El carril es estrecho. Italia ha intentado salirse de él, pero las amenazas de sanción desde Bruselas le han llevado a comenzar el regreso al redil. Roma había anunciado un “presupuesto expansivo”, en palabras del comisario económico, Pierre Moscovici, y eso, en los actuales tiempos de la Unión Europea, es anatema.
El Gobierno italiano de la extrema derecha de la Lega y el M5S ha llevado el pulso a Bruselas hasta el inicio de los procedimientos de sanción, formalizados el 5 de noviembre por el Eurogrupo. A partir de ahí, comenzaron los diálogos, las conversaciones y las reuniones, la última a finales de la semana pasada entre el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.
Según están informando los medios italianos, hay un principio de acuerdo entre la Lega, el M5S y el propio Conte para acometer un recorte –que podría llegar a los 3.000 millones de euros– para que el déficit se quede en el 2,04%, en lugar del 2,4% anunciado en los presupuestos.
En la reunión, que concluyó de madrugada, participaron el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte; el ministro de Economía, Giovanni Tria, y los dos vicepresidentes y líderes de los partidos que conforman el Gobierno, Luigi di Maio (Movimiento 5 Estrellas) y Matteo Salvini (Liga).
A la salida de la sede del Gobierno, Salvini anunció “el acuerdo sobre todos los puntos” y que se “encontraron también las reducciones fiscales para llegar a los límites probablemente que aprobará Bruselas”.
Tras el rechazo de Bruselas de los presupuestos italianos, en los que se preveía que el déficit alcanzase el 2,4 % del PIB para poder implementar algunas medidas sociales, y el anuncio de que se abriría un procedimiento de infracción, el Gobierno italiano cedió y comenzó la revisión de sus cuentas.
El pasado miércoles, Conte se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y presentó una nueva propuesta que rebajaba el déficit al 2,04 %.
Aunque el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, consideró que “quedaba trabajo técnico por hacer” y sería necesario todavía un mayor esfuerzo de “comprensión” y “clarificación”.
Según algunos medios, para la reducción del déficit se necesitaban encontrar coberturas financieras por un valor de 3.000 millones de euros.
Desde el Gobierno se hizo saber que la rebaja del gasto se ha hecho sin traicionar las promesas electorales clave, como la llamada “Cuota 100”, una reforma que tocará la edad y años de contribución para llegar a la jubilación, y la “Renta de ciudadanía”, una especie de subsidio al desempleo.
Entre los puntos aprobados durante la noche, destacan las ayudas fiscales de hasta 6.000 euros para quien compra vehículos eléctricos o híbridos, un impuesto para los coches contaminantes de alta gama y un recorte de hasta el 40 % de las llamadas “pensiones de oro”.