Qué hay que hacer en política para asegurarte la pensión o un sueldo de por vida

Las declaraciones de Celia Villalobos, la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo y diputada del PP, agitaron esta semana el debate sobre las pensiones. “Hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir cobrando la pensión, que en activo, trabajando”, dijo sin datos que lo sustentaran. La situación que expuso la diputada parece bastante atípica a ojos de los expertos consultados. En el caso de los políticos, sí existen algunos cargos en los que por el mero hecho de ocuparlos, les garantizan una pensión futura o unas atribuciones mensuales.

La ley en España establece que para cobrar la pensión contributiva completa se han de haber cotizado como mínimo 35 años y la edad de jubilación está establecida en la actualidad en los 65 años. Como mínimo, deben cotizarse 15 años para poder optar a una pensión contributiva de jubilación, de menor cuantía, de tan solo la mitad de la base reguladora. Sin embargo, algunos cargos políticos permiten a sus protagonistas recibir pensiones sin seguir estos plazos.

Más de un centenar de ex parlamentarios ya jubilados consiguen redondear sus pensiones hasta alcanzar la máxima que contempla la ley (algo más de 2.500 euros al mes en 14 pagas) a cuenta de los presupuestos del Congreso y del Senado. Estos complementos se eliminaron en 2011, pero no con carácter retroactivo por lo que aún beneficia a algunos diputados.

Los privilegios materializados en pensiones y sueldos vitalicios –o muy extendidos en el tiempo– tienen como principales beneficiarios a los ex presidentes de Gobierno, tanto estatales como regionales. Hay Comunidades Autónomas que no tienen reconocido ningún o casi ningún derecho a que sus ex dirigentes reciban retribuciones económicas. Son Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Canarias, la Comunidad de Madrid, La Rioja y Murcia, aunque algunas han pasado a engrosar esta lista en los últimos años, en medio de las medidas a favor de la austeridad de los ejercicios más afectados por la crisis económica.

A continuación, un recorrido por las diferentes Comunidades así como por los distintos cargos que pueden ostentar los políticos y que abren las puertas a un futuro aliviado por sueldos y/o pensiones. En algunos casos, aunque las regiones no les han garantizado un retiro dorado a sus ex dirigentes en forma de jubilación, sí les han provisto del acceso a importantes sumas a través de los Consejos Consultivos, órganos consultivos de cada región similares al estatal Consejo de Estado.

Ex presidentes de Gobierno

Según explican fuentes del Ministerio de Hacienda, los únicos cargos políticos con una asignación de por vida al dejar el cargo son los presidentes del Gobierno. Reciben una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado. “Actualmente la cantidad que percibe cada uno de los tres ex presidentes asciende a 90.155,00 euros, la cual se hace efectiva trimestralmente, mediante libramiento en firme, y sujeta a la correspondiente retención a cuenta de IRPF”, detallan las mismas fuentes.

Además, los ex presidentes tienen reconocidos otros servicios en el Estatuto de Ex Presidentes del Gobierno, como dos puestos de trabajo de libre designación, automóvil con conductor, así como la seguridad que estime oportuna Interior. También tienen garantizado el “libre pase en las Compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado”.

Por otro lado, ser ex presidente del Gobierno central también concede el derecho a formar parte del Consejo de Estado, un puesto que está remunerado con 75.000 euros anuales y que es incompatible con la empresa privada. Si lo desean, los ex dirigentes pueden acceder a la condición de “consejeros natos” de Estado con carácter vitalicio. En 2012, el Gobierno aprobó un real decreto que obligó a elegir entre una o otra remuneración, porque incluía la incompatibilidad entre “cualquier prestación económica prevista con ocasión del cese en un cargo en el sector público” y una segunda retribución “con cargo a presupuestos públicos”.

En la actualidad, ningún ex presidente forma parte del Consejo de Estado, después de que en 2015 José Luis Rodríguez Zapatero dejara de formar parte de él al fichar por una ONG alemana. El ex dirigente del PSOE renunció a los cerca de 100.000 euros anuales (con dietas y pluses) que cobraba en ese momento del Consejo asesor. José María Aznar fichó este año por el bufete más grande del mundo y Felipe González no ha querido formar parte por el momento de este órgano.

