La opa sobre Naturgy aboca a que Estados extranjeros sean los primeros accionistas de las tres grandes eléctricas españolas

Pleno de empresas públicas extranjeras como primeros accionistas de las tres grandes compañías eléctricas españolas. Es el escenario que se atisba ante la oferta pública de adquisición (opa) que prepara la empresa estatal de Emiratos Taqa sobre el 100% del capital de Naturgy, líder del sector gasista en España y la tercera eléctrica del país.

El emirato de Abu Dhabi, que también controla la mayoría de las acciones de Cepsa, segunda petrolera española, está en conversaciones con Criteria Caixa, actual primer accionista de Naturgy con el 26,7% de Naturgy, para pactar la gestión de esta compañía mientras negocia comprar a CVC y GIP sus paquetes de acciones de la energética.

Estos fondos (en el caso de CVC, aliado con Alba, de la familia March) son dueños del 41,3% de la antigua Gas Natural Fenosa y llevan tiempo queriendo salir del capital. No se descarta que Criteria aumente su actual participación, lo que abre la puerta a una opa conjunta con Taqa.

Sin embargo, tal y como planteó la operación cuando la confirmó la semana pasada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Taqa podría incluso llegar a superar el 50% de Naturgy con esa opa, teniendo en cuenta que cerca del 13% del capital de Naturgy fluctúa libremente en Bolsa.

En principio no se plantea la venta de los paquetes ni de Criteria ni de los otros socios de referencia, el fondo australiano IFM (15%) y la estatal argelina Sonatrach (dueña del 4,1%). En cualquier caso, la operación necesitará del visto bueno del Gobierno, al tratarse de una empresa estratégica. La opa podría valorar el 100% de Naturgy en más de 26.000 millones de euros. Sería una de las mayores operaciones empresariales en España en los últimos años.

De materializarse el escenario ya comentado, en el que Taqa superase la participación de Criteria y se convirtiera en el primer accionista, el capital extranjero de titularidad pública pasaría a copar así el accionariado de las tres primeras empresas del sector eléctrico español.

Este fue privatizado completamente entre finales de los 90 y principios de este siglo. La presencia del Estado español en el sector se limita a sendos paquetes en los operadores de las redes de electricidad y gas, Redeia (10%) y Enagás (5%). En esta última también participa Mubadala (3%), primer accionista de Cepsa.

En el caso de Endesa, su primer accionista desde 2007 es el grupo semipúblico italiano Enel, que actualmente controla el 70,1% y entró en la antigua eléctrica pública española (que en noviembre cumplirá 80 años de historia) como consecuencia de la guerra de opas que inició Gas Natural (lo que hoy es Naturgy) en septiembre de 2005.

Un papel mucho menos activo que el de Enel en Endesa tiene en Iberdrola su primer accionista, el Emirato de Qatar, dueño de un 8,71% de la primera eléctrica española a través del fondo QIA. 

Qatar también es primer accionista de IAG (dueña de Iberia) o la inmobiliaria Colonial. Lleva en el accionariado de Iberdrola desde 2011, pero nunca ha formado parte de su consejo de administración. Iberdrola firmó a finales del año pasado una alianza estratégica con otra empresa de Abu Dhabi, Masdar (también pública, y participada por la propia Taqa y por Mubadala) para invertir conjuntamente 15.000 millones en proyectos eólicos marinos y de hidrógeno verde en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

Ahora se va a sumar a este puzzle la estatal Taqa con su previsible entrada en Naturgy, una compañía con 180 años de historia en la que el Estado español nunca ha participado, aunque es una empresa especialmente estratégica, por el contrato de aprovisionamiento de gas a España desde Argelia a través de Sonatrach mediante dos gasoductos.

De esos dos tubos, actualmente solo uno bombea esa materia prima hacia España, el que conecta directamente con Argelia. El otro, que transita por Marruecos, dejó de hacerlo tras el súbito cambio de posición de Pedro Sánchez sobre el Sahara, que provocó una airada reacción de Argel. Argelia, que no tiene buenas relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes, es el primer proveedor de gas a España. La actualización del precio de ese contrato de suministro lleva tiempo en negociación con Naturgy.

