El nuevo modelo de ascensos en la Administración reabre la brecha entre inspectores y técnicos de Hacienda

El pasado noviembre, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos acordaron un nuevo modelo para fomentar la promoción interna en la administración. El Acuerdo, que se firmó para todos los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), ha tenido un especial efecto en la Agencia Tributaria, donde se ha reabierto la vieja brecha entre inspectores y técnicos de Hacienda. El enfrentamiento puede terminar en los tribunales.

El departamento que dirige María Jesús Montero acordó con CCOO, UGT y CSIF un nuevo protocolo para los ascensos internos en la AGE. Entre otros aspectos se contempla la reducción del temario, la simplificación de las pruebas y el aumento del peso de la experiencia del trabajador para acceder a los niveles superiores.

El cuerpo de inspectores de Hacienda, agrupados en la asociación IHE, rechazó desde el comienzo esta nueva vía. En la práctica podría facilitar el acceso de los técnicos a la escala que actualmente ocupan los inspectores, el nivel A1 de la administración, siempre en función de las plazas que se oferten de promoción interna. Los técnicos, por su parte, defienden que es una manera de mejorar el progreso de los profesionales dentro del sector público. Mientras, los sindicatos recuerdan la falta de personal que tiene la Agencia Tributaria y los compromisos del Gobierno para reforzarla y adecuarla a cuerpos similares en otros países, así como otros asuntos pendientes del organismo en materia laboral.

Para comprender este fuerte conflicto interno que se vive en el organismo conviene ir por partes. La voz cantante la está llevando IHE, que en las últimas semanas ha convocado protestas frente al ministerio, algo poco común en este cuerpo, y ha abierto la puerta a llevar ante la justicia este nuevo método de promoción. Su presidente, Ramsés Pérez, señala a este medio que este conflicto se produce como protesta ante “la simplificación al extremo de los requisitos para pasar de técnico a inspector”.

Pérez explica que la medida va en contra del sector público y trae consigo “una pérdida de habilidades” para acceder a la inspección. Con ello, considera que se va a producir un aumento de errores y reclamaciones en la actividad de la Agencia Tributaria. “Puede haber un colapso”, argumenta.

El sistema de acceso al cuerpo de inspectores es uno de los más complicados actualmente en la Administración. Distintas fuentes estiman que es necesaria una preparación de al menos cuatro años, centrados en el estudio, siendo muy difícil su compatibilización con un empleo. Esto es extensible a la vía de acceso del nivel A2 (técnicos) al A1 (inspectores). Los sindicatos apuntan que no es sencillo para los técnicos ya que el nivel actual de exigencia precisa de dejar de trabajar para prepararse las oposiciones. En la práctica, esto produce que muchas plazas de promoción interna queden vacantes.

Gestha es una de las organizaciones sindicales que engloban a técnicos de Hacienda de todo el país. Su secretario general, Carlos Cruzado, considera que la IHE está queriendo “ridiculizar” el nuevo método de promoción para evitar la entrada de técnicos en el cuerpo de inspectores. Apunta que no va a haber una merma del servicio ya que la experiencia y los conocimientos ya son muy altos entre los técnicos. Además, recuerda que, tras superar esas pruebas, tendrán que pasar durante un año a una escuela de Hacienda que será selectiva. “Dan muchas razones que no son ciertas, lo que no quieren es un cambio de modelo ni asumir esta nueva realidad en la Función Pública”, añade Cruzado.

No es la única de las organizaciones que muestra su enfado con IHE y el cuerpo de inspectores. Los distintos sindicatos consultados se refieren a esta asociación como un “lobby de un cuerpo de élite” y le acusan de no querer perder privilegios. La propia Gestha presentó recientemente un informe en el que apuntaba que la mayor parte de los inspectores tienen salarios más altos que el presidente del Gobierno.

Pérez, de IHE, habla también de los salarios. Asegura que el cambio de modelo “responde más a una subida salarial”. “Estamos de acuerdo con que los técnicos cobren más, pero no a costa de la calidad del servicio público”, señala el presidente de la asociación de inspectores. “Lo denunciamos porque está en peligro el servicio público y la independencia”, incide. Pérez lamenta que la Administración no les haya consultado en este proceso.

El malestar entre los sindicatos con la IHE es patente. “Tratan de dificultar el acceso para que no le toquen su élite”, asegura Antonio García, secretario general de UGT en la Agencia Tributaria. “Toda la bronca no es por la defensa del servicio público, sino de sus privilegios”, añade García, quien considera que pretenden dejar sin efecto un acuerdo que se ha alcanzado para toda la AGE.

