La instrucción del macroprocedimiento judicial para determinar las responsabilidades penales por el presunto plante de unos 425 controladores aéreos en el puente de la Constitución de 2010 y el cierre del espacio aéreo que dejó en tierra durante varios días a unos 250.000 pasajeros ha vuelto a entrar en vía muerta.
En los 29 meses que ya dura la investigación del que se conoce como caso controladores se han sucedido todo tipo de vicisitudes: desde la creación y posterior disolución de una sala específica (el juzgado de instrucción 3 bis de Madrid), hasta el nombramiento y cese o renuncia de hasta cinco jueces de instrucción. Durante este periodo de tiempo se ha tomado declaración a un elevado número de imputados y testigos, y se han practicado múltiples pruebas periciales. Sin embargo, ninguno de los cinco jueces encargados hasta la fecha ha logrado culminar la instrucción, ya sea con la apertura del juicio oral o con el cierre de la causa.
El sexto instructor
El sexto instructorLa renuncia del último juez encargado del procedimiento, Francisco Javier Tejeira, se produjo hace ya semanas. Ahora el Consejo General del Poder Judicial ha tomado la decisión de nombrar una nueva jueza, Concepción Jerez García, que deberá compatibilizar sus tareas en el juzgado de instrucción número 26 de Madrid, de la que es titular, con la investigación del caso controladores que, a pesar de todo, seguirá siendo tramitado por el juzgado de instrucción número 3 (una vez que el 3 bis ha sido disuelto).
El Poder Judicial ha dado tres meses de plazo (ampliables a seis) a Jerez García para que concluya la instrucción. La jueza, no obstante, no podrá iniciar su trabajo mientras el Ministerio de Justicia no nombre a un secretario judicial y la Comunidad de Madrid no asigne tres funcionarios de apoyo.
Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicen que “ahora la pelota está en el tejado de los gobiernos de España y de Madrid”, ya que Concepción Jerez no recibirá la causa en tanto no se nombre secretario judicial y se asigne personal de apoyo. En todo caso, las fuentes citadas dijeron que esperan que la decisión de apertura de juicio oral o el cierre del procedimiento se adopte el próximo otoño.
El mayor proceso
El mayor procesoEl caso controladores, según las fuentes jurídicas implicadas, se ha convertido en uno de los procedimientos más complejos en la historia judicial del país. En 29 meses de instrucción, el juzgado ha acumulado una documentación de 40 tomos con 90.000 folios, hasta el momento. De los 250.000 afectados, unos 20.000 se han personado en el procedimiento.
La trascendencia de la instrucción realizada primero en el juzgado 3 bis, y ahora en el 3, se ve realzada por el hecho de que otras iniciativas para reclamar daños por la vía administrativa o laboral han quedado en suspenso a la espera de la resolución en las instancias penales. Entre los procedimientos en suspenso se encuentra un centenar de denuncias por vía administrativa que apuntan a AENA como responsable subsidiario de la situación, así como 425 expedientes laborales contra otros tantos controladores.
Esta misma semana, no obstante, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia por la que se exime a AENA y por tanto al Estado, de responsabilidad subsidiaria en los sucesos de diciembre de 2010. Esta sentencia sienta jurisprudencia para el centenar de demandas presentadas en distintos juzgados por unos 7.000 pasajeros afectados. Con anterioridad también se habían realizado 22 juicios en diferentes comunidades para establecer la responsabilidad laboral de los controladores; de ellos 16 se resolvieron en favor de los trabajadores y otros seis en su contra.
Piedras en el proceso judicial
Piedras en el proceso judicial
La sucesión de nombramientos, ceses y dimisiones de hasta seis jueces instructores ha sido justificada por un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como consecuencia de las restricciones presupuestarias impuestas desde el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Madrid.
Las restricciones presupuestarias actuales no tuvieron efecto en el primer trimestre de 2011 cuando el Gobierno y los órganos que dirigen la justicia estuvieron de acuerdo que la envergadura del procedimiento que se comenzaba a instruir justificaba la creación de un juzgado específico. Por esta razón se decidió desdoblar el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y se creó el 3 bis con una dotación completa de juez titular, de secretario y de funcionarios.
Pero ya de inicio los problemas de inestabilidad hicieron que la instrucción arrancara a trompicones pese al interés que en el primer momento, tanto el Ministerio de Fomento, como AENA y la Comunidad de Madrid, pusieron en que la causa avanzara lo más rápidamente posible, al calor de la “indignación” y “alarma social” que el colapso aéreo había generado en la opinión pública. La vida del juzgado de Instrucción de Madrid número 3 bis ha sido tan tortuosa como breve. De hecho hace ahora un año los órganos de de gobierno de la justicia tomaron la decisión de no renovar los fondos necesarios para que siguiera funcionando y provocaron que el macrojuicio de los controladores pasara a instruirse en el juzgado número 3.
Aunque las fuentes oficiales consultadas justifican siempre los vaivenes sufridos por la instrucción del ‘caso controladores’ por las restricciones presupuestarias y por el hecho de que “la instrucción ya se encuentra muy avanzada”, lo cierto es que la retirada de los efectivos del juzgado 3 bis coinciden con el cambio de Administración desde el PSOE al Partido Popular. El Gobierno del PSOE fue el que lidió con el conflicto de los controladores que culminó el día del plante, y por ello estaba interesado en una instrucción rápida para evitar que se enfriara el enfado social con el colectivo.
Una vez que el PP llegó al Gobierno ya no existía prisa, dado que las posibles responsabilidades de AENA o Fomento en el asunto, en el caso que llegaran a determinarse, recaerían en el partido rival, ahora en la oposición.