Qué hay de nuevo en el tribunal para el TTIP que propone ahora Bruselas
La Comisión Europea ha anunciado un nuevo tribunal para dirimir los conflictos que nazcan del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés TTIP. Bruselas intenta así salvar el principal escollo para aprobar el tratado pero aún se encuentra con la oposición de la sociedad civil. Tom Kucharz de Ecologistas en Acción, una de las ONG más implicadas en frenar el tratado, asegura que el instrumento anunciado por Bruselas es “puro maquillaje” y que no cambia el fondo, esto es, que una empresa pueda demandar a un Estado. En cualquier caso, ahora debe aprobar la propuesta EEUU que pretende darle un carácter más transparente y público al tribunal, que se convertirá en una Corte de Inversión entre empresas y estados. ¿Qué cambia con respecto a la criticada propuesta anterior? Extraemos los principales cambios pero se puede consultar el texto completo aquí.
Dos salas: primera instancia y apelaciones
La consideración de Corte Internacional ya es nueva de por sí. El tribunal que dibuja la Comisión tiene dos salas, una de primera instancia y una de apelaciones. Esto garantiza la seguridad de todo el proceso jurídico.
Compuesto por 15 miembros, jueces de carrera
El tribunal estará compuesto por 15 miembros que deberán ser nombrados públicamente. Cinco de ellos serán ciudadanos de la UE, otros cinco estadounidenses y el resto de otros terceros países. Estos 15 jueces serán los únicos que pueden atender los casos planteados al tribunal. La corte de apelaciones tendrá 6 miembros. De nuevo, cada tercio de una nacionalidad.
Perfil de los jueces
Los jueces deberán cumplir los requisitos para ser magistrados en su país de origen y tener formación acreditada en Derecho Internacional. Su mandato durará seis años renovable una vez. Para lograr que no coincidan durante el mismo tiempo, cuando se cree el tribunal, siete de los jueces, elegidos por sorteo, tendrán de forma extraordinaria un mandato de 9 años.
Sorteo de casos
Tres jueces compondrán cada tribunal, uno por nacionalidad, y los casos se distribuirán de forma aleatoria. Según la Comisión, esta es una diferencia clave con la propuesta anterior de arbitraje ya que en el anterior mecanismo se repartían los casos ad hoc y los árbitros eran escogidos por terceras partes.
Conflicto de interés
“Su independencia debe estar fuera de toda duda”, reza el texto. No pueden formar parte de ningún Gobierno. No podrán ser asesores ni consejeros en materia de inversión.
Se crea el “derecho a regular”
Uno de los puntos calientes del Tratado es la de inmiscuirse en la soberanía nacional modificando normas domésticas. Para solventar las suspicacias, se crea el “derecho a legislar” que implica que las decisiones del tribunal no deben suponer un cambio en la regulación interna del país en disputa. Según explicó la comisaria, con un fallo en contra no habrá que cambiar la ley sino compensar a la empresa agraviada.
Cinco causas para demandar a un Estado
La protección del inversor se concentra en cinco derechos que sin son conculcados le permiten dirigirse al tribunal. La compensación por una expropiación o nacionalización; la repatriación de fondos que sean parte de su inversión en el país; trato justo y comparable al de una empresa nacional (se recoge un listado de discriminaciones, como por razón de religión, muy restrictivas); respeto a las obligaciones contractuales que haya firmado un Estado; y un comprimo de compensar por pérdidas en caso de guerra o conflicto armado. Este va a ser el principal problema con EEUU al no recoger su ley que no se pueda discriminar a un extranjero en la contratación.
Pese a estas limitaciones, Ernest Urtasun, eurodiputado por la Izquierda Plural, lamenta que no prime el ordenamiento jurídico nacional y no se diriman estas cuestiones en tribunales locales. Urtasun pone como ejemplo la remunicipalización de una empresa de limpieza porque no se estuviera prestando bien un servicio. Teme que la compensación por nacionalización que contemple el tribunal no tenga en cuenta factores recogidos en el ordenamiento jurídico español, como el derecho a la salud, lo que supondría un fallo no ajustado a la legislación local.
Transparencia
Si de algo ha sido acusado el TTIP es de falta de transparencia en su negociación. El proceso de negociador no tiene perspectiva de cambiar pero la Comisión Europea promete que el tribunal sí será transparente. Los documentos se podrán consultar online (la Comisión recuerda que eso es algo imposible en los juicios de casi todos los estados de la UE) y las audiencias serán públicas.