Entrada del Estado

La irrupción de Taqa ha hecho que una parte del Gobierno, y en concreto la vicepresidenta Yolanda Díaz, haya reclamado la entrada del Estado en Naturgy, como ya ha ocurrido en Telefónica tras la irrupción del grupo saudí STC en la mayor compañía de telecomunicaciones de España.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acaba de convertirse en primer accionista de Telefónica con un 5%, con una inversión de 1.134 millones. El holding público puede aumentar esa participación para llegar al 10%, el mismo porcentaje al que quiere llegar esa empresa de Arabia Saudí. Cuando en diciembre el Consejo de Ministros autorizó la entrada de la SEPI en Telefónica, el Ministerio de Hacienda señaló que esta operación está “en línea con la presencia de otros países europeos como Francia o Alemania en operadoras”. 

Precisamente, Francia nacionalizó completamente la eléctrica estatal EdF en 2022 y ese mismo año Alemania rescataba la eléctrica Uniper, el mayor importador de gas del país, como consecuencia de la onda expansiva de la guerra en Ucrania.

La parte socialista del Gobierno no ha descartado de plano el escenario de una entrada del Estado en Naturgy. Pero no parece estar por la labor. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que es “prematuro” para ello.

Este miércoles, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, enfriaba todavía más esa posibilidad al asegurar que hay otras formas de proteger empresas estratégicas para España distintas a la entrada del Estado en su capital, como asegurar inversiones a futuro con socios o núcleos de accionistas “suficientemente estables”. Así, no se descarta un aumento de la participación de Criteria, que en ningún caso superaría a la de Taqa. 

El ministro Cuerpo, en declaraciones al Canal 24 Horas, señalaba que “no tenemos que ser ingenuos, tenemos que proteger nuestros intereses estratégicos y más cuando estamos a nivel europeo hablando de la importancia de la seguridad económica en sectores que son clave. Hacia adelante tenemos que tener ese elemento de autonomía estratégica y el sector de la energía desde luego es uno de ellos”. 

“Más que entrar o no entrar” en el capital de Naturgy, “que es un vector de discusión de hace 20 o 30 años”, según el ministro de lo que se trata es de proteger los intereses estratégicos de sectores clave para la economía española, y no necesariamente a través de la entrada del Estado en su capital. Y “la protección de estos intereses no siempre tiene que realizarse a través de una entrada o de una participación del Estado en ellos.

Una de las voces que ha planteado este escenario de intervención estatal es el marido de Ribera y consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ex de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Mariano Bacigalupo, que esta semana señalaba en su cuenta en la red social LinkedIn, de la que es asiduo, que “la intervención pública en la economía, para proteger la autonomía estratégica y el interés general en los sectores estratégicos de la economía, vuelve a ser un tema crucial de la política económica”, aunque “está sujeta a juicio de oportunidad (política)”.

En favor de esa entrada se ha posicionado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que hace unos días defendió que el capital de Naturgy sea español. “Hay que salirse del viejo anatema de que el Estado no puede tomar posiciones a través de la compra accionarial u otro tipo de actuaciones sobre estos sectores estratégicos”.

La vuelta del Estado a presencias estratégicas ha dejado de ser un tabú desde que la crisis del coronavirus puso de relieve la importancia de la autonomía estratégica de la UE. La presencia de eléctricas con participación pública es muy habitual en el mundo desarrollado. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado en abril de 2018 recordaba que 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial tenían participación pública. El listado incluía empresas energéticas de países como China o Venezuela, México y Rusia, pero también de Canadá, Estados Unidos, Suecia, Francia, Brasil, Japón e Italia.

Desde entonces, han desembarcado en España con importantes planes de inversión en renovables varias empresas públicas. Es el caso de la austriaca Verbund (con mayoría accionarial de ese centroeuropeo), que acaba de firmar una alianza estratégica con la española Capital Energy para desarrollar plantas hidroeléctricas de bombeo en España con una capacidad de alrededor de 830 MW. Verbund ya adquirió a Capital Energy una cartera de proyectos renovables de 171 MW en 2022.

Otros ejemplos recientes son los de la china Three Gorges, accionista de la portuguesa EdP, y cuya filial española cerró 2021 con un volumen de activos superior a los 1.000 millones, o la noruega Statkraft, primer productor renovable de Europa, que actualmente está desarrollando una cartera de 1.600 MW en España, donde ya opera 750 MW fotovoltaicos.