Eurodiputados

Los eurodiputados tienen derecho a percibir una pensión de jubilación al cumplir los 63 años de edad, a cargo del presupuesto de la UE. Esta retibución será el 3,5% del sueldo por cada ejercicio anual completo de un mandato, pero no superior al 70% en total. Es decir, que si un eurodiputado completa cinco años de un mandato, será del 17,5% del sueldo. El salario mensual antes de impuestos que perciben los diputados de la Eurocámara es de 8.484,05 euros (julio de 2016). Los eurodiputados tienen acceso además a la pensión española, si han cotizado los suficientes años para ello.

Además, los parlamentarios europeos contaban con un plan de pensiones complementario, introducido en 1989, pero que se cerró a nuevos participantes en julio de 2009 y ahora “se está suprimiendo gradualmente”, recoge la Eurocámara.

Catalunya

La Comunidad Autónoma es la región con más cargos políticos que tienen al alcance un retiro apoyado por las arcas públicas. Es el caso de los ex presidentes de la Generalitat y los del Parlament. En el primer caso, Jordi Pujol aprobó en 2003, unos meses ante de dejar el cargo de presidente tras 23 años, una ley que garantiza a partir de los 65 años una “pensión vitalicia” con una asignación mensual del 60% del sueldo mensual del president. Además, su cónyuge viudo, llegado el caso, tiene derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 50% de la que correspondería al fallecido. Y, en caso de muerte del cónyuge viudo, “la pensión debe beneficiar en la misma cuantía a los hijos menores hasta que alcancen la mayoría de edad”, indica la ley.

La pensión vitalicia de un ex president es incompatible a otra remuneración a la que tienen derecho: una asignación mensual del 80% del sueldo de presidente en ejercicio durante la mitad del tiempo que permaneció en el cargo y, como mínimo, por una legislatura. Además, tiene derecho a una oficina con los medios necesarios para su funcionamiento. Jordi Pujol renunció a estos privilegios en 2013 después de confesar que mantuvo una herencia millonaria sin declarar en el extranjero. Percibía unos 82.100 euros anuales (5.864 euros en 14 pagas) en concepto de la pensión vitalicia.

Por otro lado, los ex presidentes del Parlament que ostentan el cargo durante dos años como mínimo también tienen a su alcance varias retribuciones, similares a las del líder del Govern. Desde el año 80, a partir del cual tiene efecto la norma, todos los presidentes de las Cortes catalanas han estado más de dos años en el puesto. Carme Forcadell es la que entra en el supuesto de manera más justa, porque dirigió la Cámara durante dos años y tres meses. Según la norma –firmada también por Jordi Pujol–, se garantizó en estos casos una pensión de jubilación a partir de los 65 años que asciende al 60% del sueldo mensual que corresponda al presidente del Parlament en ejercicio. Los cónyuges viudos también tienen acceso al 50% de la pensión que correspondería al fallecido.

Además, tras dejar el cargo los presidentes también tienen derecho a una asignación mensual del 80% del sueldo de presidente de la Cámara. Pero en este caso se puede alargar hasta un máximo de 24 mensualidades. Esta prestación y la de jubilación son incompatibles entre sí.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid en la actualidad no tiene “ningún cargo político que tenga derecho a una pensión vitalicia”, explican desde el Gobierno regional. En diciembre de 2015, la presidenta Cristina Cifuentes eliminó por ley el Consejo Consultivo, que daba acceso a un cargo con carácter vitalicio para los ex presidentes de la región y al que accedió unos meses antes el ahora encarcelado Ignacio González. La supresión “estaba recogida en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos”, explican las mismas fuentes. Cifuentes se comprometió a regular un estatuto para los ex presidentes madrileños, que se ha ido posponiendo.