Francisco Tamargo, su homólogo en CCOO, coincide con este análisis. Considera que la IHE se está “radicalizando” y sugiere que obedece al continuo “acoso y derribo” a todo lo que haga el actual Gobierno. Este representante señala que, en la práctica, muchas de las funciones que realizan los técnicos de Hacienda son similares a las de los inspectores. A ello se suma la continua formación a la que están sujetos, que hace que sea un cuerpo con una alta cualificación.

Tamargo considera una buena noticia que el factor “memorístico” pierda importancia en el nuevo modelo de promoción interna. Además, recuerda que la complejidad del acceso actual ha llevado a que sea un colectivo “endogámico”, que rechaza los cambios porque “solo vela por su estatus”. “¿Quién puede dedicar cuatro años de su vida a prepararse?”, se pregunta García, de UGT.

Manolo Porras, secretario general de SIAT, el sindicato mayoritario en la AEAT, reconoce que este cambio, que se ha producido en toda la Administración, está generando mayor conflicto en el organismo porque el cuerpo de inspectores “es muy importante y tiene poder”, y recuerda que la mayor parte de los directores de la AEAT ha salido de él. Sin embargo, mantiene una postura intermedia en este conflicto, señalando que son “espectadores de primera fila”. Plantea una alternativa que estaría basada en una reclasificación dentro de la AEAT, sin centrarse en los modelos de promoción interna.

Faltan manos

Hay un punto en común en este contexto: faltan manos en la agencia. En ello coinciden todas las partes de este conflicto. Apuntan que desde 2012 se han perdido efectivos en la Agencia Tributaria, con una plantilla inferior a las de otros países de la UE. Los recortes en la Administración Pública en plena crisis financiera y los límites que se pusieron a la contratación de funcionarios han lastrado al sistema.

Ahora mismo, la Agencia Tributaria tiene en torno a 26.000 efectivos, de los que menos de 2.000 son inspectores. El Gobierno se comprometió en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con Bruselas a elevar la plantilla hasta los 28.000 trabajadores. “La situación ha sido terrible, en nuestra oposición llegaron a salir solo 60 plazas en cuatro años”, lamenta Ransés Pérez, de IHE. “Para lograr el objetivo se necesita potenciar el acceso”, apunta Francisco Tamargo, de CCOO.

Sin embargo, difieren en el análisis de las soluciones. García, de UGT, o Cruzado, de Gestha, plantean que este nuevo modelo de promoción interna puede servir para alcanzar ese listón de los 28.000 trabajadores, potenciando el paso de un nivel a otro. Sin embargo, Pérez, de IHE, rechaza de plano esta alternativa.

Para el presidente de la asociación de inspectores, “nuestra solución puede ser mejorable, pero ya se estaban solucionando los problemas de entrada”. Es decir, rechaza cambios como el pactado para toda la Administración General del Estado porque “un problema coyuntural por la austeridad presupuestaria no puede tener un cambio estructural”.

Manolo Porras, secretario general de SIAT, considera que hay que abrir el foco y no centrarse únicamente en los inspectores y los técnicos. “Hay necesidades de gente en todos los ámbitos”, apunta, y defiende que los avances para alcanzar el objetivo de los 28.000 trabajadores está todavía “en fase embrionaria”.

Conflicto laboral

Porras hace un llamamiento a centrarse en lo que debe de ser la prioridad en la Agencia Tributaria. SIAT, CCOO y UGT abrieron hace unas semanas un conflicto laboral en el organismo, al que se adhirieron otros sindicatos, para reclamar soluciones a aspectos que venían de lejos y que afectan al conjunto de la plantilla.

Los sindicatos reclaman tres aspectos. El primero es el desarrollo de la carrera profesional. Se acordó en 2007 y se paralizó en 2012 sin que se llegara a implementar definitivamente. El segundo hace referencia al convenio colectivo del personal laboral, que lleva caducado desde 2006. El último de los puntos es el que afecta al teletrabajo, que, señala Porras, sigue sin implementarse de manera regulada. Además, el actual sistema, vinculado al ahorro energético, ha levantado el malestar en la plantilla que, según denunció UGT, “están en pie de guerra por el frío que pasan”.

Porras lamenta la actitud de la dirección del organismo. “No hay avances y se están dando pasos hacia atrás en la negociación colectiva”, zanja.