La Audiencia Nacional ha confirmado dos sanciones que suman 4,5 millones de euros para el Banco Santander por diversas infracciones graves y muy graves cometidas por el Banco Popular en 2014. Los jueces confirman que la entidad que preside Ana Patricia Botín se tiene que hacer cargo de las multas por irregularidades cometidas por el banco que compró por un euro y cuyas irregularidades contables previas a la adquisición también están siendo investigadas en el mismo organismo judicial pero por la vía penal.
El Banco de España anunció que cargaba estas dos sanciones en la cuenta del Santander en 2019. Una primera sanción de 1,5 millones de euros por una falta grave y otra de 3 millones más por una falta muy grave, ambas cometidas por el Popular a lo largo de 2014. La primera tenía que ver con la información que facilitaban a los clientes del banco sobre determinados productos y también con el cobro de comisiones por parte de la entidad por servicios que nunca habían prestado. La segunda, venía por aplicar cláusulas de redondeo del tipo de interés y por la existencia de compensaciones y comisiones en casos de amortización anticipada de préstamos, algo prohibido por ley.
La subsecretaría de Estado de Economía rechazó los primeros recursos del Santander que, como nuevo dueño del Popular a partir de 2018, fue obligado a hacerse responsable de estas sanciones, y ahora ha sido la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional la que ha rechazado los recursos de la entidad que preside Ana Patricia Botín. Los jueces rechazan todos los argumentos en una sentencia todavía recurrible ante el Tribunal Supremo: ni el proceso caducó, ni las sanciones son desmesuradas, ni existió ningún motivo de nulidad en el procedimiento que se prolongó durante varios años.
Se trata de un nueva sentencia de los tribunales que confirman que el Santander debe hacerse cargo de las sanciones heredadas del Banco Popular y que, por tanto, la factura de su compra asciende muy por encima del euro que pagó por su adquisición. Ya en 2021, el Tribunal Supremo confirmó que el Santander tenía que pagar una multa de 5,6 millones de euros por infracciones cometidas por el Popular en materia de blanqueo de capitales, en una resolución que ya estableció la obligación del banco de hacerse cargo de las multas impuestas a la entidad que presidió Emilio Saracho hasta su compra.
Esa sanción de blanqueo de capitales llegó desde el Consejo de Ministros, no desde el Banco de España, y el Tribunal Supremo avaló que el Santander fuera obligado a pagar. “La sucesión entre personas jurídicas de la responsabilidad por infracciones cometidas por una de ellas”, dijo la sala tercera de Supremo, es algo que se ajusta a la normativa europea. La propia Audiencia Nacional dijo esto mismo el año pasado cuando confirmó una sanción de un millón de euros para el Santander por los “datos engañosos” que el Popular había presentado en varios informes sobre las remuneraciones de su consejo de administración. Esta resolución, tal y como explicó La Información, está pendiente de sentencia firme en el Supremo.
El Santander, dice la Audiencia Nacional, “es consciente de lo que se acaba de exponer” y por eso entierran esa alegación. “El examen del expediente sancionador revela la regularidad en la tramitación del mismo, estando plenamente justificado que se siguiera con Banco Popular y que, en el momento de imponer la sanción, se tuviera en cuenta la sucesión de aquél por Banco Santander”, añaden los jueces.
La herencia del Popular
La herencia del Banco Popular, que el Santander compró por un euro, sigue aumentando la nómina millonaria de multas por diversas infracciones graves mientras la vía penal también avanza. Desde hace más de un lustro, el juzgado 4 de la Audiencia Nacional investiga si hubo irregularidades en la contabilidad del Banco Popular en 2016 así como en diversas filtraciones que desembocaron en el final del banco.
El caso sigue en los últimos compases de la fase de instrucción y todavía está por ver quién se sentará en el banquillo. El pasado mes de julio, el magistrado rechazó excluir al Banco Santander del caso y dejar la puerta abierta a que, en un futuro juicio, responda económicamente como responsable civil en una hipotética sentencia condenatoria. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año pasado que impidió a los accionistas del Popular reclamar al Santander por información engañosa, dijo el juez, no era aplicable en la vía penal.
Se trata de una causa judicial con varias piezas separadas. La última fue abierta por el magistrado José Luis Calama el pasado mes de marzo para poner el foco en la ampliación de capital de 2016 y la financiación a clientes. Las investigaciones afectan a las dos últimas directivas del Banco Popular: bajo la presidencia de Ángel Ron y después con Emilio Saracho, convertido en el primer banco intervenido por las autoridades europeas con 300.000 accionistas minoritarios afectados.