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“Los españoles tenemos que tener responsabilidad y eso significa rigor presupuestario y ortodoxia económica” comentó con satisfacción el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, tras ser preguntado por la candidatura de la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño (A Coruña, 1968), al Eurogrupo, el órgano donde se reúnen los ministros de finanzas de la zona euro para discutir la política económica de la Unión. Las palabras de Garamendi definen a la perfección el papel de guardián de las esencias de Bruselas que juega Calviño en el Ejecutivo de la coalición de izquierdas.
Con la candidatura de la vicepresidenta al Eurogrupo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recupera una oportunidad para elevar la influencia de España en los organismos multilaterales en un momento clave cuando se están negociando las ayudas europeas multimillonarias contra la crisis del coronavirus. Sería un éxito político para el Ejecutivo de coalición, incluso con los resquemores que provoca entre varios miembros del Gobierno que Calviño asuma más fuerza aún dentro del Consejo de Ministros. España ya cuenta con Josep Borrell como representante para Política Exterior y de Seguridad, una vicepresidencia en el BCE con Luis de Guindos y José Manuel Campa en la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea.
Curiosamente el destino político de Calviño estuvo en el alero en la última campaña electoral. En un principio, Pedro Sánchez la colocó entre los puestos para ser directora gerente del FMI, pero la imposibilidad de su designación obligó al Gobierno a retirar su candidatura. Ante el traspiés, Sánchez utilizó uno de los principales valores de Calviño y en plena campaña electoral anunció que la tecnócrata europea volvería a encabezar el Ministerio de Economía como vicepresidenta en un claro movimiento político para tranquilizar a la clase empresarial y a sus excompañeros en Bruselas.
Sus conocimientos como alta funcionaria de la Comisión Europea de los entresijos de Bruselas -entre 2014 y 2018 fue directora general de Presupuesto de la UE y con anterioridad también fue directora general adjunta de Competencia-, su amplia lista de contactos entre la élite tecnócrata y el rol que asumió como garante de la estabilidad como solicitaron los empresarios españoles —con CEOE claramente posicionado frente a la coalición de izquierdas— le han otorgado un papel predominante en Moncloa.
La reputación de la que goza Calviño en los organismos comunitarios contrasta con los recelos que provoca en algunos ministros del Gobierno e importantes cargos del PSOE. La ortodoxia de Bruselas casa mal con los planteamientos del ala más izquierdista de la coalición, no solo en la parte de Unidas Podemos. José Luis Escrivá, responsable de Seguridad Social, ha chocado en algunas ocasiones con los planteamientos de Calviño, que nunca ha ocultado sus reticencias a la derogación de la reforma laboral, que figura en el pacto de investidura y que nadie salvo ella discute en la coalición.
Calviño juega un duro papel en el Ejecutivo a la hora de coordinar la política económica con unos socios de Gobierno que la colocaron entre sus principales objetivos por su posicionamiento de obediencia a los preceptos de Bruselas. Su papel como presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos -donde suele encontrar el respaldo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- le otorga el poder de dar el visto bueno o retrasar las medidas económicas que diseñan otros ministerios. Además, en Moncloa se admite su fuerte ascendencia sobre el presidente del Gobierno. Fuentes del Gobierno apuntan que las desavenencias con el ministro Escrivá de deben a las continuas objeciones que puso a dar luz verde al Ingreso Mínimo Vital o recuerdan como su influencia fue decisiva para rebajar el pacto entre el PSOE y Bildu para ampliar el estado de alarma que recogía la eliminación “integra” de la normativa laboral del Gobierno de Mariano Rajoy o cómo su posición fue determinante en la flexibilidad del cierre de toda actividad económica no esencial durante el pico de la pandemia.
Esta abogada y economista, hija del primer director de TVE, José María Calviño, que nombró Felipe González, madre de cuatro hijos, trabajadora perseverante y acostumbrada a no tomar partido para tratar de satisfacer a todos, sin especiales dotes políticas pero muy hábil en la relaciones con las élites, se ha convertido en un símbolo incluso para atacar a su propio Gobierno. En numerosas ocasiones los diputados del PP y Vox le piden a Pedro Sánchez que escuche más a Calviño y menos al vicepresidente Pablo Iglesias o alaban su papel moderado en el diseño de las políticas del Ejecutivo.
Tanto el PP como Ciudadanos y Vox han anunciado que apoyarán la candidatura de Calviño a presidir el Eurogrupo ya que consideran que “no hay mejor garantía para que la política española siga las directrices moderadas de la Unión Europea que el Eurogrupo se siente en nuestro Consejo de Ministros”.
En la coalición escuece el cariño con que la trata la prensa conservadora que ataca el resto del gabinete y también algunos rivales políticos. Su papel de independiente también desata suspicacias entre dirigentes socialistas, si bien todos consideran que su llegada a la presidencia del Eurogrupo sería una gran noticia para el Gobierno. Y en todo caso, recuerdan las fuentes consultadas, su papel es el que antes jugaron Pedro Solbes (Calviño trabajó con él en el Ministerio de Economía) y Elena Salgado, los guardianes de las cuentas y de la ortodoxia económica en otros gobiernos socialistas.