El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, no ha asistido al debate sobre su reprobación en el Congreso de los Diputados. Se producía por iniciativa del PSOE tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara contraria a la Carta Magna la amnistía fiscal de 2012. Pero Montoro se encontraba en el pleno del Senado, cuya celebración ha supuesto también el retraso hasta el próximo jueves de la votación de la iniciativa debatida este martes por la tarde. La escasa holgura con la que cuenta el PP en esta legislatura le aconsejó promover que los días de pleno en la Cámara Alta, al que asisten los ministros, no haya votaciones en el Congreso.
No obstante, todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y el PNV, que se abstendrá, han dejado ya clara su postura: están a favor de una reprobación que en realidad es puramente simbólica, ya que no tiene ninguna consecuencia para el reprobado. El propio Montoro ha dicho en declaraciones en el Senado que afrontaba el trámite “con la normalidad propia de la democracia”.
De un modo un tanto paradójico, el titular de Hacienda y Función Pública contestaba además desde la Cámara Alta a las críticas que le estaban dedicando en el Congreso. Ha defendido que no hubo ninguna amnistía fiscal en 2012 ni “ninguna medida injusta”. Ha repetido que la “regularización fiscal” acabó con una “injusticia” e hizo que “29.000 defraudadores” pagaran sus impuestos.
“Es evidente que esto al señor Montoro no le preocupa mucho”
El portavoz de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha considerado que “es evidente que al señor Montoro esto no le preocupa mucho” y ha añadido: “no podríamos decir que el PP esté preocupado por estas reprobaciones, es más, parece más bien que las va a coleccionar hasta llegar al equipo completo”. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también fue reprobado por el Congreso por las injerencias del Gobierno en los casos de corrupción del PP. Esta tarde Catalá ha dejado claro que es una iniciativa parlamentaria “sin ninguna consecuencia concreta”.
Para Garzón, tales circunstancias ponen de relieve la necesidad de “explorar iniciativas como la moción de censura, que de llegar a buen puerto reprueban al Gobierno de golpe”. Su grupo parlamentario se aventuró con esta medida el pasado día 13 pero fracasó en el intento.
“Hay razones de sobra para reprobar a Montoro, que si estuviera aquí estaría sonriendo”, ha dicho el portavoz de la formación morada, recordando que entre otras cuestiones la amnistía fiscal puso de manifiesto que el PP “sabía donde estaban los defraudadores”, ya que tuvo que “descolgar el teléfono” cuando en un principio la recaudación era “ridícula” para lograr más adhesiones a la medida.
El portavoz del grupo autor de la iniciativa, el socialista Julián López Milla, ha señalado que si bien no es la primera norma que el Tribunal Constitucional declara contraria a la Carta Magna española, la sentencia sí destaca “por la claridad y dureza con la que se pronuncia”, al hablar de la abdicación de los deberes del Estado, la legitimación de la conducta de los defraudadores y la quiebra del principio de justicia, informa EP.
“Rebate todos y cada uno de los argumentos de la Abogacía del Estado y tritura los fundamentos del Gobierno para defender la amnistía”, ha defendido López Milla, que se ha dirigido al ausente ministro de Hacienda subrayando que “si la única enseñanza que ha podido extraer es que debió aprobarla con otro instrumento que no fuera el decreto ley, es que no acepta los fundamentos jurídicos de la sentencia”.
El diputado socialista ha criticado la “puerta” que abrió la amnistía, por la que “se colaron defraudadores y unos cuantos procesados por corrupción”, por lo que ha calificado a Montoro como un “colaborador necesario para que los negocios de defraudadores y presuntos corruptos salieran redondos”
Por último, ha criticado que, aun afeado por el Tribunal Constitucional, Montoro defendiera la amnistía “como inevitable”, se negara a pedir disculpas y se negara a asumir responsabilidades políticas, “dando argumento a quienes ponen en cuestión ordenamiento jurídico y desprecian las decisiones del Tribunal”. “Quedará en manos del presidente del Gobierno la decisión final y responsabilidad política de lo que haga con su reprobado ministro de Hacienda y Función Pública”, ha concluido.
Hubo otras amnistías fiscales
Tanto Ciudadanos como el PNV han recordado que la amnistía fiscal de Montoro no era la primera aprobada en España.
Se han remontado a las de 1984 y 1991, bajo gobiernos socialistas, a través de “pagarés opacos” o compra de deuda pública a un interés reducido. El diputado de Ciudadanos Vicente Ten Oliver ha afeado que estas, como “el chivatazo a los defraudadores” evidenciado con la 'lista Falciani' suponen “el mismo mecanismo perverso”.
Respecto a la amnistía, Ten Oliver ha criticado que al final se permitiera una tributación al 3%, por debajo del 10% extraordinario inicialmente y que se acompasara con una subida de impuestos, una modificación del Código Penal referido al blanqueo de capitales y que se acogieran a ella delincuentes para eludir penas de prisión.
Por su parte, Idoia Sagastizabal (PNV) ha criticado la amnistía como un “profundo desacierto del Gobierno” y ha lamentado la ausencia de medidas contra el fraude durante esos años. “No estaríamos debatiendo hoy esta reprobación”, ha dicho, recordando que la regularización extraordinaria no se aplicó en el País Vasco.
¿Para qué sirve la reprobación?
Además, ha cuestionado la eficacia de la reprobación –“es una herramienta que no obliga a nada”– y ha preguntado al resto de grupos si están dispuestos a reprobar cualquier conducta ilícita, aun por miembros de sus propias filas, antes de defender que su uso “no puede ser una costumbre semanal”.
También ha lamentado su falta de eficacia Esquerra Republicana que a través de su diputada Ester Capella ha advertido a un ausente Montoro de que “se le está acabando el tiempo”. “La ética del buen gobierno se demuestra dimitiendo. No es lo que pasará”, ha aseverado.
Ignasi Candela (Compromís) ha dicho que el Gobierno “insulta a la gente honrada y ensuciar el nombre de este país” cuando defiende la necesidad de la amnistía “para salvarlo”, mientras que Marian Beitialarrangoitia, de Bildu, ha situado la amnistía fiscal “tan reprobable como las anteriores, los recortes que la acompañaban y la reforma del artículo 135 de la Constitución.