En España hay casi 44.000 abogados del turno de oficio, que en la actualidad están exentos de pagar el IVA por considerarse que prestan un servicio público, pero que van a tener empezar a tributar al 21%. Estos letrados dan asistencia jurídica gratuita a los detenidos, en condiciones a veces de enorme precariedad, según denuncian, y llevan diez años con las tarifas congeladas, o con recortes, recuerdan fuentes del Consejo General de la Abogacía.
La Dirección General de Tributos de la Secretaría de Estado de Hacienda consideró el pasado 25 de enero que los servicios que prestan los abogados y procuradores a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita no deben estar exentos de tributar el IVA. Aplican una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 28 de julio de 2016. Entienden que este servicio es voluntario y sujeto a remuneración, por lo que no cabe la exención.
Por ello, ante este cambio de criterio, el órgano colegial de los abogados ha iniciado la elaboración de un informe jurídico, que se conocerá en los próximos días, para intentar buscar una solución para este colectivo. “Desde el Consejo General de la Abogacía se están adoptando las medidas políticas necesarias para evitar perjuicios”, aseguran.
La media que cobran los abogados de oficio por cada expediente tramitado, que puede llevarles varios meses, es de entre 125 y 150 euros, según el último Informe del Observatorio de Justicia Gratuita. Esto es, entre 2 y 4 euros por hora dedicada, a veces de madrugada, en festivos o los fines de semana. Esto supone 225 millones de euros para atender a entre uno y dos millones de ciudadanos cada año, un 6%, aproximadamente, de lo que todas las administraciones públicas se gastan en justicia. Denuncian que a veces sufren retrasos de hasta un año en el pago de los servicios prestados. Son baremos y tarifas que dependen en todo caso de dónde se ejerza la abogacía, ya que en algunas comunidades las competencias de Justicia están transferidas.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado por su parte que trabajará para que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, reconsidere esta decisión: “Desde que existe (el turno de oficio), se ha considerado que era un servicio social, una especie de servicio público exento de IVA y nosotros vamos a seguir trabajando para que Hacienda así lo considere”, informa Efe.
Ha añadido que confía que “no se extiendan esos efectos” de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para que de esta forma se pueda seguir “considerando que el turno de oficio tiene una naturaleza de servicio público y por ello exento de IVA”. “La asistencia jurídica gratuita es garantía de acceso a la justicia para aquellas personas que tienen menos recursos económicos y así ha sido durante treinta años en España”, ha apostillado.
Se da la circunstancia de que el pasado noviembre, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de las Illes Balears estimó las reclamaciones de un letrado del Colegio de Abogados de Baleares contra el criterio de empezar a aplicar la tarifa del IVA del 21% al turno de oficio.