El Gobierno no sabe cómo afectará a las pensiones el factor de sostenibilidad que aprobó en 2013
Queda menos de un año para que entre en vigor una de las principales medidas de la reforma de las pensiones del Gobierno y la ministra de Empleo no sabe cómo afectará a estas prestaciones. Es lo que ha respondido este miércoles a las reiteradas preguntas de la oposición sobre el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 para vincular las pensiones iniciales a la esperanza de vida. La mayoría de los grupos parlamentarios han pedido al Gobierno la derogación o revisión de esta variable porque consideran que empobrecerá a los pensionistas en los próximos años.
El factor de sostenibilidad fue una de las medidas de la reforma de las pensiones del Gobierno de Rajoy del año 2013. También lo fue el índice de revalorización de las pensiones, que desindexó las prestaciones del IPC y estableció por ley una subida mínima del 0,25% dependiendo de la situación de las cuentas de la Seguridad Social. Ante el gran déficit que sufren estas cuentas, agrandado en 200 millones en 2017, las pensiones han vuelto a subir en ese porcentaje este año, lo que hizo perder casi un punto de poder adquisitivo a los pensionistas.
El factor de sostenibilidad, que se revisará cada cinco años, pretende que “a igual contribución al sistema los españoles, recibirán igual pensión teniendo en cuenta la esperanza de vida”, ha recordado la ministra de Empleo y Seguridad Social. Como las personas cada vez viven más, el pago de la prestación deberá extenderse durante más años y, por tanto, reducirá su cuantía.
Fátima Báñez ha explicado que “todavía no tenemos el dato cierto” de cómo afectará el factor de sostenibilidad en su entrada en vigor, ya que el Gobierno está a la espera del dato de defunciones en 2017 del Instituto Nacional de Estadística. “Se lo haremos llegar cuando sepamos ese dato”, ha zanjado la ministra, una reacción que para los diputados de la oposición que participan en el Pacto de Toledo ha sido una mera excusa: “Ella sabe ya esos datos, pero no los quiere dar”.
No obstante, la ministra ha precisado que la entrada del factor de sostenibilidad no implica necesariamente “que la pensión inicial sea menor” en 2019, algo que niega la portavoz socialista en la Comisión del Pacto de Toledo, Mercè Perea: “Según dicen los analistas, va a suponer una reducción de las pensiones de entrada”. Perea cita las proyecciones recogidas en Cinco Días que avanzan recortes “de entre un 5% y un 6% cada diez años”.
La portavoz de Unidos Podemos en la Comisión, Aina Vidal, ha esgrimido también otra estimación: “Se prevé que en 2030, la pensión inicial de alguien que se jubile ese año será un 16% menor si no se hubieran llevado a término las reformas”. Además, ha mencionado otros estudios que toman en consideración también la reforma de 2011 del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que amplió la edad de jubilación (entre otras medidas), y que elevan la cifra a “una reducción del 40% de la pensión que se cobrará en 2050”.
Los portavoces del PdeCAT, Carles Campuzano, y del PNV, Iñigo Barandiaran, han incidido también en el “consenso” instalado en la Comisión del Pacto de Toledo –con la misión de enviar recomendaciones al Gobierno para modificar el sistema público de pensiones– sobre la necesidad de derogar o modificar el factor de sostenibilidad para no perjudicar a los futuros pensionistas.
Campuzano ha destacado que “la reforma del año 2013 es injusta e inequitativa y va a empobrecer a los pensionistas”, por lo que llama al grupo del Gobierno a facilitar que se modifique. Por su parte, Barandiaran ha recordado que “todos los grupos menos el PP” están a favor de volver a indexar las pensiones al IPC y ha pedido consenso para llegar a otra fórmula del factor de sostenibilidad, ya que el actual “es demasiado agresivo”.
Los sindicatos mayoritarios han pedido en varias ocasiones la derogación de las reformas de 2013. En un reciente estudio, UGT calcula que “la aplicación en España del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad hará que la tasa de reemplazo (el porcentaje del salario que cobran los pensionistas) se reduzca desde el 81% actual a un 48% en 2060”. A falta de menos de un año para su entrada completa en vigor, habrá que esperar para conocer las estimaciones del Gobierno.
