Las claves del Ingreso Mínimo Vital pactado por el PSOE y Unidas Podemos

“Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social”. Es una de las medidas del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rubricaron este lunes en el Congreso de los Diputados como preludio a la esperada formación del que sería el primer Gobierno de coalición de la historia democrática española, con la reducción de la desigualdad como “principal desafío”, según dijo el presidente del Gobierno en funciones durante la firma del pacto.

El documento difundido este lunes señala respecto a ese Ingreso Mínimo Vital: “Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”. No se especifican cifras ni plazos, a diferencia de lo que ocurrió cuando se anunció esta medida en el frustrado acuerdo presupuestario que alcanzaron estas formaciones en octubre de 2018.

Este ingreso mínimo vital es un mecanismo diferente de la renta básica universal que (de manera experimental) se ha empezado a ensayar en algunos países, en este caso sin discriminar entre los ingresos de los beneficiarios, como medida paliativa a las consecuencias que se espera tendrá el futuro de digitalización y robotización de la economía en el empleo.

¿En qué consiste?

Podemos, cuyo líder planteó en el pasado una renta universal de ese tipo, proponía en su último programa electoral un “ingreso básico garantizado” de 600 euros al mes que se incrementaría en función del número de miembros del hogar hasta un máximo de 1.200 euros y funcionaría “de manera automática e incondicionada” para garantizar la “suficiencia de ingresos” de los hogares en situación vulnerable.

Además, la formación morada planteaba una “prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que llegará a los 1.200 euros al año de manera universal y a los 2.000 euros al año para situaciones de pobreza severa”, y que se iniciaría “de manera urgente con 600 euros al año para familias en riesgo de pobreza, con un incremento del 50% para familias de una sola progenitora o de un solo progenitor”.

Por su parte, el PSOE lleva prometiendo un ingreso mínimo vital en sucesivas elecciones desde que Pedro Sánchez lo anunció en julio de 2015 como medida para erradicar la pobreza infantil. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 21,5% en 2018, según el INE, lo que significa que uno de cada cinco españoles tiene unos ingresos inferiores a 8.871 euros al año. Afecta especialmente a los menores de 16 años, con una incidencia del 26,2% en 2018.

Los socialistas definen la figura del ingreso mínimo vital como “una renta básica que actúe como última red de protección social para atender a las personas que queden desamparadas”: “Consiste en la creación de una prestación nueva dirigida a los hogares sin ingresos y en situación de necesidad, sea cual sea la causa, como Prestación No Contributiva de la Seguridad Social, similar a las Pensiones No Contributivas” y “articulado en coordinación con el Subsidio por Desempleo, con iguales garantías, de forma que una vez agotada la protección por desempleo, permita el paso entre ambos sistemas manteniendo siempre la cobertura de la prestación”.

¿Cómo se implantaría?

En su programa para las elecciones de abril, los socialistas prometieron implantar el ingreso mínimo vital “de manera progresiva”, comenzando en un primer momento, precisamente, “por el aumento de prestación por hijo a cargo para familias vulnerables”, ayuda que el Gobierno elevó a unas semanas de los comicios hasta los 588 euros anuales para las familias en situación de pobreza severa (aquellas bajo el umbral del 25% de la renta mediana). “Posteriormente”, decía el programa del PSOE, esa ayuda se complementaría “mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos muy bajos”.

¿A cuánto ascendería?

Entonces, los socialistas prometieron que la combinación entre el ingreso mínimo vital y una mayor inversión en infancia “mejorando sustancialmente la situación de los niños y niñas en hogares con menos rentas” permitiría alcanzar al final de la legislatura (en 2023), y para los casos de pobreza severa, un mínimo de 580 euros al mes para familias con un hijo a cargo y de 858 euros para aquellas con tres personas a cargo.

¿Cuánto costaría?

Cuando el PSOE anunció en 2015 su propuesta de ingreso mínimo vital (una ayuda mensual de 426 euros para familias en situación de necesidad que se sumaría a los complementos familiares en función del número de hijos y el nivel de renta), cifró el coste de estas medidas en unos 6.000 millones de euros.

No obstante, como señalaba hace algo más de un año en una entrevista en eldiario.es el experto en desigualdad, actual diputado socialista y entonces Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil, Pau-Marí Klose, “se puede avanzar secuencialmente, sobre todo en transferencias por hijo a cargo. No hace falta llegar a estas cifras tan altas para ir mejorando significativamente la situación de pobreza severa y desigualdad”.

Por su parte, Podemos ha cifrado en 10.000 millones el coste de su ingreso básico garantizado, que beneficiaría a unos 10 millones de personas y se financiaría mediante un impuesto a las grandes fortunas.

Ejemplos autonómicos

En ausencia hasta ahora de una renta mínima estatal, todas las comunidades autónomas cuentan actualmente con mecanismos de este tipo, con cerca de 780.000 beneficiarios, según un reciente estudio publicado en la revista Panorama Social de Funcas, en el que se advertía de que se trata de ayudas con unas características muy dispares.

Así, “cada autonomía regula cómo se determina y computa la carencia de recursos, así como la cuantía de la prestación económica y su proyección en el tiempo. Del mismo modo, cada comunidad autónoma decide qué vinculación (fuerte o débil) establece respecto del cumplimento de las obligaciones de inserción, y su repercusión en el acceso y mantenimiento de la prestación económica. En definitiva, todo ello genera como resultado una diversidad muy significativa en función del lugar de residencia de los beneficiarios”, concluía el informe.

La más conocida es la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que Euskadi implantó en 2008: una ayuda autonómica que pueden cobrar personas sin suficientes recursos para cubrir sus necesidades básicas y que reciben unos 55.000 titulares, con un coste de unos 470 millones de euros anuales y una cuantía mínima de 672 euros mensuales. La RGI vasca ofrece las prestaciones más elevadas de este tipo de instrumentos a escala autonómica, por delante de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya (un mínimo de 644 euros) y la Renta Garantizada de Navarra (623,63 mensuales) .