El número de consumidores con las tarifas de luz más caras marcó un récord tras la borrasca Filomena

El número de consumidores domésticos acogidos a las denominadas “ofertas” de luz del mercado libre que publicitan las compañías eléctricas, más caro que la tarifa semirregulada del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), marcó otro récord en enero, tras el anterior pico de precios que acompañó a la ola de frío que siguió a la llegada de la borrasca Filomena. 

Según el último Boletín de Indicadores Eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado este miércoles, en enero había en el mercado libre 16,14 millones de clientes con hasta 10 kilovatios (kW) de potencia contratada, frente a los 10,69 millones de suministros acogidos al PVPC, un nuevo mínimo. El mercado libre, el que fomentan las compañías, suponía así ya el 60,2% del total de esa franja. En ella están más del 90% de los hogares españoles.

El número de consumidores que aparece en ese boletín es un promedio de todos los días del mes. El dato de enero, el último disponible, recoge el efecto de la fuerte subida de los precios del mercado mayorista de electricidad en los primeros días de 2021. La conclusión es que, si hubo 'efecto Filomena', fue a favor del trasvase hacia las ofertas que promocionan las empresas, con mayores márgenes para ellas.

La pandemia y la gran reclusión propiciaron que en 2020 los precios medios del mercado mayorista se hundieran, pero en 2021 el pool inició una primera escalada que tocó techo el 8 de enero, con un pico de casi 94 euros por megavatio hora, el segundo más elevado de la historia tras los 103,76 euros del 11 de enero de 2002. La espiral se ha reactivado en el último mes y el pool ha rozado esta semana al nivel de enero; para este jueves, el precio medio es de 93 euros MWh.

La escalada, inédita para un mes de junio, ha provocado una nueva tormenta política y fricciones dentro del Gobierno de coalición. Se explica por el encarecimiento de los derechos de emisión que soportan fundamentalmente las centrales de gas, que son las que acaban marcando el precio por el diseño marginalista del mercado, aunque la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a la CNMC que analice “cualquier posible comportamiento irregular” de las eléctricas, como por otro lado el organismo debe hacer de oficio. 

El rally alcista en pleno inicio de la recuperación se ha intensificado coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva factura que penaliza el consumo en las horas con más demanda y tras anunciar el Gobierno un anteproyecto para frenar los denominados “beneficios caídos del cielo” de hidroeléctrica y la nuclear por el encarecimiento del CO2 que, según las eléctricas, aboca al cierre de los reactores.

Suspensión “provisional” de impuestos

Ante el descontrol de precios, o subida “exorbitante”, como la definió el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con una factura que en junio puede batir todos los récords, Teresa Ribera anunció el miércoles en el Congreso que estudia la “suspensión” de alguna figura impositiva “con carácter excepcional y provisional” para “facilitar” a los consumidores “hacer frente” a este incremento de costes. “No es descartable que en situación tensa como esta haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento”, dijo, sin citar ninguna figura impositiva en concreto.

Transición Ecológica ya suspendió en 2018 durante seis meses el impuesto del 7% a la generación eléctrica, una medida que la asociación de consumidores Facua considera insuficiente porque “reducirá la factura poco más de lo que cuesta un café” y “no es la solución al problema”.

El último boletín de la CNMC también refleja un tímido incremento en el número de usuarios acogidos a los descuentos del bono social, con 1,1 millones de suministros acogidos a 31 de enero, aunque todavía no se ha recuperado del desplome que sufrió en septiembre, tras el fin de la prórroga automática de los descuentos que estuvo vigente durante los meses más duros de la pandemia. El Gobierno tiene pendiente reformar ese bono, que según dijo en enero Ribera en el Congreso debe beneficiar solo a “quienes más lo necesitan”, en lo que se interpretó como un amago de retirarlo a las familias numerosas de más renta (a este colectivo se le concede sin discriminar sus ingresos).

El bono social es un descuento que se aplica sobre el PVPC, que pese a ser la tarifa más barata, lleva años en retroceso: cuando se puso en marcha en abril de 2014, había acogidos a él 14,54 millones de hogares, 3,85 millones menos que en enero de este año. Es la modalidad que están obligadas a suministrar las llamadas comercializadoras de referencia, entre ellas, las de las cinco grandes del sector en España. Está indexado al precio horario del pool. Esto hace que sea más sensible a las oscilaciones del mercado como las de estos días. 

“Quedarse siempre en el PVPC”

Sin embargo, a la larga, el PVPC es la opción que más compensa a los usuarios. Como explica Transición Ecológica, “sin letra pequeña ni servicios adicionales”, el PVPC “supone un ahorro frente a cualquier otra modalidad de contratación, al considerar como precio de energía el que resulte directamente del mercado de producción y no incorporar ningún coste por el aseguramiento del precio”. Es también la opción que aconsejan asociaciones de consumidores como Facua o la OCU. También expertos como el expresidente de Red Eléctrica Jorge Fabra.

“Yo recomiendo quedarse siempre en el PVPC”, decía en una reciente entrevista el también ex consejero de la CNE o el CSN. En opinión de Fabra, las comercializadoras de electricidad “no aportan absolutamente nada: son un 'call center' en Marrakech que te hace la factura, no interviene para nada ni en la industria, ni en el comercio, ni en la economía. Es una de las figuras más perniciosas en la organización del mercado. Se habla de mercado minorista, pero eso lo hace el frutero que a las 6 de la mañana se va a Mercamadrid, elige las frutas para sus clientes y las coloca en su mostrador. Eso no existe en el sector eléctrico, donde el distribuidor, que no el comercializador, te lleva la electricidad hasta la mesilla de noche”. 

En 2020, como explicó en diciembre el consejero delegado de Endesa, José Bogas, el desplome de los precios mayoristas hizo que el PVPC saliera todavía más a cuenta e incluso se frenase puntualmente el trasvase de consumidores al mercado libre. Hubo una salida importante de clientes domésticos a la tarifa regulada por primera vez en muchos años, porque “acertadamente”, en expresión de Bogas, vieron que la caída del precio del pool hizo esta opción todavía más atractiva. 

Fue en enero, justo antes de la llegada de Filomena, cuando la CNMC publicó su último informe de Supervisión del mercado minorista de electricidad. Con datos de 2019, el documento explicaba que en ese ejercicio el precio medio de la luz para un consumidor acogido al PVPC se redujo un 7% con respecto a 2018 y fue “en torno a un 17% inferior” a la media del conjunto de comercializadoras del mercado libre. Estas subieron sus precios de media un 2%. 

Habrá que esperar unos meses todavía para conocer si la nueva tarifa por tramos horarios intensifica el trasvase de consumidores al mercado libre. Como explica la CNMC, la nueva tarificación “afecta a todos los consumidores domésticos con hasta 15 kW de potencia. Da igual si están en mercado libre o regulado”.

Si se está en PVPC, la comercializadora deberá aplicar los nuevos precios establecidos para los términos de potencia y energía con los nuevos tramos horarios (punta/llano y valle). Si se está en el mercado libre, la comercializadora deberá adaptar el precio del contrato para incorporar la diferencia de costes regulados. Podrá adaptarlo a los nuevos periodos o mantener los tramos que el consumidor tuviera acordado previamente en su contrato (precio fijo todo el día, precios diferentes entre semana/fin de semana...), “trasladando al precio la diferencia de costes que resultaría para su perfil de consumo”, recuerda la CNMC.