El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid lo creó Esperanza Aguirre, a través de una ley en 2007. Recogía el derecho de los ex presidentes madrileños a formar parte como consejeros permanentes, con “carácter vitalicio”. Según la norma, las retribuciones eran las previstas para los consejeros de la Comunidad de Madrid. En 2014, la cifra rondaba los 8.500 euros brutos mensuales, a cargo del presupuesto regional. Tuvieron acceso a estos salarios, Alberto Ruiz-Gallardón, después de abandonar el Gobierno de Rajoy tras su fallida reforma de la ley del aborto, así como el socialista Joaquín Leguina e Ignacio González. Esperanza Aguirre renunció al puesto y a la retribución.

Andalucía

Andalucía fue otra de las regiones que dotó a sus presidentes con una jubilación por el hecho de haber ocupado la Presidencia de la Junta. En 2005, Manuel Chaves firmó la ley que daba lugar al Estatuto de los ex presidentes andaluces, para que “una vez cesados gocen de la consideración, distinción, dignidad y decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas, y dotarles, a ese propósito, de una serie de medios de apoyo que les permitan seguir poniendo su experiencia al servicio de la Comunidad”. El Estatuto les otorgaba el derecho a una asignación mensual a partir de los 65 años, equivalente al 60% del sueldo del presidente en cada ejercicio.

En el Gobierno regional recuerdan que así fue “hasta el año 2012” cuando se derogó este punto. Fue el sucesor de Chaves, José Antonio Griñán, el que en diciembre de 2011 firmó la ley que suprimió los artículos 2 y 3 de la norma del Estatuto, eliminando la retribución mensual prevista en los mismos.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana no reconoce derecho a una pensión garantizada para sus ex presidentes, pero sí otros privilegios. En el Estatuto de 2002 se recoge su opción de ostentar el cargo de “miembro permanente” del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Según esta redacción, los miembros permanentes ejercen su puesto sin límite temporal, con carácter vitalicio. Sin embargo, poco después, en otra ley de 2002, se modificó su estatus: pasan a ser “miembros natos” del órgano, con derecho a pertenecer a él durante un máximo de 15 años si fueron presidentes durante una legislatura o más. Para los mandatos más cortos, pueden formar parte del Consejo por el mismo periodo en que ejerzan el cargo de presidente, con un mínimo de dos años.

Por el momento, solo el ex presidente Francisco Camps, investigado en varias causas de corrupción, es miembro del Consejo Jurídico Consultivo. Según declaró Camps a las Cortes en 2012, percibió 52.172 euros anuales por su labor de consejero, en la que tiene voz pero no voto. Además, los ex presidentes valencianos tienen derecho a “los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo”, con dos puestos de trabajo para asesores y una plaza de conductor.

Extremadura

En 2014, José Antonio Monago eliminó por ley las retribuciones para el retiro que contemplaba el Estatuto de los ex presidentes de la Junta, de 2007, firmado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Se acababa así con unas prestaciones casi calcadas a las que están en vigor en Catalunya: una pensión vitalicia, a partir de los 65 años, del 60% del sueldo de presidente de la región; con el derecho del cónyuge viudo a una pensión del 50% de la que le correspondería a su pareja fallecida; y una asignación mensual tras su cese del 80% del salario, durante la mitad del tiempo que hubiera permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura completa.

En la actualidad, los ex presidentes no tienen retribuciones específicas por haber ocupados sus cargos, aunque sí mantienen personal a su cargo que corre a cuenta de las cuentas públicas. Los gastos de las oficinas de ex presidentes ascendían a 167.235 euros anuales en agosto de 2017. Además, los ex dirigentes también tienen derecho a formar parte del Consejo Consultivo como miembros permanentes, aunque con más condiciones que en otras autonomías: deben haber estado en el cargo durante un mandato completo y su participación en el Consejo solo puede alargarse la mitad del tiempo en el que desempeñaron su cargo.

