cálculos al respecto. Dos de los 12 expertos que asesoraron al Ejecutivo en el diseño de su reforma de 2013, Mercedes Ayuso y José Ignacio Conde-Ruiz, han explicado a eldiario.es que si no hay otros cambios en el sistema, las pensiones iniciales se irán reduciendo en los próximos años al incorporar la esperanza del vida al cálculo de la pensión. La idea es igualar la prestación entre diferentes generaciones: como previsiblemente las personas tendrán cada vez una mayor esperanza de vida, cobrarán la prestación durante más años, así que su cuantía será menor repartida durante más ejercicios.
José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía e investigador de Fedea, considera que un error habitual de los políticos es “hacer electoralismo con las pensiones, no querer hablar del tema cuando están en el Gobierno y hacer todo lo contrario cuando se está en la oposición”. En su opinión, el cortoplacismo en las medidas y reformas es otro de los problemas, que no permiten a la población asimilar ni planificar su jubilación. “La parálisis política y el no hacer nada tienen un coste, el atrasar la reforma hace que afecte a personas que se jubilan muy cerca. Si la gente tiene más tiempo, puede adaptarse, pensar si quiere alargar más su vida laboral, si va a compaginar el cobro de la pensión con un salario...”, argumenta el experto.
Conde-Ruiz cree que el Gobierno informará “con transparencia” en los próximos meses del efecto del factor de sostenibilidad, aunque en su opinión el Ejecutivo ya tendría que conocer una horquilla de su alcance. “Es fundamental que no haya un salto en su aplicación, es decir, que la caída de la pensión inicial podría ser de un 4% o un 3% y eso debería evitarse”, añade.
El 0,25% y la ruptura del consenso político
Desde CCOO y UGT afirman que modificar la reforma de 2013 es un mínimo irrenunciable para las organizaciones sindicales. Sin este paso, las movilizaciones sociales como las vistas este jueves no cesarán, aseguran. Ya hay dos manifestaciones de pensionistas convocadas en marzo, el 1 y el 15, “y programaremos más en abril”, adelanta Carlos Bravo. “El Gobierno sabe que exigimos que se modifique y no dicen que estén cerrados a ello, pero no toma la iniciativa con los interlocutores sociales ni con los partidos políticos y es su responsabilidad”, prosigue el sindicalista.
José Ignacio Conde-Ruiz opina que el Gobierno se verá abocado a negociar una nueva reforma de las pensiones debido a las subidas mínimas del 0,25%. “El mecanismo de casi congelar la pensión para siempre políticamente es muy inestable, llega un detonante para que se haga una reforma”. Las medidas que se deben tomar, según el experto, no siempre son populares y requieren de consenso político.
Ese consenso, la unidad en las políticas sobre pensiones públicas, es lo que el PP dinamitó en 2013 con su reforma, critica CCOO. Carles Campuzano, diputado del PDeCAT –que ha presentando la última proposición parlamentaria para acabar con la reforma de Rajoy– y miembro de la Comisión del Pacto de Toledo, suscribe esta idea. “Este Gobierno se equivocó en el año 2013 y ha proyectado temores e incertidumbre, algunos reales y otros infundados”, afirma Campuzano. La soledad del PP en la defensa de un sistema rechazado por la totalidad de la oposición y las organizaciones sindicales no solo le está pasando factura, sino que “dificulta hacer política sobre pensiones”, lamenta el parlamentario catalán.
En el peor momento para el PP
La movilización de los pensionistas llega en un momento delicado para el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque la designación del ministro de Economía, Luis de Guindos, como vicepresidente del Banco Central Europeo le había dado un respiro a los populares, las manifestaciones de los pensionistas han vuelto a encender las alarmas en el PP, ya que se trata de un sector de la población que siempre ha sido un caladero de votos para la formación conservadora.
De momento la respuesta de los populares a las exigencias de los jubilados ha sido fallida. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, trató este jueves de rebajar la protesta asegurando que desde que gobierna el presidente Mariano Rajoy este colectivo “puede considerarse positivo si se compara con otros sectores”.
El malestar de los pensionistas puede nublar aún más el horizonte del Partido Popular. Las últimas elecciones catalanas han colocado a Ciudadanos como alternativa real a los populares en el espectro del centroderecha sin que Ejecutivo de Rajoy tenga capacidad de respuesta por su minoría parlamentaria. Con encuestas semanales en las que se acrecenta la imagen de Ciudadanos como alternativa y con el desgaste que suponen los continuos problemas de los populares en los tribunales por los casos de corrupción, la movilización callejera de los pensionistas se convierte en una tormera perfecta para el desgaste del Partido Popular.