Galicia

En Galicia, aunque los ex presidentes no tienen derecho a una pensión, tienen acceso a ser miembros natos del Consejo Consultivo gallego, que les puede garantizar retribuciones cuantiosas hasta los 75 años. Su incorporación inicial al órgano consultivo puede producirse en cualquier momento, pero en todo caso antes de cumplir esa edad (75). Aquí el cargo no es vitalicio: ejercerán su mandato por un período de seis años si fueron presidentes de la Xunta durante cuatro o menos años, y por un período de 12 años si lo fueron durante más tiempo. El sueldo es de 64.067,04 euros al año (4.576 euros si consideramos 14 mensualidades), según la última información disponible. En la actualidad, solo ocupa este cargo el ex presidente socialista Fernando Ignacio González Laxe.

Además, los ex dirigentes de la Xunta tienen derecho a cobrar un sueldo durante los dos años siguientes a dejar el cargo, que suponía en 2015 el 60% del sueldo que percibían en activo, en torno a los 76.000 euros anuales.

Navarra

Los ex presidentes navarros no tienen derecho a una pensión de jubilación por haber ostentado su cargo. Sí tienen acceso en cambio a otro privilegio: durante dos años como máximo cobrarán un sueldo del 80% del salario que tenían en el Ejecutivo en el momento del cese. Para calcular el periodo en el que cobrar la prestación, los ex dirigentes deben tomar la mitad del tiempo que desempeñaron el puesto (hasta un máximo de cuatro años computables).

Euskadi

En Euskadi, una medida diseñada en los primeros años de la autonomía vasca permite que el Gobierno vasco pague aún el complemento de pensiones a 66 ex altos cargos, incluidos dos lehendakaris.

En su día, como informó Eduardo Azumendi, se interpretó que tanto los miembros del Gobierno de Euskadi de 1936 como de los primeros Ejecutivos posteriores a la dictadura no tuvieron posibilidades de cotizar para alcanzar la pensión máxima por las circunstancias políticas del país. Por ello se les garantizó el derecho de percibir un complemento de pensiones con cargo a las arcas públicas para garantizarles un 50% del salario actual del puesto que ocuparon en el pasado. Los últimos beneficiarios conocidos eran, según el portal de transparencia del Gobierno vasco, dos lehendakaris, un exvicelehendakari, 38 exconsejeros y 25 exviceconsejeros. Esta pensión es vitalicia siempre que se haya estado dos años en el cargo y pueden solicitarla también sus familiares, si bien una reforma de 2012 restringió el acceso.

A partir de entonces, se reservó el derecho de este complemento para pensiones para los ex lehendakaris que cumplieran al menos dos años en el cargo, cuyo título es vitalicio y que también pueden contar con oficina, personal de apoyo y vehículo con conductor, pero se eliminó esta prestación para los consejeros con la salvedad de aquellos mayores de 60 años en tanto que no tenían margen para reencauzar su vida laboral. También está contemplado el derecho a la pensión de jubilación de la viuda del lehendakari y de sus descendientes huérfanos.

Según la información del Portal de Transparencia, con datos de 2014, el nivel salarial de un “lehendakari pensionista” [sic] son 48.759,42 euros. Ése no es exactamente el dinero que aporta el Gobierno, ya que la Administración vasca sólo costea la diferencia entre esos umbrales y las pensiones reconocidas por la Seguridad Social de cada uno de los beneficiarios.

Cantabria

Cantabria es otra de las comunidades que restó privilegios a sus ex presidentes, gracias a una decisión que afectaba a todos los ex diputados. Fuentes del Gobierno regional recuerdan que “en Cantabria no hay ningún cargo público” con acceso a pensiones ni sueldos vitalicias. En el pasado, la Comunidad contaba con un complemento para la jubilación de los ex parlamentarios (entre los que se hayan los ex presidentes) que permitía que alcanzaran la pensión máxima. Los complementos fueron eliminados en 2012 por el Parlamento cántabro, bajo el mandato de José Antonio Cagigas (PP).

Antes de su supresión, la partida de complementos de las pensiones suponía algo más de 100.000 euros anuales en los gastos de la institución parlamentaria cántabra. A esta opción se acogió cuando estaba en vigor Juan Hormaechea, ex presidente de Cantabria y ex alcalde de Santander. Hormaechea, el primer dirigente de una comunidad autónoma condenado por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, fue declarado culpable de malversación de caudales públicos y prevaricación. El político fue uno de los ex diputados que recurrió a los tribunales para intentar garantizarse el complemento de la pensión, pero la justicia no le dio la razón.

Castilla y León

La Comunidad no contempla pensiones vitalicias de sus ex presidentes, sin embargo sí les da la opción de formar parte del Consejo Consultivo de la región hasta muy avanzada edad, más allá de la edad de jubilación: hasta los 70 años. Por el hecho de haber sido presidentes autonómicos, los políticos pueden acceder como miembros natos a este órgano, con salarios anuales de 73.331,66 euros. La asignación mensual el pasado año para los consejeros fue de 5.420,20 euros, más extras, según publica el propio organismo. El cargo es incompatible con cualquier otra dedicación o retribución, pública o privada, siempre que no tenga que ver con la docencia y la investigación.

Las normas que rigen el Consejo fueron modificadas en 2011 bajo el mandato del ‘popular’ Juan Vicente Herrera (aunque no afectan con carácter retroactivo a los presidentes que finalizaron su mandato antes de su entrada en vigor): se eliminó la posibilidad que los nuevos consejeros natos alargaran su participación hasta los 75 años y se limitó el acceso a este derechos a los ex presidentes que accedan al cargo al comienzo de una legislatura.

En la actualidad, no hay ningún expresidente en el Consejo Consultivo. Formaron parte de este hasta cumplir el máximo por edad, dos ex dirigentes socialistas: José Constantino Nalda –que solo fue presidente de la región durante ocho meses– ostentó el cargo de consejero nato más de una década, entre 2003 y 2014; así como Demetrio Martín López, al frente del Gobierno solo tres años (dimitió tras su imputación en el ‘caso Pekus’, del que más tarde fue absuelto) y miembro nato del Consejo de 2004 a 2011.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha no hay asignaciones garantizadas para la jubilación de los ex presidentes de la región, pero sí algunos privilegios. José Bono, presidente de la Comunidad Autónoma durante 21 años, aprobó en el año previo a su salida una ley que da derecho a los ex presidentes a “una Secretaría de apoyo, dotada con dos personas; un local de oficina con los medios adecuados; un conductor; un automóvil de representación perteneciente al parque móvil de la Junta de Comunidades y un Servicio de seguridad y protección personal”. Todo a cargo de los presupuestos de la región durante un periodo equivalente al tiempo de desempeño del cargo de Presidente.

Bono ha sido el único ex presidente que se ha beneficiado de este servicio, hasta enero de 2016, cuando se comprometió por escrito a renunciar a ello, así como José María Barreda. Sin embargo, pese a los intentos del PP y Podemos, la ley sigue recogiendo el derecho de los ex dirigentes regionales a estos servicios.

Además, los ex presidentes de la Junta que hayan ocupado el cargo más de seis años (es el caso de los socialistas Bono y Barreda) tienen derecho a formar parte del Consejo Consultivo manchego, como miembros natos, durante un periodo de tiempo igual a su Presidencia. En el caso de Bono, 21 años, con la posibilidad de interrumpirlos y reanudarlos si quiere dedicar a otra actividad incompatible con este cargo. Las remuneraciones por el cargo de consejero en el órgano consultivo son las que se “fijen respectivamente para los Consejeros y Viceconsejeros del Gobierno Regional”. Además, todos los miembros del Consejo tienen derecho a percibir “las dietas, gastos y compensaciones que determine su reglamento orgánico”, según su normativa.

La Rioja

La Rioja tampoco reconoce el derecho de sus ex presidentes a una pensión y es otro ejemplo de las regiones que dieron marcha atrás en cuanto a los beneficios disponibles para sus ex presidentes. En este caso, Pedro Sanz (PP) –presidente de la región desde 1995 a 2015– estableció por ley unos privilegios que más tarde derogó, en 2012, fruto de las medidas de restricción del gasto. La norma, que no llegó a beneficiar a ningún presidente porque no actuaba con carácter retroactivo, estableció el derecho a cobrar una prestación equivalente a 45 días por cada año en el cargo, durante un mínimo de un año y un máximo de cuatro.